Los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz declinan participar en el homenaje de Estado que ha ofrecido el Gobierno, al que responsabilizan directamente de la desgracia.
Acusan al Gobierno y a las autoridades de negligencia en el mantenimiento y de no haber respondido a las alertas previas de los trabajadores sobre el deterioro de la vía.
Se están gestando iniciativas para constituir una asociación de víctimas y presentar demandas legales; ya se han registrado varias denuncias en el juzgado de Montoro.
El funeral estatal fue aplazado ante la negativa de las familias a acudir, quienes están preparando una ceremonia religiosa en la catedral de Huelva con una amplia participación local.
«Me contactó el delegado del Gobierno para preguntarme si podíamos acudir al funeral. Yo le dije: mira, no asistiré porque el Gobierno es responsable de la muerte de mi hermano».
Quien habla es Marimar, hermana de Agustín Fadón, fallecido en la tragedia. Forma parte de los familiares que han rechazado la propuesta del Ejecutivo para un homenaje laico de Estado el próximo sábado en Huelva capital, en memoria de los 45 fallecidos en Adamuz, de los cuales 27 eran de esa provincia.
Entre ellos se encontraba su hermano, camarero en el tren Alvia que, hace una semana, colisionó con un Iryo que descarriló al detectar un trozo de vía rota, según un informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).
Mar relata a EL ESPAÑOL que fue tajante con su rechazo. Comunicó su decisión este domingo por la mañana, cuando recibió la llamada desde la delegación del Gobierno en Madrid, ciudad donde reside, para confirmar si acudiría a la ceremonia del sábado en Huelva con la asistencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y los Reyes.
Respondió que no, responsabilizando al Gobierno por lo que considera una tragedia anunciada. Los trabajadores de esa línea, como su hermano, “venían advirtiendo hace tiempo”, recuerda, y ni Adif ni Transportes “han tomado ninguna medida”.
«No quiero trato con esa gente. Y aunque lo pospongan, no acudiré«, recalca. Mar excluye toda relación con las autoridades y afirma que su único objetivo es: «Que asuman las consecuencias de sus actos».
«Mantendré la lucha para que haya justicia por todos ellos», añade en referencia a las víctimas. Está decidida, incluso, a responsabilizar al ministro de Transportes, quien considera el principal responsable de la tragedia, sin concesiones.
El plan inicial, según confirmó EL ESPAÑOL el pasado sábado, es constituir una asociación o plataforma de víctimas para consolidar esfuerzos. Por ahora, el Tribunal de Instancia número 2 de Montoro (Córdoba) ha recibido unas diez denuncias y siete personaciones relacionadas con el accidente ferroviario.
«Se comenta que a Óscar Puente podrían caerle cuatro años de cárcel. Cuatro años por cada persona fallecida. Porque es responsable de sus muertes», concluye Marimar para EL ESPAÑOL.
Crear una asociación
La indignación de Mar no es un caso aislado y la decisión del Gobierno de aplazar la ceremonia –coordinada con la Junta de Andalucía– surge después de varios días en que el duelo se ha tornado en ira.
«Este Gobierno no nos representa, ni los políticos ni los Reyes, que han caído muy bajo. Todos son responsables de lo ocurrido«, declaró estos días de luto nacional a este medio un familiar directo de la familia Zamorano Álvarez, de Punta Umbría, que perdió a cuatro integrantes y donde sólo sobrevivió la niña Cristina, de 6 años.
«Es increíble que algo así ocurra en pleno siglo XXI», decía, incrédula. Esta familia ha sido la más activa canalizando la rabia que se ha ido extendiendo la semana pasada a medida que se conocían más detalles.
Por ejemplo, el informe preliminar de la CIAF que señala que la vía estaba dañada, o que tres de los cuatro trenes auscultadores –equipos que inspeccionan vías de alta velocidad en busca de microsroturas y fallos– no estaban operativos.
Sin embargo, lo que ha agotado la paciencia son las lagunas informativas y las frecuentes contradicciones respecto a la versión oficial del accidente.
Esto sucede, por ejemplo, con las dudas sobre cuándo y cómo Adif se enteró de lo sucedido con el Alvia, su ubicación o los tiempos en que se atendió a los pasajeros.
Un aspecto crucial, pues fue el convoy con mayor número de fallecidos y tenía como destino Huelva, donde hay gran conmoción.
El polémico homenaje
Es un lugar donde muchos se conocen. La tragedia ha supuesto un duro golpe para la comunidad y allí, donde se han realizado los funerales en los últimos días, se ha consolidado una opinión clara: «esto no fue un accidente«.
Por esta razón, los familiares comienzan a organizarse para enfrentar legalmente la situación con determinación. En los últimos días han establecido contacto vía redes sociales, con la idea de formar una asociación o plataforma de víctimas para sumar fuerzas.
Recientemente, el abuelo de la pequeña Cristina expresó en televisión su denuncia al Gobierno. Asegura que sus familiares “no murieron, sino que fueron asesinados debido a la falta de mantenimiento”. Incluso ha criticado al Rey Felipe VI, señalando que no recibió condolencias.
Tras enterrar a sus seres queridos, la familia Zamorano Álvarez inició movimientos. Pensaban en convocar una manifestación el sábado 31 en Huelva, coincidiendo con el homenaje de Estado, que finalmente quedó suspendido.
Un integrante pidió apoyo para “salir a la calle a reclamar”. «El día 31, cuando estén todos los políticos, sean del partido que sean, nos manifestaremos para exigir justicia por este asesinato», enfatizaba. Esperaba que se acudiese con pancartas y carteles para «exigir responsabilidades».
El punto que colmó la paciencia fue la intención del Gobierno de que el homenaje fuera laico, similar al celebrado en Valencia por las víctimas de la DANA, y no religioso.
«En Huelva no puede realizarse un funeral laico. Aquí la gente confía en la Virgen para su recuperación», expresó recientemente Gracia, hermana de uno de los heridos, defendiendo que «Huelva es una tierra mariana».
De hecho, se espera una gran participación en el funeral que está programado para el 29 de enero en la catedral de Huelva, presidido por el obispo de la ciudad, don Santiago Gómez Sierra.
El motivo que llevó al Gobierno a posponer el acto es, precisamente, la imposibilidad de que las familias asistan. No obstante, los organizadores del funeral del jueves cuentan con la aceptación familiar y esperan una gran asistencia.