Aunque dejó de ser aforado, el ex ministro de Transportes sí enfrentará juicio en el Tribunal Supremo por el caso relacionado con la trama de mascarillas.
El ex titular de Transportes y hasta hace poco diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, renunció ayer de manera inesperada a su escaño en el Congreso. Tomó esta decisión tras considerar que su condición de preso preventivo resulta incompatible con la de parlamentario. La resolución de Ábalos se produjo después de que la Cámara Baja suspendiera el pago de sus remuneraciones como diputado.
El ex ministro comunicó a través de la cuenta en la red social X ‘En nombre de Ábalos’ —perfil gestionado por su entorno— que «tras haberse resuelto mi recurso de apelación en la Sala II del Tribunal Supremo en relación al auto de prisión, hoy he presentado mi renuncia al acta de diputado por Valencia ante la Mesa del Congreso».
«Desde que se aprobó el suplicatorio en enero de 2025 y pese a la constante premura de los órganos de gobierno de la Cámara para suspender mis derechos y obligaciones como diputado, he defendido ante la Mesa y la Presidencia del Congreso la importancia de preservar la integridad del derecho de representación establecido en el artículo 23 de la Constitución; incluyendo el concepto, significado y límites de la inmunidad parlamentaria según la interpretación del Tribunal Constitucional y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como garantías basadas en un interés general y la independencia parlamentaria. Estas razones, y ninguna otra, motivaron que mantuviera mi acta hasta hoy, la cual considero insostenible en mi actual situación procesal, la que condiciona toda mi actividad orientada a ejercer mi derecho a la defensa y a proteger mi inocencia», expresó Ábalos en X.
Con la pérdida del cargo, el ex secretario de Organización del PSOE dejará de ser aforado, aunque continuará siendo juzgado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la trama de las mascarillas, probablemente a partir de abril. Esto se debe a que la dimisión del acta se produjo tras la orden del magistrado instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, de abrir el juicio oral contra Ábalos, lo que mantiene la competencia del Alto Tribunal en esta causa.
Por otro lado, la renuncia de Ábalos implica que la pieza separada que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por adjudicación de obra pública será remitida a la Audiencia Nacional. En esa causa también está implicado el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien se verá beneficiado por esta decisión, al menos respecto al marco temporal, dado que la Sala de lo Penal del Supremo investiga y juzga con una rapidez muy superior a la que presenta la Audiencia Nacional.
En esta última instancia judicial, existen investigaciones que comenzaron hace más de una década y aún no han llegado a juicio. Entre estos procesos se encuentran la trama china de Gao Ping —conocida como el caso Emperador—, el sumario de Gowex o algunas piezas del caso Púnica, que siguen pendientes. También hay otras causas, como el caso Pujol, cuya investigación se inició en 2012 y que hoy se encuentra en fase de juicio.
Fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO destacan la complejidad inherente a la investigación de los amaños en obras públicas derivados del Ministerio de Transportes, al mismo tiempo que advierten del riesgo de que este procedimiento «se prolongue indefinidamente» en la Audiencia.
Por su parte, el Supremo ha convocado para el próximo 12 de febrero la audiencia preliminar destinada a examinar las nulidades planteadas por las defensas, previo al inicio del juicio contra el ex ministro Ábalos por los contratos de mascarillas.
Quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez se encuentra actualmente recluido en la prisión de Soto del Real, en Madrid, bajo acusaciones de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y uso de información privilegiada. La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos en la pieza relacionada con las mascarillas, donde también se juzga la contratación de sus amigas en empresas públicas sin que hayan desempeñado labor alguna.
El ex ministro será juzgado junto a su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La Sala estará compuesta por los magistrados Andrés Martínez Arrieta (presidente), Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.