Febrero se vislumbra difícil para el Gobierno de Sánchez debido a huelgas de maquinistas y médicos, junto con protestas de funcionarios.
Los maquinistas realizarán una huelga del 9 al 11 de febrero tras incidentes mortales y denuncias sobre deficiencias en la seguridad ferroviaria.
Los médicos han convocado una huelga indefinida desde el 16 de febrero en rechazo al nuevo Estatuto Marco, que consideran empeora las condiciones de la profesión.
A estas huelgas se suman manifestaciones de empleados públicos que reclaman mejoras laborales, en un contexto político y judicial complicado para el Ejecutivo.
El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un febrero particularmente desafiante, marcado por la acumulación de conflictos sociales, políticos y judiciales que pueden transformar el inicio del curso parlamentario en un reto difícil para la administración.
Además de la huelga declarada por los maquinistas ferroviarios, se añade una nueva convocatoria indefinida por parte de los médicos. Son dos conflictos en servicios esenciales que intensifican la presión sobre Moncloa en un momento de alta exposición política.
El Sindicato de Maquinistas (SEMAF) ha anunciado una huelga del 9 al 11 de febrero para denunciar la inseguridad con la que deben realizar sus labores diarias.
Esta acción se produce tras la pérdida de tres compañeros en los accidentes de Adamuz (Córdoba), donde fallecieron 45 personas, y Gelida (Barcelona).
En el siniestro de Gelida, murió un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron lesionadas. Cinco de ellas sufrieron heridas graves, entre ellos el maquinista titular y dos conductores en formación quienes también estaban en la cabina.
Aunque desde agosto el colectivo maquinista había alertado sobre graves problemas de seguridad derivados del deterioro de la red en toda España, sólo tras los dos accidentes mortales de la pasada semana Adif adoptó restricciones temporales de velocidad en varios tramos de las líneas que unen Madrid con Barcelona, Valencia, Galicia y Valladolid.
En una entrevista con El País, el ministro Óscar Puente afirmó este domingo que «muchas de las quejas» planteadas por los maquinistas no están relacionadas con la seguridad, sino con la carencia de «comodidad en la marcha».
Por otro lado, los sindicatos médicos han convocado una huelga general indefinida desde el 16 de febrero para protestar contra el nuevo Estatuto Marco promovido por la ministra Mónica García, que consideran deteriora la profesión y no contempla las particularidades del ejercicio médico.
Esta movilización de carácter nacional amenaza con agravar las tensiones en un sistema sanitario ya debilitado y, como ocurrió en los paros previos a las Navidades, incrementa considerablemente las listas de espera al posponer cirugías no urgentes.
Además, se suma un invierno complicado para los sindicatos del sector público.
Comisiones Obreras, UGT y CSIF han comenzado movilizaciones para reclamar la implementación ya de las 35 horas, la clasificación profesional y la jubilación parcial en las Administraciones públicas.
Desde el Gobierno intentan relacionar estas promesas con la aprobación de los Presupuestos de 2026 que, a día de hoy, presentan grandes dificultades.
Todo esto tendrá lugar en semanas clave que marcarán el reinicio de la actividad parlamentaria tras la pausa festiva. Cabe recordar que enero es un mes inhábil en las Cámaras.
Se espera que el primer Pleno con sesión de control al Gobierno se realice el 11 de febrero. Será el primer encuentro directo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en dos meses, luego de un prolongado hiato en el que se han acumulado problemas políticos y sociales significativos.
Desde el último cara a cara parlamentario entre ambos líderes, el Ejecutivo ha debido enfrentar no sólo la crisis ferroviaria, sino también un contexto internacional cada vez más incierto.
La tensión geopolítica ha aumentado con el nuevo panorama generado alrededor de Groenlandia, el regreso de Donald Trump a la atención internacional tras su operación en Venezuela y el debate sobre un posible despliegue de tropas en Ucrania.
A este escenario se añaden ahora dos huelgas en servicios fundamentales como la sanidad y el transporte público, capaces de paralizar el país y afectar directamente la vida diaria de millones de personas.
El panorama puede complicarse aún más debido al calendario judicial que involucra al círculo más cercano del presidente del Gobierno.
Las investigaciones que alcanzan a personas del entorno familiar y político de Sánchez avanzan y se prevén nuevas decisiones judiciales en los próximos meses.
Y, por si fuera insuficiente, todo esto ocurrirá en un contexto preelectoral, con dos citas cruciales próximas: las elecciones autonómicas en Aragón el 8 de febrero y las de Castilla y León el 15 de marzo.
Enero se presenta, por tanto, como una prueba de resistencia para el Gobierno, atrapado entre la presión social provocada por las huelgas, la oposición parlamentaria, la incertidumbre internacional y un horizonte judicial y electoral que puede deteriorar aún más la estabilidad de Pedro Sánchez.