El antiguo ministro deberá buscar otro abogado mientras permanece encarcelado en Soto del Real.
El despacho Chabaneix Abogados Penalistas ha remitido un documento al Tribunal Supremo comunicando la renuncia a representar al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, según ha confirmado EL MUNDO.
El motivo, de acuerdo a lo informado por Abc, son los desacuerdos económicos que han obligado al ex secretario de Organización del PSOE a encontrar un nuevo representante legal. La falta de pago de honorarios ha llevado al despacho de Luis Chabaneix, específicamente al ex fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, a desistir en la defensa.
Bautista presentó ante el juez instructor del caso Koldo, el magistrado Leopoldo Puente, un escrito que dice lo siguiente: «De conformidad con lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 50 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, renuncia a la defensa letrada del Sr. José Luis Ábalos Meco. Para evitar la indefensión, solicita la suspensión de los plazos procesales pendientes. Dicha renuncia ha sido comunicada formalmente al cliente mediante visita al centro», refiriéndose a la cárcel madrileña de Soto del Real.
El ex titular de Transportes ya había cambiado de abogado en octubre pasado, cuando manifestó tener «diferencias irreconciliables» con el abogado José Aníbal Álvarez.
Este profesional le aconsejó inicialmente colaborar con la Justicia para intentar obtener un atenuante; luego, al negarse Ábalos a admitir los hechos presuntamente delictivos, le sugirió renunciar a su escaño y aplazar el juicio en el Supremo, lo que derivó en que la causa fuera trasladada a la Audiencia Nacional.
Por su parte, el Alto Tribunal ha señalado para el 15 de enero la audiencia relativa a la prisión preventiva del ex ministro. Para entonces, el imputado podrá designar a un nuevo abogado, ser asistido por uno de oficio o, si corresponde, el Supremo puede solicitar la presencia de Chabaneix en la vista, dado que fue este despacho quien interpuso el recurso contra la medida cautelar.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una condena de 24 años de prisión para el ex miembro del Ejecutivo por organización criminal y varios delitos de corrupción. Mientras tanto, las acusaciones populares exigen una pena de 30 años por hasta seis ilícitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documentos oficiales, prevaricación y malversación de fondos públicos.