El ministro Torres sostiene que Canarias ha reubicado únicamente al 29% de los migrantes con expediente, aunque los datos proporcionados por la administración insular indican un porcentaje superior al 40%.
La lentitud en la reubicación de los menores migrantes no acompañados en Canarias vuelve a generar tensiones entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico. Esto sucede principalmente debido a que la velocidad de las evacuaciones es menor que la de las resoluciones de los expedientes, según el informe presentado ayer por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, luego de la reunión que mantuvo el pasado lunes con los delegados del Gobierno en Canarias, Ceuta y Melilla, en coordinación con los ministerios de Inclusión e Infancia.
Las cifras manejadas por su departamento indican que se han resuelto 529 expedientes —aprobando el traslado a la península de los menores respectivos— frente a 157 reubicaciones efectuadas por el Gobierno de Canarias, lo que equivaldría a un 29,6% «de esos casos que podrían haberse trasladado». En Ceuta y Melilla, el ritmo de reubicación supera el 70%. Ante esta situación, Torres expresó ayer su frustración al no disponer del dato exacto de reubicaciones, ya que, según afirmó, el Gobierno de Canarias «no» se lo había proporcionado.
La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, declaró ante los medios que los datos sí están en manos del Gobierno y del Ministerio de Juventud e Infancia, tal como indica el Real Decreto Ley que regula este proceso. «Si no hay coordinación entre ministerios, no me pidan responsabilidades», reclamó con contundencia.
De hecho, los datos que posee el Ejecutivo canario muestran un ritmo de derivaciones superior al señalado por Torres. Según fuentes del Gobierno de Canarias, a fecha del pasado lunes el Gobierno central había emitido 559 resoluciones de traslado y se habían realizado 245 reubicaciones, lo que representa un porcentaje mayor: un 43,8%. Dentro de los expedientes resueltos que la administración insular afirma haber recibido, 262 corresponden a las llamadas resoluciones exprés, es decir, expedientes de menores llegados después del 29 de agosto que deben ser trasladados en un plazo máximo de 15 días, y 297 a los de contingencia, anteriores al 29 de agosto, con un plazo de reubicación de hasta un año desde la reforma de la Ley de Extranjería de marzo de 2025.
Asimismo, en este contexto, la consejera advirtió al ministro que, si realmente «quieren colaborar, deben hacerlo con el Ministerio de Infancia para lograr que las comunidades autónomas acepten esas resoluciones de traslado», área donde, según ella, se encuentran las principales dificultades para realizar las derivaciones.
Fueron necesarias tres resoluciones del Tribunal Supremo para que el Gobierno asumiera la responsabilidad sobre los menores solicitantes de asilo. De acuerdo con el balance de Torres, hasta el momento se han reubicado 436 jóvenes en otros territorios y 131 permanecen en centros del archipiélago.
Sumando a otros 441 menores que han salido de los territorios con contingencia migratoria declarada (Canarias, Ceuta y Melilla), en virtud del artículo 5 de la Ley de Extranjería, el total de menores trasladados a la península en los últimos cuatro meses asciende a 877. Con estos datos, el ministro aseguró que el Gobierno de España «cumple, ha cumplido y seguirá cumpliendo».
La reforma de la Ley de Extranjería incorporó una disposición adicional que afecta a los menores que ya se encontraban en el territorio antes de declararse la contingencia migratoria, estableciendo un plazo de cuatro meses para resolver dichos expedientes y uno de un año para reubicar a los menores. Así, Torres indicó que hasta el 21 de noviembre Canarias había enviado al Ministerio de Infancia 432 informes de los 2.133 menores que el archipiélago afirmaba tutelar, y les instó a acelerar el proceso.
Delgado señaló que el ritmo de envío de esos expedientes es de «50 o 60 por semana» y criticó la falta de «lealtad» del ministro hacia una comunidad que fue «clave» para impulsar la reforma de la Ley de Extranjería. Según los datos manejados por el Gobierno canario, se han remitido un total de 702 expedientes a la Administración central. Actualmente, conforme a estas fuentes, Canarias tutela a 4.218 menores migrantes no acompañados.