PP, Vox, Junts y UPN han rechazado en el Congreso el decreto del Gobierno que contemplaba el aumento de las pensiones y medidas sociales como la extensión de la moratoria de desahucios.
El decreto vinculaba la actualización de las pensiones al IPC (2,7%) con acciones de protección social y contra los desahucios, lo que generó el rechazo de la oposición.
PP y Junts han criticado que el Gobierno uniera la subida de pensiones con medidas para proteger a los okupas, argumentando que son temas independientes.
El decreto de ayudas al transporte público fue aprobado, aunque el PP se opuso, porque considera que esos fondos deberían destinarse a infraestructuras tras el accidente de Adamuz.
Primera votación del año en el Congreso y primera derrota para el Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez perdió este martes la convalidación de uno de sus decretos tras ser rechazado por la mayoría absoluta de PP, Vox, Junts y UPN.
El texto fue rechazado en un pleno extraordinario que evidenció nuevamente la debilidad parlamentaria del Gobierno.
¿Qué estaba en votación? Un decreto ley que contemplaba la revalorización de las pensiones conforme al IPC —un 2,7% de forma general— junto con un paquete amplio de medidas sociales ajenas al sistema de pensiones.
Entre las medidas, la prórroga de la moratoria de desahucios, la prohibición de cortar suministros básicos a personas en situación vulnerable y otras disposiciones del denominado «escudo social».
También incluía la congelación de las cuotas de los autónomos
En el ámbito parlamentario, un decreto ómnibus se define como un conjunto que agrupa medidas de distinta índole.
Para el PP, el aumento de las pensiones no estaba en discusión. Fuentes del PP recuerdan que su partido respaldó el Pacto de Toledo y que ya presentó iniciativas para asegurar legalmente la revalorización conforme al IPC.
Lo que reprobaban desde Alberto Núñez Feijóo era que dicha subida se vinculara con medidas que, según ellos, «protegen la ocupación ilegal».
«Relacionar las pensiones con los okupas es un chantaje», resumieron fuentes del PP.
De forma similar, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, explicó que su rechazo al real decreto se debe a que mezcla «dos cuestiones sin relación».
«Pensiones sí; okupaciones, no», declaró.
Durante la misma sesión, el Congreso aprobó el decreto de ayudas al transporte público, con el respaldo de Junts.
Junts apoyó el decreto porque las medidas son financiadas «por el Estado y no por las CCAA».
El PP votó en contra, argumentando que esos recursos deberían ir destinados a infraestructuras y, sobre todo, al mantenimiento de las vías, especialmente tras el accidente de Adamuz, que causó 45 muertos.
Intentos de atraer a Junts
Hasta el último momento, el Gobierno intentó captar a los de Carles Puigdemont con varias concesiones.
Un día antes de la votación, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, firmaron un acuerdo para que Cataluña tenga un asiento como miembro asociado en la Unesco y en ONU Turismo.
Ambos organismos dependen de Naciones Unidas y hasta ese lunes España aparecía sin territorios diferenciados.
Normalmente, el representante es un Estado, que actúa como miembro de pleno derecho y concentra la voz internacional de sus territorios.
La categoría de «miembro asociado» está destinada a territorios no soberanos que no manejan su política exterior, situación que no corresponde con Cataluña.
Por ejemplo, en ONU Turismo solo existen seis miembros asociados: Aruba, Flandes, Hong Kong, Macao, Madeira y Puerto Rico.
Esta acción cumplía con compromisos acordados con Junts y ERC que estaban pendientes de ejecución.
Se suma a esto la disposición de Podemos a negociar el traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña, después de pactar con el PSOE una regularización extraordinaria para inmigrantes sin documentos.
A pesar de ello, Junts no votó a favor.