Cinco de los siete integrantes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) cuentan con experiencia laboral previa en Renfe o Adif, organizaciones públicas relacionadas con el sistema ferroviario.
El Gobierno sostiene la autonomía de la CIAF, aunque la Unión Europea ya puso en duda su imparcialidad tras la indagación del accidente del Alvia en 2013.
El Ejecutivo comunicó la creación de una autoridad completamente independiente para investigar siniestros ferroviarios, pero esta aún no se ha materializado y la CIAF permanece bajo la dependencia del Ministerio de Transportes.
Los integrantes de la comisión son ingenieros y especialistas en seguridad ferroviaria, con mandatos individuales de seis años sin opción a renovación, y sus nombramientos requieren la aprobación del Congreso.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), encargada de analizar las causas del accidente ocurrido en Adamuz, está compuesta por siete integrantes.
De estos, al menos cinco han desempeñado funciones en entidades públicas dependientes del Gobierno vinculadas al sector ferroviario.
En detalle, el presidente y dos vocales han desarrollado su trayectoria profesional en Renfe, mientras que otros dos vocales proceden de Adif.
A pesar de ello, el Gobierno reafirma la independencia de la CIAF.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «no existen dudas» sobre la autonomía y profesionalismo de la comisión, que desde 2017 ha analizado más de 270 accidentes ferroviarios.
No obstante, la Unión Europea cuestionó su «independencia» tras el análisis del accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela ocurrido en 2013, que provocó 80 fallecidos.
La Agencia Ferroviaria Europea (ERA), en un informe publicado en 2016, determinó que la comisión no cumplió con el requisito de la directiva europea de «mantener independencia en su organización».
El informe indicó que el organismo incluía en sus miembros a personas vinculadas a una «empresa ferroviaria o a un gestor de infraestructuras».
Por esa razón, según reportó ayer EL ESPAÑOL, el Ejecutivo se comprometió hace año y medio a «reforzar» las garantías de imparcialidad en la investigación de este tipo de incidentes, para cumplir con los estándares europeos.
En ese momento se anunció la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes en el ámbito ferroviario, marítimo y aéreo civil, que debería estar operativa actualmente para analizar el accidente de Adamuz. Sin embargo, este proyecto quedó archivado.
Actualmente, la comisión continúa bajo la dependencia del Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, que es responsable de sus remuneraciones.
Los miembros actuales
Desde mayo de 2023, el presidente de la CIAF es Ignacio Barrón de Angoiti, quien desempeña el cargo a tiempo parcial.
Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y posee un Executive MBA por el IESE.
Barrón ingresó en Renfe en 1981 y ocupó diversos cargos técnicos y directivos hasta 2021, incluyendo la gerencia de Grandes Terminales de viajeros en Madrid, Chamartín y Atocha, así como la Dirección de la Oficina de Renfe en Bruselas.
A lo largo de más de cuatro décadas, ejerció la Dirección Internacional de Renfe, la Dirección de Proyectos Especiales-DG Estrategia, la Jefatura de Estudios Técnicos-Dirección de Comunicación, y la Jefatura de Proyecto-Dirección de Planificación. Además, lideró la jefatura de Negocios para América Latina de la operadora.
Entre 2013 y 2015 presidió, por encargo del Ministerio de Fomento, la comisión que elaboró un informe detallado sobre el estado del sector ferroviario español, y fue vicepresidente de la comisión asesora de dicho ministerio.
En 2021, Barrón inició su labor como asesor ferroviario internacional independiente, ofreciendo consultoría a empresas, gobiernos u organismos relacionados con el sector.
Varias de las demás vocales de la comisión poseen trayectorias similares.
Adolfo Moreno Díaz es asesor independiente con especialización en seguridad ferroviaria y factor humano.
Antes de operar por cuenta propia, fue gerente de Planificación, Control del Sistema e Investigación de Accidentes en Renfe. También es ingeniero de Caminos.
Avelino Castro López, otro vocal, ha desempeñado numerosos cargos directivos en la operadora pública, incluido director general de Seguridad de Circulación, de Logística, de Operaciones, de Cercanías Urbanas e Interurbanas, y de Fabricación y Mantenimiento.
Además, fue consejero o presidente en empresas vinculadas al grupo ferroviario como Siemens o CAF. Es ingeniero técnico industrial y posee un máster en Dirección General de Empresas por el IESE.
Vinculados a Adif
Un tercer vocal, Vicente Mendoza García de Paredes, proviene de Adif, donde su última función fue la subdirección de Circulación Sur.
Con anterioridad, ejerció como gerente de Área de Tráfico en la subdirección de Operaciones de esa misma región. Es ingeniero con formación en ingeniería eléctrica y electrónica.
Francisco Rincón Arroyo, igualmente, desarrolló su carrera en Adif, desempeñándose como director adjunto de Programación de Instalaciones del área de Circulación.
Los otros dos miembros de la comisión no tienen antecedentes en Renfe ni en Adif.
José Ignacio Sánchez Marhuenda es ingeniero de Caminos con más de treinta años de experiencia en empresas constructoras e ingenierías como Sener o Sacyr, donde ocupó cargos directivos y mantuvo una trayectoria internacional en proyectos de infraestructuras.
El secretario de la CIAF es Adolfo Vázquez Fernández, funcionario de carrera del subgrupo A1 de la Administración General del Estado, con voz pero sin voto. Ha participado como técnico en investigaciones anteriores como el descarrilamiento del tren Celta en Pontevedra en 2016, que causó cuatro fallecimientos.
Aunque el nombramiento de la comisión se propone desde el Ministerio de Transportes, área a la que está adscrita, el Congreso de los Diputados posee la autoridad para ratificar o rechazar cada designación.
El reglamento estipula que tres de los vocales deben ser ingenieros en los campos de caminos, canales y puertos, o en industrial y telecomunicaciones; otro debe especializarse en seguridad y circulación ferroviaria, y el quinto, en explotación de servicios ferroviarios.
Todos los miembros, incluido el presidente, reciben un mandato único de seis años sin opción a reelección.