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Colombia, junio 02 del 2000

Sala de Redacción

Boletín INTER NOS

TIEMPOS DE DESPRECIO

«El poderoso es más fuerte si está solo»

Robert Musil

TIEMPOS DE REVOLUCIÓN

La revolución conservadora del menemismo penetró en todos los sectores de la vida nacional. Nada quedó a resguardo del Modelo de Gestión de Mercado Dependiente instaurado: Partidos, Sociedad civil, Sindicatos, Empresas y Fuerzas Armadas. También se hizo carne en la conducción del menguado Estado, incluyendo la Administración Nacional y las Provinciales. De tanto ajustarlo, tan amputado en sus instrumentos de decisión, el Estado termina siendo casi parasitario. El menemismo llevó al extremo los efectos más perversos de la Globalización, poniendo al país en una situación de vulnerabilidad y dependencia inéditas; conformando un sistema económico que va más allá del nombre técnico que le dan los economistas: «recesión». Su carácter rígido, su índole cultural, la naturaleza de sus estructuras y su prolongación (con sus rasgos salientes de desempleo, pobreza, irrepresentatividad política, depresión alienante e indiferencia ciudadana) no parece reversible si se prolongan los mismos parámetros de conducción, el mismo programa como único camino del Gobierno Nacional.

El sistema de relaciones de poder existente resiste y de esa resistencia depende su éxito. Mientras tanto, este modelo dependiente descarta toda alternativa. No importa que ésta sea formalmente la de la Alianza, y que muchas provincias sean gobernadas por el Justicialismo. Esa indistinción que se muestra ante la percepción popular de las etiquetas partidarias – generadora del dicho vulgar que señala que «son todos iguales»- es lo que permite asumir la profundidad de los cambios producidos en la última década. Menem, con sus teóricos y técnicos, (que se encontraban tanto adentro como afuera del Gobierno y de la oposición) ya lo aseguraba: las transformaciones que el modelo infligió a la República trascenderían su mandato, y serían, precisamente, irreversibles. Esa característica del régimen implantado fue posible por la reelección en 1995. La reforma de la Constitución plasmó en la letra del texto escrito el reaseguro para la continuidad del «modelo».

En las clases dominantes pueden descubrirse intereses contradictorios entre lo que resta de la Argentina productiva (industrias, agro) y el mucho más fuerte nuevo establishment (la banca, las empresas petroleras, los servicios públicos privatizados). Esta puja se desenvuelve en el claustro de un capitalismo sin controles, del que es ajeno y sin capacidad de incidencia el pueblo argentino.

Sin embargo, ambos grupos hegemónicos tienen similitudes en el discurso ante la desigualdad. Si bien es cierto que el sector productivo, acosado por el atraso cambiario y la recesión, pretende del Estado políticas activas de protección y crédito, por otra parte sus líderes visibles impulsan, como el sector financiero y monopólico, la permanencia de un sistema que solo tiene por finalidad la obtención de mayor rentabilidad a través del ajuste en el gasto público, la merma del salario y la eliminación de toda competencia. Pero en todo caso suelen coincidir, con más o menos vergüenza, en una misma estrategia política: marginar la participación popular en la distribución de los bienes, ignorar los reclamos del desamparo, fortalecer los aparatos de seguridad y favorecer la represión ante la violencia masivamente individual en los centros urbanos y los suburbios desindustrializados y los estallidos de queja y violencia de pueblos y regiones del interior. Se remiten a la denuncia indiscriminada de la existencia de agitadores, delincuentes, u organizaciones del narcotráfico y contrabando. ¿Qué podían esperar, ante la desesperanza de «los que no pertenecen», carentes de presente y de futuro?

Tiempos de Violencia:

Las carencias coyunturales y estructurales en las que está sumergida gran parte de la población parecen no conmover a estos grupos económicos ni a los auditores del FMI que impulsan un nuevo ajuste. La injusticia es estructural en la Argentina, en la pertinaz defensa y promoción de las desigualdades estriba la verdadera naturaleza del régimen. Son los mecanismos de acumulación y distribución de la renta, y los objetivos mismos del Poder excluyente, los que conducen estos tiempos del desprecio. Ahora bien: ante la injusticia, la violencia se ha instalado y enraizado en la mayor parte del territorio nacional. Ésta diferencia claramente víctimas y victimarios.

El problema del desempleo, la pobreza y la exclusión social se observa preferentemente como una situación «peligrosa» para la subsistencia de los privilegios y su gobernabilidad, un realismo imaginado únicamente como vigencia inalterable del «statu- quo».

La pobreza es considerada, desde una perspectiva pragmática, como una situación generadora de delitos contra la propiedad y la seguridad física, pero no como una carga moral que habría que corregir. No es el valor de la igualdad, (fundamento del sistema democrático, aunque ésta se limite a la de las oportunidades) lo que mueve sus preocupaciones, sino el egoísmo de su «competitividad» y de los «éxitos empresariales».

En un análisis sociológico, sería la afirmación de su conciencia de clase lo que suaviza las contradicciones internas del «establishment» y sus diferentes grupos componentes. Burlada la «ética de la solidaridad» con que el Radicalismo hace tres lustros redesignó sus viejos principios (la causa de los desposeídos, la conjunción de las fuerzas morales de la República para la reparación fundamental), olvidado el justicialismo de los descamisados de Perón en los cuarenta, y desoídos los llamados morales de la Iglesia, que juzgan la inequidad como un pecado social, el menemismo fue el ejecutor brutal de un sistemático cambio de los paradigmas que fundaron la República democrática hace casi doscientos años.

En eso fue más lejos que el mismo Proceso, que concentró su atención en la estrategia del terrorismo de Estado en función de la Doctrina de la Seguridad Nacional generada en los Estados Unidos por la Guerra Fría. Esas condiciones internacionales han cambiado, como son distintos los hitos del fenómeno de la mundialización en la última década del siglo XX.

