Los líderes empresariales alertan que el deterioro de los servicios públicos incrementa la desconfianza y restringe la capacidad para invertir y reformar
España está en el punto de mira de Davos debido al deterioro de sus servicios públicos. A pocas semanas de la reunión del Foro Económico Mundial en la ciudad suiza, el informe sobre los Riesgos Globales de 2026 incluye por primera vez a España entre los países desarrollados donde la calidad de los servicios públicos representa uno de los principales riesgos nacionales para los próximos dos años.
Basándose en una encuesta a líderes empresariales de 116 países, que identifican los problemas más urgentes en cada nación, la preocupación por contar con “servicios públicos y protecciones sociales insuficientes” figura entre los cinco riesgos más mencionados, junto a la polarización social, la escasez de mano de obra, el endeudamiento y la falta de oportunidades económicas. “Por primera vez, la calidad de los servicios públicos en España aparece entre los principales riesgos nacionales, situándose junto a la polarización social y la carencia de talento”, indica el documento publicado este jueves.
Servicios públicos al límite
El informe señala varias causas. Por una parte, la presión fiscal y la infrafinanciación han dejado a los sistemas de servicios públicos en una situación muy frágil. El aumento del gasto en pensiones, salud y dependencia, sumado a un alto endeudamiento y tipos de interés elevados, reducen el margen para invertir y garantizar la calidad de estos servicios. “El agotamiento del modelo de financiación amenaza la sostenibilidad a largo plazo de servicios esenciales como la salud, la educación y la protección social”, afirma el texto elaborado por el Foro Económico Mundial.
Adicionalmente, la infraestructura pública presenta un desgaste a nivel nacional que ha ido en aumento con el tiempo. Muchas instalaciones no se adaptan ni a los desafíos del cambio climático ni a las demandas tecnológicas actuales. Esta falta de modernización puede derivar en fallos en servicios básicos como el suministro eléctrico, la sanidad, el acceso al agua o el transporte.
La sanidad pública española deja sin realizar casi dos millones de cirugías por la saturación de las listas de espera.
A esto se añade el envejecimiento poblacional, que aumenta la presión sobre el sistema sanitario, las pensiones y los cuidados prolongados. A su vez, el malestar general debido al deterioro percibido de estos servicios fomenta la polarización y erosiona la confianza en las instituciones.
Deuda, envejecimiento y presión social
El Foro Económico Mundial agrupa a España junto a otros países europeos como Francia, Italia y Reino Unido, donde la preocupación por la financiación y calidad de servicios públicos ha aumentado. El informe advierte que la combinación de elevada deuda, envejecimiento demográfico y tensiones tecnológicas o climáticas podría forzar recortes o aceptar un deterioro de servicios esenciales. “La presión sobre infraestructuras y servicios públicos, unida a la creciente deuda, limita la capacidad de respuesta ante futuras crisis y genera riesgo de fractura social”, señala el informe.
El sector privado comparte estas preocupaciones. Los líderes españoles que participaron en la encuesta del Foro Económico Mundial advierten que la insuficiencia de servicios e infraestructuras públicas representa un riesgo inmediato para la competitividad, la cohesión social y el bienestar. Este diagnóstico, aunque afecte significativamente a España, refleja una tendencia global donde muchos países desarrollados perciben que la capacidad estatal para garantizar servicios esenciales está comprometida, algo que no se había visto en décadas.
Cuando los servicios fallan, se debilita la confianza
El informe alerta sobre el riesgo de entrar en un “círculo vicioso”. La degradación de los servicios públicos genera mayor desconfianza y protestas sociales, aumentando la presión política y reduciendo la capacidad para reformas e inversiones, perpetuando así el deterioro. En este contexto, el Foro Económico Mundial subraya la necesidad de “reimaginar” la red de protección social y modernizar infraestructuras, siempre bajo principios de solvencia fiscal.
Entre las soluciones propuestas, el análisis sugiere reforzar la colaboración público-privada, promover la eficiencia y la innovación en la prestación de servicios, y priorizar la inversión en mantenimiento y modernización. “El deterioro de los servicios públicos y sociales se presenta como una preocupación central tanto en la agenda social como en la perspectiva empresarial del país, alimentando un círculo de desconfianza”, advierte el documento.