El consejero castellanomanchego califica la «ordinalidad» como un concepto «inapoyable para el PSOE y la izquierda en conjunto».
Los gobiernos de Castilla-La Mancha y Asturias planean dejar a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, sin mayor respaldo socialista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles que el que brinda la Generalitat de Cataluña dentro del nuevo modelo de financiación. Los presidentes castellanomanchego, Emiliano García-Page, y asturiano, Adrián Barbón, coinciden en rechazar el controvertido principio de la «ordinalidad», que beneficia especialmente a Cataluña.
Para el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, se trata de una «trampa» que favorece que esta comunidad próspera reciba 4.700 millones anuales adicionales del sistema, en detrimento del resto. «Es una propuesta negociada bajo el chantaje de los independentistas, cuyo único objetivo es lograr privilegios frente a las demás regiones», comenta a EL MUNDO este veterano socialista antes de acudir al CPFF.
Desde su perspectiva, «la ordinalidad representa una línea roja para el gobierno de Castilla-La Mancha. No aceptaremos un modelo de financiación que defienda que quien más posee, más reciba».
Un portavoz oficial del Gobierno asturiano ratifica a este medio que el equipo de Barbón también considera «ineludible rechazar el principio de ordinalidad». Dicho criterio, impuesto por el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, y el propio Illa a Montero, permite a una comunidad próspera escalar en el ranking de las que más reciben hasta alcanzar la misma posición que ocupa en la lista de las que más aportan.
«La ordinalidad implica que aquellas CCAA con mayor capacidad tributaria tienen derecho a disponer de un volumen mayor de recursos y, en consecuencia, sus ciudadanos gozarán de mejores servicios públicos gracias a disponer de más financiación que las demás. Es insostenible para el PSOE y la izquierda en general», critica Ruiz Molina. «Lo que agrava la situación es que estamos enviando a la sociedad el mensaje de que quien paga más IRPF por poseer una mayor capacidad económica merece un trato preferente en cuanto a los servicios públicos que ofrecen las comunidades», añade.
Con respecto al caso catalán, esta es la tercera comunidad que más aporta, tras Madrid y Baleares, y también ascenderá al tercer lugar entre las que más reciben, según confirmó Montero el viernes pasado. La ministra también confirmó que no aplicará este principio a Madrid, que si recibiera el mismo trato que la Generalitat, se convertiría en la primera comunidad en obtener fondos del sistema al ser la que más contribuye.
Ante este escenario, Montero ha convocado para este miércoles el consejo que reúne al Gobierno central con las autonomías y cuenta como único apoyo dentro del PSOE con la consellera de Hacienda catalana, Alicia Romero. Tanto la vicepresidenta de la Junta del Principado, Gimena Llamedo, como Ruiz Molina, han recibido instrucciones de oponerse al planteamiento de Montero, pese a que esta es su jefa en el partido, como vicesecretaria general y segunda en la jerarquía tras Pedro Sánchez. Ruiz Molina lamenta que el PSOE carezca de una propuesta propia similar a la del PP, después de que Montero descartara intentar presentar un consenso con las comunidades gobernadas por sus filas.
Para García-Page, la traición de Montero a los principios socialistas es clara, recordando que el PSOE no aceptó en su último congreso en Sevilla las enmiendas de los socialistas catalanes destinadas a consagrar la ordinalidad en el nuevo sistema de financiación.
«Es un plato precocinado», afirmó por su parte el lunes la vicepresidenta asturiana, que asistirá excepcionalmente al CPFF en lugar del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. «No nos ha gustado que nos pidan sumarnos a un acuerdo que ya está establecido», recalcó la vicepresidenta, enfatizando que esta medida atenta contra la igualdad territorial. Ruiz Molina también denuncia la falta de transparencia por parte de Montero. Por tanto, no sólo las comunidades gobernadas por el Partido Popular rechazan el modelo del Ejecutivo central, pues aunque implica más financiación para todas, consideran que el enfoque es injusto y regresivo.
Existe otra comunidad gobernada por socialistas con derecho a participar en el CPFF: Navarra. Sin embargo, Montero decidió excluir a las comunidades forales del nuevo modelo, a pesar de que durante su etapa como consejera andaluza defendió que la futura reforma debía limitar sus privilegios. Por ello, los consejeros de País Vasco y Navarra seguirán el debate sobre la reforma de la financiación de las comunidades del régimen común —todas las demás— desde la grada, con la garantía del Gobierno central de que podrán mantener una amplia diferencia por habitante respecto a la media española, al menos un 70% superior, según informó este diario el pasado domingo.