Enfrentado a este modelo, la actual conducción económica persiste tenazmente con más ajustes: baja de salarios, despidos, paralización de obra pública en la búsqueda del «llamado déficit fiscal cero». Tiene un ideal, según un vocero conspicuo, el titular de la Secretaria de Información de Estado, Fernando de Santibañez (Ámbito Financiero-22 de mayo de 2000): el superávit fiscal. Esta concepción de caja, tiene por único objetivo pagar la deuda externa, con lo que, supuestamente, se obtendría mayor confianza de los inversores extranjeros para seguir incrementando los débitos. De hecho, sucede lo exactamente inverso, y en los últimos meses la Argentina ha perdido confianza en el exterior y se expresa muy claramente en la suba de los intereses de la deuda externa .

El problema de la gobernabilidad vuelve una y otra vez incansablemente. El modelo de privilegios y rentabilidad de las minorías prevé una masa desmovilizada, apática y desesperanzada frente a la incontenible mano invisible del mercado globalizado. Los tiempos de injusticia social se han instalado endémicamente y el tiempo del desprecio puede perpetuarse, es decir: es posible aun excluir más, restringir mas eficazmente la distribución de lo que hay, sostener las ganancias abultadas de los monopolios. Si esto resulta como pareciera vislumbrarse, la crisis de gobernabilidad se tratará entonces de la gestión de una gobernabilidad de la violencia.

Tiempos de Crisis:

El discurso de la gobernabilidad se sustenta en una acérrima defensa de la ética de las responsabilidades, a la que se aferran los gobiernos, cualquiera sea quien lo ejerza, en un marco de eterna crisis. Los políticos se hallan presos y cautivados por un mercado, en el cual ellos son inconscientemente víctimas y victimarios. La gobernabilidad, tal como es entendida por el modelo de gestión dependiente, despoja a la política de todos sus contenidos ideológicos y programáticos, se convierte en un mero recurso gerencial y de marketing, donde políticos y gobernantes se esmeran en ser el mejor producto a ser consumido en tiempos electorales y, luego, en administradores de un juego donde ni siquiera controlan o imponen las reglas.

En nombre de la gobernabilidad se delega la facultad de gobernar a los organismos internacionales de crédito y a los grupos concentrados de poder económico que imponen condiciones de radicación y permanencia de sus inversiones. En nombre de la representatividad se reemplaza la ética de las convicciones por las imágenes publicitarias. A la injusticia social se le suma, entonces, la hipocresía, una forma de enmascararla. En nombre de la crisis se socava la legitimidad del propio sistema democrático, sus instituciones y sus valores.

La agonía de las instituciones es producto de un paulatino socavamiento a los valores democráticos: Igualdad, Libertad, Ética, Justicia, Solidaridad, en síntesis los elementos que constituyen la ciudadanía social plena. Las desfiguraciones que el modelo de gestión dependiente encarna, ha transformado a la igualdad en políticas de contención de la pobreza, las cuales parecieran estar más orientadas a delimitar los conflictos y desórdenes que estos pueden originar y no en modificar sus causas. Son, definitivamente, políticas de un Estado pobre para los más pobres. La libertad enunciada en los principios fundantes de la República está fraguada en un círculo perverso de desigualdad ante la ley. Libertad para los propietarios como deseaba el más primitivo liberalismo del siglo XVII. La ética es comprendida en la acepción de corrupción. La denuncia testimonial y aún incluso la vía judicial, no alcanza para comprender cuan hondo ha recalado este modelo en materia de desvalores. Responsabilidad de la clase dirigente, pero también responsabilidad de un modelo más amplio que asimila las relaciones sociales a los valores mercantilistas. Bajo este paradigma resulta difícil imaginar una sociedad igualitaria. Se trata, pues, de establecer un criterio de Justicia y de solidaridad y no de fortalecer un aparato estatal represivo que acalle lo que alguna vez se dio en llamar soberanía popular.

La historia muestra que cuando las crisis se profundizan, la pretensión de asumir la voz de los que no tienen voz no siempre es el mejor camino, aunque parezca el más corto. Generalmente es todo lo contrario, el aluvión del caos a veces confunde la marcha de los pueblos. La desorientación propia de las crisis puede derivar hacia mesianismos demagógicos. Por ello, el desafío es que una creíble y coherente dirigencia política sepa interpretar la voluntad soberana y construya la posibilidad de la utopía, para que esta no sea una mera fantasía.

Si no se introduce una racionalidad para que el cambio sea posible y a la vez viable, nos espera el dilema de la gobernabilidad de la violencia que pretende mantener el desorden establecido. La lucha que enfrenta el progresismo pasa, entonces, por la conformación urgente de una Nueva Alianza Política, que no se reduzca a las tácticas electoralistas. Una alianza, convencida y convincente, que restaure la idea de que otra Argentina, mas justa, mas libre, mas igualitaria, en fin, más democrática, es posible y necesaria. Paz y justicia han de ser los impulsos de las buenas conciencias, en una lucha sin claudicaciones éticas. Convicción y coraje, para luchar contra el cinismo, la impunidad, la corrupción pública y privada, el olvido y la humillación, el maltrato y la mentira.

El desprecio del poderoso, aunque se sienta más fuerte porque está solo, deja escaso tiempo para acumular una racional energía social que lo pueda combatir.

Informe de Coyuntura Nº 4. Buenos Aires, 23 de Mayo de 2000, Tiempos de desprecio. Elaborado por el

Dr. Osvaldo Álvarez Guerrero y la Lic. Marita González, del equipo de Análisis Político de la Fundación Arturo Illia. [email protected]

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