En distintas provincias de Baleares (12) y Barcelona (2) se han producido 14 detenciones.
La Policía Nacional ha rescatado a 15 víctimas de explotación sexual en Palma de Mallorca, en su mayoría de origen asiático, captadas por una red mediante anuncios en redes sociales. En esta operación han sido detenidas 14 personas en varias provincias de Baleares (12) y Barcelona (2), de las cuales siete han ingresado en prisión preventiva. Además, se realizaron 10 entradas y registros en inmuebles, ordenándose el cierre de tres de ellos.
Esta investigación, que comenzó en abril y contó con la colaboración de la ONG Our Rescue, desarticuló una red criminal que presuntamente obtenía beneficios mediante la explotación sexual de las víctimas y la venta de vigorizantes sexuales y drogas, aumentando así sus ganancias.
Paralelamente, una víctima logró escapar del lugar donde estaba retenida y obligada a prostituirse, donde había sufrido agresiones físicas y sexuales, y acudió a la Policía en busca de ayuda.
El grupo imponía a las víctimas un régimen esclavista, obligándolas a estar disponibles continuamente y supervisando constantemente sus actividades. Además, eran forzadas a proporcionar servicios a domicilio, siendo trasladadas y vigiladas en todo momento por los integrantes de la red.
Algunas mujeres comentaron que ya se encontraban en la península, mientras que otras viajaron desde China a España tras aceptar supuestas ofertas de empleo como masajistas terapéuticas con un salario aproximado de 2.000 euros mensuales, o bien como cocineras o cuidadoras. La organización se encargaba de los costos del traslado, generando una deuda que las mujeres debían saldar mediante la prostitución.
Obligadas a ejercer la prostitución las 24 horas
La red organizaba el traslado desde la península a Palma (Islas Baleares). Al llegar a la isla, las víctimas eran recogidas y llevadas a los prostíbulos, donde eran forzadas a prostituirse las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También eran obligadas a ofrecer servicios sexuales a domicilio, incluso sin preservativo, lo que suponía un cobro adicional a los clientes.
Asimismo, la organización ofrecía a las víctimas la posibilidad de regularizar su situación administrativa en España mediante matrimonios simulados a cambio de altos pagos. Una vez legalizada la situación, la red usaba la identidad de las víctimas para registrar contratos de suministro, cuentas bancarias y números telefónicos, con el objetivo de ocultar la identidad de los principales responsables de las actividades de prostitución.
La Policía Nacional comprobó que en uno de los tres prostíbulos investigados, los ingresos alcanzaron los 1,2 millones de euros, lo que refleja el alto beneficio generado por la explotación de estas mujeres.
Finalmente, durante los registros se hallaron cinco vehículos de lujo, 190.000 euros en efectivo, pistolas taser, armas de aire comprimido, puñales, cuchillos, katanas, nunchakus, xirequetes y otros armamentos, además de joyas, relojes, teléfonos móviles y otros objetos de valor. También se encontró abundante documentación relacionada con la actividad ilegal de esta red criminal.