La justicia europea deberá evaluar su conformidad con los tratados comunitarios, un proceso que podría extenderse hasta dos años, aunque la Comisión Europea podría autorizar su aplicación temporal
Tras 26 años de negociaciones, el 17 de enero los representantes de la Unión Europea, encabezados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunieron en Asunción, Paraguay, con los presidentes y cancilleres del Mercosur para oficializar la firma del acuerdo comercial. Esta noticia provocó indignación entre los sindicatos agrarios españoles y europeos, quienes esperaban que el Parlamento Europeo (PE) rechazara esta alianza, lo cual ocurrió el miércoles, remitiendo el tratado al Tribunal de Justicia de la UE.
Así, corresponderá a la justicia europea verificar su compatibilidad con los tratados comunitarios, lo que implica la suspensión del proceso de ratificación hasta que los jueces emitan su resolución, algo que podría tardar hasta dos años. “La presión ciudadana y las gestiones desde los despachos están dando resultado y hemos logrado que una mayoría del PE cuestione un acuerdo perjudicial para el sector agrario europeo”, afirmó Andrés Góngora, miembro de la comisión ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Desde Asaja, valoran como “un paso fundamental” la aprobación del PE para someter el acuerdo a control jurídico, destacando que esta medida facilita el análisis de un tratado que el sector ha denunciado reiteradamente por su grave impacto económico, productivo y territorial, además de las dudas jurídicas y políticas que genera.
Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, confía en que esta resolución “detenga la ratificación de un acuerdo claramente desequilibrado y perjudicial para los agricultores y ganaderos europeos, poniendo en riesgo la sostenibilidad de miles de explotaciones”, y ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que defienda al sector, asegurando el principio de reciprocidad y condiciones de competencia justa.
De manera similar, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha calificado la decisión como “una pequeña victoria”, agradeciendo a los eurodiputados el “sentido del voto” tras transmitirles “la realidad y las preocupaciones de los agricultores y ganaderos europeos y españoles”. Asimismo, creen que este será “el primer paso para poder detener el acuerdo UE-Mercosur”.
Agricultores protestan frente al Parlamento Europeo contra el acuerdo comercial del Mercosur
El acuerdo queda detenido, pero las movilizaciones continúan
COAG ha destacado que la resolución del parlamento es positiva, aunque han señalado que continuarán “luchando en la calle”, convocando a los agricultores y ganaderos españoles a participar en las movilizaciones previstas antes de finalizar el mes, especialmente la del 29 de enero.
Este enfoque también es compartido por Unión de Uniones, donde el coordinador estatal, Luis Cortés, ha subrayado que “la movilización tiene efecto”, apuntando que la presión de los productores “es aún más crucial”, por lo que mantendrán el plan de manifestaciones y concentraciones programadas para la última semana de enero.
La Comisión Europea podría autorizar la aplicación provisional del acuerdo
La solicitud para pedir un dictamen jurídico al Tribunal Superior europeo fue impulsada por el bloque de izquierda y fue aprobada por una diferencia de diez votos: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. En la práctica, esta resolución suspende el proceso de ratificación del pacto, aunque la Comisión Europea podría permitir su aplicación temporal.
“Cualquier intento del Consejo o de la Comisión para promover una aplicación provisional representaría otro escándalo democrático. Por los agricultores, el medio ambiente y la salud pública, seguimos firmemente movilizados contra este acuerdo y seguiremos luchando para que el Parlamento Europeo lo rechace”, manifestó la copresidenta de la Izquierda europea, Manon Aubry, tras la votación.
Con esta resolución, el TJUE deberá evaluar tanto la base legal del acuerdo de asociación como el acuerdo interino comercial, cuya competencia recae exclusivamente en la Unión Europea. Por ello, la Eurocámara esperará conocer la posición del Tribunal, ubicado en Luxemburgo, antes de someter a una votación plenaria la aprobación o no del tratado, aunque nada impide que los eurodiputados continúen con los análisis pertinentes.