La universidad solicita al juez Peinado que los informes se incorporen a la causa para poder reclamar las sumas en un eventual juicio contra la esposa del presidente del Gobierno.
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha enviado al juez Juan Carlos Peinado su cálculo final del gasto de recursos públicos destinados al desarrollo del software para la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez: 113.509,32 euros.
Esa es la cifra que la UCM solicita «que conste, desde este momento, a efectos de la posible responsabilidad civil». Es decir, para que pueda efectuar la reclamación económica en caso de juicio y condena a la esposa del presidente del Gobierno. La plataforma informática nunca se llegó a finalizar.
La Universidad, que figura como afectada en la investigación del juzgado 41 de Madrid desde octubre pasado, detalla que la suma corresponde a dos tipos de gastos. El principal corresponde al desarrollo del software mediante diversos contratos abonados por la UCM, que alcanzaron un coste de 108.765,79 euros.
Los restantes 4.743,53 euros corresponden al «coste por horas y dedicación del personal técnico y administrativo y de servicios de la universidad que participó en las acciones necesarias para el desarrollo y adaptación».
«En fase avanzada de instrucción», concluye el escrito de la UCM, «corresponde que el Juzgado dé por aportados los informes y documentación que cuantifican el presunto perjuicio y, si así lo considera, acuerde la realización de las diligencias probatorias que resulten necesarias para verificar tales extremos (auditorías complementarias, informes periciales adicionales, comparecencia de responsables contables, etc.), sin perjuicio de la valoración probatoria posterior en la fase de enjuiciamiento».
La esposa de Pedro Sánchez está imputada, entre otros delitos, por la apropiación indebida de la plataforma informática creada para su cátedra tanto por la UCM como por distintas empresas que la ofrecieron gratuitamente, entre ellas Telefónica e Indra. Gómez ha negado cualquier intención de apropiarse del producto informático o de actuar con ánimo lucrativo.
La universidad ha enviado al juzgado otro escrito respondiendo a dos preguntas del magistrado. Peinado solicitaba conocer «la normativa aplicable o reglas internas de contratación previstas para la Cátedra de Transformación Social Competitiva», y también disponer de la «lista de personas que, sin poseer titulación académica superior, han firmado pliegos de condiciones y/o prescripciones técnico-facultativas para la licitación de procesos de selección de contratistas».
Esta segunda consulta está vinculada a la imputación de Begoña Gómez por posible delito de intrusismo profesional, debido a que ella firmó los pliegos técnicos para el desarrollo del software. La respuesta de la UCM es favorable a la investigada, señalando que la normativa «no exige requisito alguno relativo a la titulación para la firma del pliego de prescripciones técnicas particulares». Además, en la causa figuran correos de la UCM solicitando a Gómez que fuese ella quien firmara dichos pliegos.
INDRA NO TIENE ACTAS DE REUNIONES
Por otro lado, Indra remitió al juez Peinado un escrito donde comunica que no ha encontrado «ningún acta levantada» sobre reuniones vinculadas con el software. El juez requirió a la compañía y a otras más que aportaran las agendas y actas de todas las reuniones celebradas en relación con el desarrollo de la plataforma digital alojada en ‘transformatsc.org‘.
Indra informa que realizó una búsqueda en sus sistemas y comunica que «no existen en los sistemas del grupo actas levantadas por empleados relacionadas con el contenido de las reuniones mantenidas durante el desarrollo de la plataforma digital alojada en transformatsc.org».
«Tampoco se registran en los sistemas del grupo actas que, en su caso, podrían haber sido elaboradas (y posteriormente remitidas al grupo) por alguno de los integrantes de las otras empresas que participaron en el desarrollo de la mencionada plataforma o por los representantes de la Universidad Complutense de Madrid», añade.
INVESTIGADA POR CINCO DELITOS
La esposa de Sánchez aparece como investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación. En caso de que se celebre juicio, este sería ante un jurado.
Los delitos corresponden a tres líneas de investigación: la relación con el empresario investigado Juan Carlos Barrabés; la actuación en la cátedra de la UCM; y la participación de su asesora en La Moncloa en actividades privadas profesionales.