El partido de Puigdemont muestra apertura para modificar el preámbulo de la ley que cede las competencias en inmigración, tal como exige Podemos.
La Celestina se convirtió en un personaje fundamental de la literatura española, tanto que su nombre designa un modo de actuar: mediar entre dos partes para fomentar una relación. La política, con sus giros inesperados, nos lleva hoy a que Podemos, un partido que durante meses criticó al Ejecutivo, pueda ejercer como la Celestina entre el Gobierno y Junts. El acuerdo entre La Moncloa y los morados para ejecutar una regularización rápida de cerca de medio millón de migrantes se gestó en la trastienda durante meses entre Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Los socialistas entienden que la disposición actual de Podemos para negociar y aprobar la transferencia de competencias en inmigración a Cataluña puede desbloquear unas relaciones que, aseguran, continúan distanciadas.
La transferencia de competencias en inmigración a Cataluña es un compromiso adquirido por Pedro Sánchez con Junts. Ambas partes sostuvieron negociaciones durante varios encuentros para lograr una ley que presentaron en el Congreso en septiembre de 2025, aunque fue rechazada debido al voto en contra de Podemos. El Gobierno era consciente de que esta cuestión era esencial para los independentistas catalanes, que ejercían presión con la demanda de esta transferencia. La Moncloa enfrentaba esta presión en un momento complejo, mientras intentaba recuperar estabilidad y respirar tras el impacto generado por el informe Cerdán y la presunta implicación de José Luis Ábalos y Koldo García en una trama corrupta. Los representantes de Carles Puigdemont urgían al Ejecutivo a conseguir los apoyos necesarios.
El foco en Podemos, que había expresado su rechazo total, alegaba que la exposición de motivos —la justificación y explicación de la norma— presentaba tintes «racistas». Para intentar cambiar la postura de los morados, en septiembre, antes de la votación en el Congreso, se celebró una reunión a tres bandas entre Gobierno, Junts y Podemos, según fuentes que participaron. En ese contexto, el 2 contra 1 intensificó la presión, pero se encontraron con una firme negativa. Ni la posibilidad de un intercambio directo entre la aprobación de la delegación de competencias y la regularización de migrantes tuvo efecto. Podemos mantuvo su línea de rechazo a un texto que califican de «racista».
Desde entonces, se ha mantenido un proceso negociador discreto y constante sobre esta materia, aunque tras la derrota en La Moncloa ellos defendieran haber cumplido con su parte, que consistía en elaborar una ley y presentarla al Congreso. Alegaron en ese momento que la falta de mayorías afectaba a todos y no solo a ellos, pero reconocían que era un tema pendiente para Puigdemont que pesaba en la relación. Este asunto ha estado presente en la interacción con Podemos, siendo abordado y madurado, con el Gobierno atendiendo e incorporando las aportaciones de su socio. Los diálogos los han liderado Ione Belarra y Félix Bolaños, el único ministro con quien los morados mantienen una interlocución habitual.
Gracias a ese canal, Podemos apoyó finalmente tanto el controvertido embargo de armas a Israel como la Ley de Movilidad Sostenible, alcanzando un acuerdo con Transportes para frenar, o al menos retrasar, la posible ampliación del Prat mediante controles ambientales. Mientras se trataban estos puntos, la regularización de migrantes estaba siempre presente en las negociaciones. El pacto se acordó a principios del pasado fin de semana, aunque hubo momentos tensos, como la crítica lanzada por el ministro Óscar Puente tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible.
En el Gobierno consideran que el acuerdo para regularizar a cerca de medio millón de migrantes podría acercarlos a Junts, pues las dirigentes de Podemos han actuado como celestinas en estos días, manifestando claramente su disposición para negociar la transferencia de competencias en inmigración a Cataluña, siempre que se revisen algunas expresiones del preámbulo. Parece que la flecha ha dado en el blanco creando un match. «Lo que nos importa es el articulado, que creo que nadie ha cuestionado; es lo que se legisla, se aprueba y materializa esta cesión de competencias. Esperamos que la ley vuelva a registrarse y se apruebe el articulado», afirmó Miriam Nogueras, portavoz parlamentaria y vicepresidenta de Junts, en una entrevista para Ser Cataluña.
«Jamás nos hemos negado a dialogar y realizar un traspaso de competencias que esté libre de racismo. Si se garantiza esta condición, siempre podrán contar con nosotras», explicó hace poco en Rac1 Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos. Los morados no dan nada por cerrado y hablan de negociación, pero donde antes había incertidumbre ahora asoma una posibilidad esperanzadora.
Solo es necesario conectar los puntos. Junts advierte que «no se modificará ni una coma» del articulado de la ley que regula la delegación de competencias, aunque no hace ninguna referencia al preámbulo, que es el texto que explica y plasma el espíritu legislativo. Podemos, por su parte, quiere revisar aquellos fragmentos del preámbulo que considera «racistas». Así, según indican estos días en La Moncloa, «las piezas del puzle comienzan a encajar».
El documento incluye afirmaciones como que los extranjeros representan una amenaza para la lengua catalana —«impacto que [su presencia] representa para la lengua catalana»— o la necesidad de un «contrato social para estas personas recién llegadas» con el fin de «proteger la cohesión de la sociedad receptora, su idioma y su cultura». También transmite la idea de que la migración puede «suponer un riesgo para la convivencia y la cohesión social».