El Ejecutivo ha cerrado un acuerdo con Podemos para la regularización de cerca de 500.000 migrantes, facilitando así pactos pendientes y restaurando el bloque de investidura.
Moncloa planea aprobar en breve la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, tras incorporar las modificaciones solicitadas por Podemos y acercar posturas con Junts.
Sánchez avanza en acuerdos con Junts, PNV, ERC y Bildu para garantizar la estabilidad parlamentaria y extender la legislatura hasta 2027.
El rechazo del decreto del «escudo social» en el Congreso forma parte de la estrategia política del Ejecutivo para presionar al PP y conservar la unidad del bloque de investidura.
Esta es una legislatura marcada por imprevistos y contradicciones. El Gobierno registró este martes una dura derrota en el Parlamento y, sin embargo, es un día positivo para Moncloa porque avanza en el plan para recomponer el bloque de investidura con vista a 2027.
Por un lado, el Pleno del Congreso rechazó el decreto conocido como «escudo social», que contempla la revalorización de las pensiones, con los votos de PP, Junts y Vox.
Por otro, el Consejo de Ministros ratificó el acuerdo con Podemos para la regularización de casi 500.000 migrantes en situación irregular.
Este acuerdo representa el primer pacto de Pedro Sánchez con el partido de Ione Belarra en un año y, a la vez, elimina un obstáculo para que el presidente pueda cumplir con Junts la entrega de competencias en inmigración a Cataluña.
El proyecto de ley sobre esta delegación fracasó en el Congreso debido al rechazo de Podemos, que votó junto a PP y Vox.
Para brindar su apoyo, Podemos exigía una regularización extraordinaria de migrantes y modificaciones en el texto de delegación de competencias.
Por ello, Moncloa acordó con Podemos la regularización de inmigrantes, aunque el decreto no requería pasar por el Congreso ni la aprobación de los seguidores de Belarra.
El Gobierno permitió que el acuerdo negociado en secreto durante meses por Félix Bolaños y Belarra fuera presentado públicamente por Podemos, para que este partido pueda «anotar un importante logro político». Simultáneamente, pactaron ajustes en la delegación de competencias.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo planea presentar y aprobar próximamente el proyecto de ley de delegación de competencias para su nueva tramitación en el Congreso.
Podemos rechazaba algunos aspectos del texto porque se mencionaba una «identidad en peligro» por la llegada de migrantes y referencias a la «seguridad», interpretadas como elementos racistas.
Con esta maniobra, Sánchez podrá cumplir la demanda de Carles Puigdemont y acercarse a Junts para reanudar las negociaciones.
Fuentes gubernamentales confirman que ya se han mantenido conversaciones con Junts basadas en el cumplimiento de acuerdos previos.
Extender la legislatura
Este es un plan integral de Sánchez para prolongar la legislatura hasta 2027 y, si fuera posible, aprobar en los próximos meses los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
A Junts ya se le otorgó la tramitación de la ley que penaliza la multirreincidencia, medidas de apoyo para arrendatarios y la representación de Cataluña en organismos internacionales como UNESCO y la Organización Mundial del Turismo.
Este último acuerdo fue formalizado el lunes por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, junto al conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña.
Con el PNV se acordó la cesión de cinco competencias pendientes, algunas relacionadas con Seguridad, además de acelerar la transferencia de otras diez. Este mismo martes Sánchez se reunió con el lehendakari Imanol Pradales para impulsar estos procesos.
Pradales comunicó que antes de abril tendrá lugar la Comisión Bilateral, encabezada por Pedro Sánchez y él, para transferir nuevas competencias a Euskadi, incluyendo la gestión de aeropuertos.
Esa competencia debe estar finalizada «definitivamente» para esa fecha, compromiso asumido por Sánchez, y también se abordará la posibilidad de que Euskadi asuma capacidades propias en materia migratoria y sea reconocida pronto como «frontera Norte», según informó Europa Press.
Recientemente, con ERC se firmó en Moncloa un acuerdo sobre financiación autonómica y se negocia con Oriol Junqueras la cesión completa de la gestión del IRPF.
A Bildu se le dio el acuerdo para impulsar el llamado «escudo social», aunque fuera un decreto.
Desde Moncloa consideran factible reunir nuevamente todas estas piezas para consolidar el bloque de investidura. Este trabajo meticuloso está encabezado por el ministro Bolaños, con la participación directa de Sánchez.
Queda un desafío importante: la aplicación de la amnistía para Puigdemont. Esto depende del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo, pero el Gobierno espera que el proceso se agilice en las próximas semanas, a fin de llegar a tiempo para la tramitación de los Presupuestos en el Congreso.
En relación al decreto rechazado este martes en el Congreso, Moncloa aclara que se diseñó una norma ómnibus con la certeza de que sería vetada, como en el año anterior, pero con el objetivo político de confrontar al PP con los pensionistas, es decir, «retratarles».
Por ello, la estrategia gubernamental se basa en insistir en que los seguidores de Alberto Núñez Feijóo se oponen a la revalorización de las pensiones.
Próximamente, otro Consejo de Ministros aprobará nuevamente el decreto enfocándose solo en la revalorización de las pensiones, lo que permitirá al Gobierno exhibir nuevamente sus logros.
En este plan gubernamental también ha intervenido el accidente ferroviario de Adamuz y la crisis del transporte en Cataluña, que han forzado a Junts y ERC a adoptar cierta «distancia estratégica» respecto a Moncloa.
Para resolver la situación, el Gobierno tuvo que sacrificar a dos mandos intermedios de Adif, quienes presentaron su dimisión, con el fin de aliviar la situación política de Salvador Illa y otorgar también victorias a Junts y ERC.