Delcy Rodríguez comunica una amnistía general en Venezuela para liberar a cientos de presos políticos

Evelis Cano, madre del detenido Jack Tantak Cano, grita consignas durante una manifestación para exigir la liberación de los presos políticos frente a la cárcel de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas el 30 de enero de 2026.

Fuente de la imagen, Getty Images

    • Autor, Ángel Bermúdez
    • Título del autor, BBC News Mundo
  • 33 minutos
  • Tiempo de lectura: 3 min

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, comunicó este viernes que solicitará a la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley de Amnistía General para liberar a cientos de «presos políticos» en el país.

“Hemos tomado la decisión de promover una ley de amnistía general que abarque todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta la actualidad”, expresó Rodríguez durante un discurso este viernes en un evento realizado en el Tribunal Supremo de Justicia con motivo del inicio del año judicial.

La mandataria agregó: “Deseo que esta ley sirva para sanar las heridas provocadas por la confrontación política, la violencia y el extremismo, que permita restablecer la justicia en Venezuela y fomentar una convivencia pacífica entre los ciudadanos”.

Además, anunció el cierre de El Helicoide, edificio conocido como el «principal centro de tortura en Venezuela» y sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), entidad responsable de numerosas detenciones y acusada de graves violaciones a los derechos humanos.

Falta de claridad en las liberaciones

Delcy Rodríguez

Fuente de la imagen, Reuters

Las declaraciones de Rodríguez llegan menos de un mes tras la operación militar del 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Después de este hecho, Donald Trump informó que su gobierno administraría Venezuela de manera provisional hasta lograr una “transición segura, adecuada y sensata”.

Días después, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, comunicó la excarcelación de “un número considerable” de presos nacionales y extranjeros, presentándola como un gesto para promover la “unión nacional y la paz social”.

Este anuncio generó altas expectativas, dado que, según datos de la ONG Foro Penal, en ese momento había cerca de 800 “presos políticos” en Venezuela. Este término es rechazado por el gobierno chavista, aunque es empleado por diversas agencias y organismos de la ONU, que también se refieren a estas personas como “individuos privados de libertad por motivos políticos”.

Incluso Trump celebró esta acción en un mensaje publicado el 10 de enero en la red Truth Social.

“Venezuela ha iniciado el proceso, a gran escala, de liberar a sus presos políticos”, afirmó el expresidente estadounidense.

“¡Gracias! Espero que esos detenidos valoren la suerte que tuvieron gracias a la intervención de Estados Unidos”, añadió.

No obstante, el procedimiento no ha avanzado con la rapidez ni con la transparencia que aguardaban los familiares, quienes permanecieron frente a los centros de detención a la espera de liberaciones que, en muchos casos, no se han concretado.

Además, con frecuencia, los liberados no recuperan su libertad completa, ya que continúan sometidos a regímenes de presentación, enfrentan restricciones en sus derechos, como la prohibición de comunicarse con la prensa, o se han visto obligados a abandonar el país.

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