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La acusación particular ejercida por la doctora Elisa Pinto en el caso Tándem ha solicitado seis años de prisión para el empresario Javier López Madrid, acusado de un presunto delito de cohecho por contratar al policía en activo José Manuel Villarejo con el objetivo de hostigarla y evitar que presentara denuncia por acoso.
Ana Blanco, la abogada que representa a Pinto, demanda la misma condena para el excomisario Villarejo y dos años de cárcel para su socio, Rafael Redondo, como cómplice.
La acusación surge después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decidiera el 27 de julio cerrar la investigación, encontrando indicios suficientes para que los tres acusados sean llevados a juicio.
Este es el segundo procedimiento en el que Pinto acusa a López Madrid. El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid también ha apreciado razones para juzgarlo por presuntos delitos de amenazas, lesiones e intento de homicidio, entre otros cargos, y enfrenta una petición de 22 años de prisión. El empresario, consejero delegado del Grupo Villar Mir, está implicado además en los casos Lezo y Púnica por presuntos actos de corrupción.
El escrito de acusación presentado por Pinto en el caso Tándem señala que, durante los últimos meses de 2013, López Madrid contactó con Villarejo mediante el financiero Donato González para que el comisario, entonces adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, organizara una operación de acoso y desprestigio hacia Elisa Pinto, con la intención de impedir que la demandase por persecución.
Una agenda reveladora
El inicio de los contactos entre López Madrid y Villarejo queda registrado en la agenda de este último. Tras anotar «Madrid sigue adelante con el tema», el policía consignó «entrega 10 a cuenta». La acusación particular interpreta que se refiere al pago de 10.000 euros.
«Desde 2014», indica el escrito, «Villarejo se dedicó a hostigar a Elisa Pinto para impedir que denunciase a Javier López por acoso. A partir de abril, cuando Pinto presentó la primera denuncia contra López, Villarejo accedió ilegalmente a su información privada e intentó interferir en la investigación policial, solicitando detalles sobre el avance de las pesquisas y manipulando el proceso.»
En el teléfono móvil de López Madrid se localizaron decenas de llamadas con Villarejo, pese a que «el dispositivo fue manipulado o borrado antes de ser entregado al Juzgado».
También se encontraron mensajes en el móvil del empresario con los entonces comisarios José Luis Conde y Enrique García Castaño. En la agenda de Villarejo aparece una nota de marzo de 2014 que dice: «Javier Madrid quería cita para plantear estrategia. Dice que hoy se veía con Big [alias de García Castaño] para preparar denuncia, pero quiere ciertos matices».
«Finalmente, Javier López interpuso esa denuncia contra Elisa Pinto el 17 de marzo de 2014; sin embargo, lo hizo ante el Grupo 5 de extorsiones y secuestros, y no en un Juzgado ni en una Comisaría, justo después de haber visitado con su abogado al comisario Conde», señala el escrito de acusación.
Relaciones con policías
López Madrid mantuvo asimismo una «relación estrecha» con el inspector Alberto Carba, responsable de la instrucción de la denuncia previa interpuesta por Pinto.
«Este agente de Policía [Carba] envió varios correos electrónicos a López Madrid informándole sobre el estado de la investigación y recibiendo instrucciones, llegando incluso a avisarle del fin del secreto de sumario. Estas comunicaciones tuvieron lugar entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre de 2015. Meses antes, Alberto Carba se reunió en su despacho con Javier López y le tomó declaración sin la presencia del secretario, evitando investigar las confesadas relaciones de este con Villarejo«.
El escrito de acusación propone que en el juicio declaren como testigos García Castaño, José Luis Conde, Alberto Carba y el comisario Andrés Gómez Gordo. Este último —también imputado en el caso Kitchen, como García Castaño— fue «designado directamente por el director adjunto de la Policía Eugenio Pino para elaborar un informe que desacreditara las investigaciones que se llevaban a cabo en la comisaría de Chamartín sobre el comisario Villarejo».
Gómez Gordo también mantuvo contacto con el entonces secretario de Estado Francisco Martínez Vázquez —igualmente imputado en la causa Kitchen— acerca de cómo posponer la rueda de reconocimiento en la que el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid había citado a José Manuel Villarejo. Durante esa diligencia, Pinto identificó a Villarejo como la persona que la agredió con un objeto punzante mientras le decía: «López Madrid quiere que cierres la boca».