Los sindicatos policiales reprochan la iniciativa del Gobierno de regularizar hasta 500.000 inmigrantes, calificándola como una «total irresponsabilidad».
SUP, UFP y JUPOL advierten que la medida se ha planteado sin incrementar las plantillas ni proporcionar garantías operativas a la Policía Nacional.
Estas organizaciones sindicales alertan del posible «efecto llamada» y subrayan que la carga laboral podría saturar aún más las unidades de Extranjería y Fronteras.
Reclaman al Gobierno un aumento de agentes, recursos y protocolos definidos para evitar el colapso administrativo y asegurar la seguridad ciudadana.
No es habitual que las asociaciones de la Policía Nacional coincidan, pero el anuncio del Gobierno sobre una regularización masiva de hasta 500.000 inmigrantes ha logrado este consenso. En este sentido, SUP, UFP y JUPOL expresan su inquietud por una medida adoptada sin reforzar las plantillas policiales.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido un comunicado donde califica esta decisión del Gobierno como una “absoluta irresponsabilidad”, señalando que “se plantea sin incremento de las plantillas ni garantías operativas, trasladando toda la carga a la Policía Nacional y aumentando la presión sobre fronteras y servicios ya saturados”.
El periodo para que los inmigrantes puedan acogerse a esta iniciativa comienza en abril y será vigente hasta finales de junio.
Desde SUP critican que, hasta la fecha, ni el Ministerio del Interior ni el de Migraciones han proporcionado instrucciones claras a la Policía Nacional para que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras pueda “garantizar la seguridad”, “determinar quién asumirá el control policial” y definir “con qué recursos reales se llevará a cabo”.
“En este momento, no hay ninguna aclaración sobre quién verificará las identidades, cómo se comprobarán los antecedentes reales ni cómo se asumirá una carga de trabajo que podría involucrar a más de un millón de personas, en una fuerza policial ya sobrecargada”, denuncian desde SUP.
Además, advierten que esta regularización puede abrir la puerta a todo tipo de perfiles indeseables.
“Es fundamental afirmar con claridad: no tener antecedentes penales no equivale a no tener antecedentes policiales. Existen personas que han sido investigadas, identificadas o relacionadas con delitos pero sin condena, y realizar una regularización masiva sin análisis individualizado supone un riesgo para la seguridad pública”.
Esta regularización masiva no es inédita en España. Desde los años ochenta, se han producido procesos similares bajo gobiernos del PSOE y del PP. Por ejemplo, bajo los dos mandatos de José María Aznar se regularizaron en total 524.621 inmigrantes no comunitarios.
Sin embargo, estos antecedentes no impiden que las asociaciones profesionales adviertan sobre el efecto llamada generado y la ventaja que representan para las mafias dedicadas al tráfico humano. Justicia Policial ha alertado en su cuenta de X: «Genera un efecto llamada evidente, que impulsará a miles de personas a arriesgar su vida confiando en las mafias”.
JUPOL comparte la postura de SUP respecto a la escasez de agentes para gestionar este proceso: “La Policía Nacional no está preparada”. “Las Brigadas de Extranjería carecen de personal suficiente y la mayoría está comprometido con la tramitación de asilos». Por ello, esta organización exige «una política migratoria clara«, en lugar de una respuesta impulsiva y electoralista.
La Unión Federal de Policía (UFP) ha preferido no opinar sobre la gestión del Ministerio de Migraciones: «Son decisiones políticas que evaluaremos según su impacto en el colectivo policial». Sin embargo, coincide con los otros sindicatos en alertar sobre el incremento que supondrá la regularización masiva en la carga laboral policial.
«Nos preocupa que las unidades de Extranjería y Documentación soporten aún más tensión de la que actualmente enfrentan. Nos inquieta el aumento de presión en frontera y los intentos de saltos y asaltos fronterizos», destaca UFP en su cuenta de X.
«Pretendemos que la Ley de Extranjería, herramienta fundamental para el policía, sea sólida y estable, no vulnerable ni sujeta a manipulaciones políticas y discursos interesados». Estas tres asociaciones profesionales exigen más agentes, recursos materiales y protocolos definidos para evitar el colapso administrativo en las unidades de Extranjería y preservar el bienestar de los profesionales encargados de la seguridad ciudadana.