El PP demanda al Gobierno que elimine el apoyo a los okupas del decreto sobre el incremento de las pensiones para poder respaldarlo.
Los populares no se oponen al aumento de las pensiones conforme al IPC, pero critican la inclusión de medidas ajenas en un decreto omnibus.
El PP rechaza la extensión de disposiciones como la prohibición de cortar suministros a okupas y la suspensión de desahucios, considerando que vulneran el derecho a la propiedad privada.
Acusan al Ejecutivo de mezclar temáticas y de improvisar la financiación territorial, exigiendo que las pensiones no queden sujetas a pactos políticos.
El Partido Popular no cuestiona la actualización de las pensiones conforme al IPC. Sin embargo, rechaza categóricamente el «envoltorio» con el que el Gobierno optó por presentarla ante el Congreso.
De acuerdo con fuentes del entorno de Alberto Núñez Feijóo, el PP «trabajó, debatió y acordó firmar el pacto del Pacto de Toledo. Ese es nuestro compromiso con los pensionistas», recalcan esas fuentes.
La controversia, por tanto, no recae en el porcentaje del aumento, sino en la forma. «Lo que ha hecho el Gobierno es introducir en un decreto omnibus numerosas medidas con las que paga las facturas a sus socios para mantenerse una semana más en Moncloa, y que nosotros nos negamos a legitimar«, concluyen desde Génova.
El decreto sometido este martes a convalidación contempla la revalorización de las pensiones para 2026. Pero además, en sus más de 100 páginas incorpora decenas de medidas, como las antiguas ‘leyes de acompañamiento’ a los Presupuestos que el Tribunal Constitucional limitó en una sentencia de 2013.
Entre esos «obstáculos», término usado por el PP, figura la prórroga del «respaldo a los okupas», con un «escudo social» mal denominado que incluye disposiciones ajenas al sistema de pensiones.
«Más de un mes alertando»
«Llevamos más de un mes alertando sobre esto», recuerdan en el PP. Además, anuncian que votarán en contra porque el texto «está plagado de esos obstáculos».
Entre las medidas señaladas están las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas. El PP califica su inclusión en el decreto como una «chapuza generada por la ausencia de Presupuestos», y acusa al Gobierno de improvisar la financiación territorial mediante decreto.
Otra disposición que Génova no está dispuesta a respaldar es la suspensión de desahucios y lanzamientos. Los populares argumentan que «obliga al propietario a perder su posesión y recursos, sustituyendo una función de protección que corresponde al Estado«.
El núcleo de la crítica, sin embargo, se centra en las medidas que el PP considera un «escudo para los okupas». Se refiere a la prohibición de cortar suministros básicos a quienes ocupan ilegalmente viviendas.
Para el principal partido de la oposición esa cláusula «ampara la ilegalidad y atenta contra la propiedad privada». Según fuentes cercanas a Feijóo, «es inaceptable que se utilice la subida de las pensiones para proteger a los okupas«, resumen representantes oficiales.
Génova también critica el diseño del bono social eléctrico incluido en el paquete. A su juicio, los descuentos «están mal planteados y generan distorsiones en el mercado eléctrico».
Feijóo y su equipo económico insisten en que el PP no ha modificado su postura. «Ya en noviembre advertimos que si el decreto iba solo, lo apoyaríamos«, recalca un dirigente. «Pero si se mezclan otros asuntos, no lo permitiríamos», insiste esta fuente.
«Combinar pensiones con okupas»
Esa es la línea roja que el PP quiere enfatizar frente a la narrativa del Ejecutivo. El Gobierno acusa a los populares de poner en peligro el aumento de las pensiones, pero estos responden que es Sánchez quien «las ha incluido en el mismo paquete que los okupas».
Los populares recuerdan que ya presentaron una iniciativa para garantizar legalmente la actualización con el IPC, independientemente de la aprobación de Presupuestos. La tesis es que las pensiones «no deben depender de los vaivenes de la aritmética parlamentaria ni de los acuerdos con socios políticos».
En este marco, el PP expone su posición como una defensa de la ortodoxia institucional. «Un decreto-ley debe atender a la urgencia y a la uniformidad del tema, no volverse un cajón de sastre para satisfacer a todos», destacan fuentes parlamentarias.
La experiencia del año pasado, cuando otro decreto omnibus fue rechazado en la Cámara y obligó al Gobierno a reconfigurar apoyos apresuradamente, influye en la estrategia popular. Génova considera que Sánchez «ha vuelto a forzar la situación» confiando en que la presión de los pensionistas recaería sobre el PP.
Sin embargo, Feijóo mantiene su postura firme en defensa de «la institucionalidad y las normas del juego», y lucha por cambiar ese marco mental impuesto por el Gobierno. Su equipo repite que «el chantaje consiste en mezclar la pensión del jubilado con la factura eléctrica del okupa».
Los populares se respaldan asimismo en el contexto social sobre la ocupación ilegal. En Comunidades donde gobiernan, como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana, el PP ha hecho bandera de endurecer la respuesta contra las mafias de la okupación.
Génova quiere que esa diferencia quede clara en el debate parlamentario. «Defendemos al propietario que cumple con sus obligaciones fiscales, su hipoteca y comunidad, no al que infringe la ley«, concluyen desde el equipo de Feijóo.