Francina Armengol, presidenta del Congreso, mantiene bloqueadas 36 proposiciones de ley promovidas por el PP desde el Senado, incluidas cuatro que llevan más de dos años paralizadas.
Entre las leyes paralizadas se encuentran iniciativas relativas a la defensa de símbolos oficiales, la derogación del Impuesto sobre Sucesiones, la garantía de cajeros en áreas rurales y la reforma del Registro Civil.
El PP ha presentado una denuncia ante el Tribunal Constitucional por este bloqueo legislativo, alegando una limitación indebida de las competencias del Senado y acusando a Armengol de falta de imparcialidad.
Además, la presidenta ha sido cuestionada por su gestión tanto en el Congreso como durante su etapa en Baleares, así como por permitir el uso de lenguas cooficiales y su implicación en el caso Koldo.
Las iniciativas legislativas promovidas por el PP desde el Senado chocan contra un obstáculo persistente. La presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, aplica un bloqueo continuo a estas propuestas, un episodio sin precedentes en la historia parlamentaria.
Según ha verificado EL ESPAÑOL, existen 36 proposiciones de ley aprobadas por la Cámara Alta que permanecen bloqueadas por Armengol y detenidas en términos parlamentarios.
De ellas, al menos cuatro iniciativas acumulan más de dos años de paralización. Fueron registradas entre septiembre y noviembre de 2023 y hasta hoy no han avanzado del mismo punto.
Estas cuatro propuestas todavía no aparecen en el orden del día de la Cámara Baja, cuya inclusión depende de la Mesa del Congreso, dominada en mayoría por PSOE y Sumar.
La última acción del PP fue denunciar frente al Tribunal Constitucional este bloqueo legislativo. El Senado, donde poseen mayoría absoluta, aprobó un nuevo conflicto de competencias con el Congreso, argumentando que se están vulnerando las atribuciones de la Cámara Alta y usurpando facultades que no corresponden.
Entre las proposiciones bloqueadas por más de dos años figura la Ley de defensa y protección de los símbolos oficiales, que tiene como propósito reforzar la protección legal de los símbolos estatales y las instituciones.
Dicha propuesta implicaría un endurecimiento de las sanciones ante actos de ultraje, daño o uso indebido, además de clarificar las responsabilidades en cuanto al respeto institucional.
Otra iniciativa paralizada es la derogación de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Esta propuesta tiene un impacto fiscal significativo, buscando eliminar un impuesto que está muy bonificado en diversas Comunidades Autónomas como Madrid, aunque sigue generando debate sobre justicia fiscal y financiación territorial.
También se encuentra bloqueada la proposición relativa a garantizar el servicio de cajero automático en municipios con riesgo de exclusión financiera, especialmente en la llamada ‘España vacía’. La finalidad es asegurar el acceso a efectivo y servicios financieros básicos en zonas donde se han cerrado oficinas bancarias.
Además, la iniciativa para reformar la Ley del Registro Civil ha chocado con la resistencia de Armengol.
Esta propuesta pretende modernizar el funcionamiento del Registro y agilizar procedimientos e inscripciones, tales como certificados o trámites esenciales para procesos de nacionalidad.
Asimismo, hay al menos otras nueve proposiciones de ley paralizadas por más de 12 meses, incluyendo, por ejemplo, la reforma del reglamento de lenguas oficiales.
Aunque no existe un plazo legal que obligue a debatir una proposición de ley, este bloqueo se ha convertido en una herramienta de confrontación política, dado que muchas propuestas son iniciadas por el principal partido de la oposición.
El objetivo del bloqueo de Armengol es evitar el debate parlamentario y que el Gobierno sea derrotado en votaciones. Cabe señalar que muchas de estas iniciativas podrían aprobarse en pleno si PP, Vox y Junts alcanzaran un acuerdo.
En ocasiones, algunas enmiendas han llegado a acumular hasta 71 prórrogas, según datos proporcionados por el Partido Popular. Así, PSOE y Sumar recurren a las prórrogas como método constante para frenar iniciativas que no les favorecen.
Cabe destacar que más de veinte reales decretos de ley, tramitados como proyectos de ley, aún no han sido tratados en el Congreso.
Lo mismo acontece con determinadas proposiciones no de ley, como la presentada por el Partido Popular para reformar los artículos 550 y 556 del Código Penal, con el fin de aumentar las penas por atentado, resistencia o desobediencia a agentes de la Guardia Civil, quienes, según informó la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) el pasado martes, sufren una media de cinco agresiones diarias.
Asimismo, según fuentes consultadas, Armengol tiene bloqueada la legislación que avalaría el reconocimiento como profesión de riesgo de los agentes policiales.
Alberto Núñez Feijóo declaró que el Senado «es una Cámara tan legítima como el Congreso y, por ello, eliminar su iniciativa legislativa equivale a negar la legitimidad del Senado».
Incluso adelantó que el Plan de Calidad Institucional del partido incorporará un apartado relevante para que el Poder Legislativo recupere su independencia.
Su parcialidad, cuestionada
Más allá de la paralización legislativa, la imparcialidad de la presidenta del Congreso ha sido motivo de frecuentes críticas.
Uno de los casos más mediáticos fue el de las menores tuteladas que se prostituían durante el mandato de Armengol en el Gobierno balear. En 2019, educadores de centros detectaron que algunas chicas aprovechaban sus salidas para ofrecer servicios sexuales.
En otras situaciones, la presidenta ha sido cuestionada por interrumpir con mayor frecuencia a PP y Vox durante debates, especialmente en temas como investiduras y la ley de amnistía, favoreciendo así a los grupos aliados del Gobierno.
En el citado debate, Armengol no reaccionó ante el “tono bronco” del ministro de Transportes, Óscar Puente, dirigido hacia Feijóo y llamó la atención al candidato del PP, advirtiéndole que no toleraría ataques contra Pedro Sánchez.
También se ha cuestionado que haya permitido faltas de respeto a jueces en el Congreso y que grupos parlamentarios del PSOE, Sumar e independentistas hayan acusado a magistrados de prevaricación.
Esto motivó que el partido de Feijóo presentara una queja ante la Mesa del Congreso, alegando que las actitudes de Armengol son “partidistas” y reflejan una “falta de imparcialidad”.
Por otro lado, el PP argumentó que Armengol permitió el uso de lenguas cooficiales antes de que estuviera regulado por el Reglamento y apoyó el nombramiento, afín al PSOE, de Fernando Galindo como secretario general de la Cámara tras su paso por la Subsecretaría de Política Territorial.
El modo de tramitar la ley de amnistía es otro foco de las críticas sobre parcialidad. Armengol autorizó el proceso pese a informes de juristas de la Cámara con fuerte crítica, lo que para la oposición la convierte en el “brazo ejecutor” del Ejecutivo.
Finalmente, Armengol ha estado bajo lupa por su etapa en Baleares y su relación con el caso Koldo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) encontró mensajes entre la expresidenta y la trama relacionada con la venta de mascarillas en la región durante la pandemia.