Cinco españoles detenidos en Venezuela fueron puestos en libertad y trasladados a Madrid tras más de 30 horas de viaje, bajo severas limitaciones de comunicación impuestas por el régimen chavista.
Las autoridades venezolanas indicaron a los excarcelados que no podrían comunicarse con los medios, condición incluida en el acuerdo que facilitó su liberación.
Entre los liberados, que incluyen periodistas y activistas, se les imputaron en Venezuela cargos como conspiración, terrorismo y extorsión, muchos de ellos sin que se formalizaran cargos oficiales.
Parientes y organizaciones han denunciado que las condiciones de su liberación vulneran derechos civiles y que permanece el temor a represalias en contra de los familiares de los excarcelados.
En la madrugada entre miércoles y jueves, cinco ciudadanos españoles presos en Venezuela recibieron la noticia más esperada. Apenas cuatro días después de la caída del dictador Nicolás Maduro, serían puestos en libertad.
Sin embargo, desconocían que esa liberación llegaría acompañada de otras restricciones que los seguirían incluso al llegar a Madrid, tras 30 horas de viaje.
José María Basoa, Andrés Martínez, Miguel Moreno Dapena,Ernesto Gorbe y Rocío San Miguel abandonaron sus celdas diez horas antes de que Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana— anunciara públicamente la liberación de un «primer grupo» de «personas excarceladas».
La supuesta mediación de José Luis Rodríguez Zapatero fue destacada como parte importante en el discurso oficial, aunque no se mencionaron las condiciones restrictivas impuestas.
Antes de abordar el avión rumbo a Colombia, las autoridades chavistas dejaron claro: «No podrán comunicarse. Habrá limitaciones para hablar con la prensa… es parte del acuerdo», explicaron los representantes del régimen.
Un vuelo comercial los condujo hasta Bogotá, donde permanecieron cuatro horas en el área de tránsito. Desde allí, otro avión los trasladó a Madrid.
Las autoridades españolas comunicaron una ruta que finalmente no se cumplió. Al llegar a la hora estimada a Barajas, los cinco ya estaban siendo conducidos a una reunión con funcionarios españoles en una sala cercana a la pista.
Sus familiares, que aguardaban expectantes en la sala 10 de la T4, no recibieron información oficial.
Transcurrían las horas y los liberados, «muy cansados», según relató uno mediante un mensaje móvil, intentaban comunicarse con sus seres queridos: «No parece que nos permitan hablar», comentaba uno. «Creo que nos trasladarán con la Policía en vehículos oficiales», añadió.
Una secretaria de Estado del Ministerio de Exteriores los reunió en la sala junto a la pista antes de los abrazos.
No habría contacto con la prensa. En esa reunión se les confirmaron las limitaciones. Finalmente, los cinco españoles, tras una experiencia angustiante, fueron informados de que serían llevados directamente a sus alojamientos.
Sin «imagen de victoria»
«También nos arrebataron la imagen de la libertad», se lamentó uno de los ex presos políticos en una conversación posterior. Era una «foto de triunfo» de alto impacto.
Habría significado una prueba para quienes, «en la izquierda española», llevan años negando la presencia de presos políticos en Venezuela.
Alrededor de las 13:00 horas, uno de los cinco logró comunicarse: «Ya nos sacaron. Nos acompaña la Policía española».
Los cinco presos políticos excarcelados tienen nombres, rostros e historias que el régimen intentó borrar por meses. Sus situaciones van más allá de la política internacional, tocando la dignidad humana y la soberanía democrática.
Basoa, originario del País Vasco, fue detenido en septiembre de 2024 en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, junto a Martínez Adasme. El régimen los acusó de mantener vínculos con el CNI español y participar en un presunto plan para atentar contra Maduro, además de conspiración y terrorismo.
Nunca se confirmó en qué centro de detención estuvieron recluidos.
Moreno Dapena, periodista de Canarias, fue capturado en Guatire, específicamente por su labor informativa. Aunque el chavismo nunca formalizó cargos oficiales contra él, su caso refleja la represión a la libertad de expresión.
Gorbe, valenciano, fue arrestado en diciembre de 2024. Aunque la detención se formalizó por tener un visado vencido, fue acusado de «extorsión policial«. Organizaciones de derechos humanos han documentado que el régimen emplea estos cargos arbitrariamente para extorsionar a los gobiernos de origen.
San Miguel, la única con doble nacionalidad hispano-venezolana, activista de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, fue encarcelada en el Helicoide, foco de tortura en Venezuela, por denunciar abusos dentro de las fuerzas armadas.
Derechos constitucionales
Los líderes de la diáspora venezolana en España han denunciado con firmeza que las «restricciones de comunicación» fueron aceptadas por el Gobierno español como una imposición del régimen chavista.
«¿Qué imagen de democracia se proyecta si se limitan derechos civiles y libertades constitucionales de ciudadanos españoles?», cuestionó una fuente cercana a los liberados.
Sergio Contreras, presidente de Refugiados Sin Fronteras, esperó en Barajas. Él mismo conoce la represión, tras haber sufrido tortura en la prisión militar de Ramo Verde.
«Rocío San Miguel estuvo presa en el epicentro de la tortura en el mundo occidental», señaló en Barajas. «Más allá de las condiciones de reclusión, lo más grave es la presión psicológica sobre ella y todos sus familiares».
Contreras confirmó lo que pocos querían aceptar: no habría celebración pública. «Nos quedamos con las ganas de recibirlos aquí», lamentó. La liberación era real, aunque parcial, debido a que las restricciones permanecían vigentes al menos durante su llegada.
«Se sabe que ningún preso político en Venezuela está en buenas condiciones», prosiguió Contreras. «Las condiciones de detención en ese país figuran con las peores, según los informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas».
El representante de la diáspora insistió en la necesidad de comprensión. «Muchos de ellos también tienen familiares y propiedades en Venezuela«, recordó. «Aunque no se les permitió decidir con plena libertad, hay que contemplar las presiones que enfrentan».
«Es inaceptable»
Pero, ¿por qué el Gobierno español consintió estas «restricciones»? ¿Por qué una secretaria de Estado las ratificó en una sala junto a la pista? ¿Por qué Jorge Rodríguez «agradeció» a Zapatero su intervención?
«Tras años de detención forzosa y humillante, después de los abusos constantes y las condiciones crueles del régimen, es degradante e inaceptable que se dobleguen a estas imposiciones», denunció un líder de la diáspora, que prefirió mantenerse en anonimato para proteger a otros presos políticos.
La ironía era evidente: «Cinco españoles pisaron suelo español, pero la democracia que los recibe no es completamente la suya«.
Rocío San Miguel, la activista que denunció ilegalidades en el Ejército venezolano, no hablaría. Los otros cuatro, aunque teóricamente sin las mismas restricciones, también permanecerían en silencio, «al menos, por el momento».
El temor a represalias contra sus familiares en Venezuela superaba la libertad conquistada. «El presidente electo, Edmundo González, también está extorsionado, porque su yerno lleva un año detenido ilegalmente y desaparecido».
Treinta horas de viaje hacia la libertad concluyeron con una llamada desde un vehículo policial: «Nos vemos otro día». La libertad llegó a Madrid, aunque de manera incompleta.