Los familiares de los fallecidos recibirán una indemnización de 210.000 euros, según ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, después de la aprobación de un decreto de medidas urgentes

El Gobierno ha dado luz verde hoy a un real decreto-ley con medidas urgentes para apoyar a las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida, que contempla indemnizaciones por un total de 20 millones de euros. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, detalló que la mitad de este importe se destinará a ayudas directas, mientras que el resto corresponde a anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil.
“No se permitirá que se repita lo ocurrido en Angrois”, afirmó Puente. Con este sistema, el Ejecutivo pretende evitar que “las víctimas tengan que esperar 10 años para cobrar una indemnización”, aplicado a los familiares de los 46 fallecidos y las 164 personas heridas en los siniestros ocurridos el pasado domingo 18 en Córdoba y el martes 20 en Barcelona.
En los casos de fallecimiento, las familias recibirán una ayuda directa de 72.000 euros y otros 72.000 euros como adelanto del seguro, ambos exentos de impuestos. Además, cuando el seguro obligatorio confirme oficialmente cada caso, se añadirá un importe igual, lo que eleva el total a 210.000 euros por cada fallecido, dentro de un plazo máximo de tres meses.
En cuanto a las personas lesionadas, las ayudas se asignarán según la gravedad de las lesiones: los pagos empiezan en 2.400 euros para daños leves y superan los 84.000 euros en casos de lesiones graves. Estas cantidades también estarán exentas de impuestos y se duplican con los anticipos, garantizando así que las indemnizaciones se ajusten al daño causado.
Testimonio De Una Familiar De Un Desaparecido Por El Accidente Ferroviario En Adamuz
Las ayudas se entregarán en un único abono y serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios. “No se trata de poner un valor económico al dolor, sino de asegurar que ninguna víctima ni familiar deba enfrentar, además de la tragedia personal, una situación económica angustiosa o carencia de apoyo institucional”, señaló Puente.
Nuevo mecanismo inmediato
El Gobierno también ha avanzado hacia la creación de un sistema permanente que permita una respuesta rápida ante futuros accidentes en el transporte colectivo. El ministro anunció la implementación de cambios normativos para establecer un mecanismo estructural de intervención pública que posibilite que el Estado anticipe pagos parciales de las indemnizaciones por daños personales.
El propósito, según Puente, es asegurar que la atención a las víctimas de siniestros en transporte colectivo se realice de forma inmediata y no dependa de la resolución judicial sobre la responsabilidad. Una vez que se defina esta, se ajustarán las obligaciones entre el Estado y los responsables del accidente.
Puente no anticipa más ceses
El titular de Transportes ha descartado, por ahora, más destituciones tras relevar a Josep Enric García Alemany y Raúl Míguez, responsables de la gestión ferroviaria en Cataluña, aunque no cierra la puerta a decisiones futuras si la investigación revela fallos.
“Me pronuncio de manera provisional; cuando llegue el momento, se evaluará si hubo errores o si pasaron desapercibidos…”, explicó. La prioridad del Gobierno es ahora determinar responsabilidades y recuperar la confianza de los usuarios en el sistema ferroviario, tras diversos incidentes que han generado inquietud social.
*Con información de agencias

