Un estudio de Fedea alerta sobre la elevada concentración territorial de las renovables y sugiere compensaciones para los municipios más afectados
El crecimiento de las energías renovables en España avanza rápidamente. Estas tecnologías sostenibles son fundamentales para alcanzar los objetivos climáticos establecidos por Europa, y en 2025, el país marcó un récord al superar los 100 gigavatios (GW) de capacidad instalada total. Sin embargo, esta expansión no se distribuye equitativamente a lo largo del territorio, concentrándose principalmente en municipios rurales con baja densidad de población, muchos de ellos ubicados en la denominada España vaciada. Estos territorios hacen un esfuerzo considerable que, en general, no suele ser compensado.
En varias de estas localidades, las infraestructuras de energías renovables, en su mayoría terrestres como parques eólicos y plantas solares de gran tamaño, pueden abarcar más del 20% de la superficie municipal e incluso superar el 30% en los casos más extremos. Aunque cerca de la mitad de los municipios españoles dispone de algún tipo de instalación renovable, el impacto territorial se concentra en un pequeño grupo de poblaciones.
Aproximadamente 300 municipios, que representan menos del 5% del total nacional, soportan la mayor parte de la ocupación del suelo vinculada a la instalación de renovables. Según un estudio reciente realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en estas áreas residen cerca de un millón de personas. Se trata, en su mayoría, de pueblos rurales con baja densidad poblacional y donde la disponibilidad del terreno, la calidad de los recursos naturales y la escasa presión urbanística los convierten en los destinos preferentes para la transición energética.
Un impacto territorial considerable con escasas compensaciones
El desafío, además, radica en la distribución de costos y beneficios. Estas localidades sufren transformaciones en el paisaje, modificaciones en el uso del suelo y tensiones sociales derivadas de la construcción de infraestructuras energéticas a gran escala. A diferencia de otros sectores del sistema energético, no existe un mecanismo estatal que proporcione compensaciones directas y sistemáticas a los municipios más impactados por el despliegue de renovables.
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Más allá de los impuestos locales comunes o de ciertos cánones autonómicos, que varían según la región, muchos de estos municipios no reciben una compensación proporcional al impacto que asumen. Lo anterior contrasta con la situación de la energía nuclear, donde el Estado sí reconoce el impacto territorial y acompaña esta realidad con mecanismos compensatorios.
A pesar de que la huella espacial de las renovables es significativamente mayor, ese reconocimiento institucional aún no se ha materializado. A esto se añade una creciente oposición social hacia las energías verdes en zonas rurales, que comienza a convertirse en un obstáculo real para la instalación de nuevos proyectos. Esta resistencia no surge del rechazo a las energías limpias, sino de la percepción de que los beneficios de la transición verde se distribuyen nacionalmente, mientras que los costos territoriales recaen localmente.
Propuestas para financiar compensaciones a los municipios afectados
Frente a este escenario, el estudio de Fedea, elaborado por Diego Rodríguez, presenta una propuesta concreta para corregir esta desigualdad y avanzar hacia una transición energética territorialmente más justa. El punto de partida es que, dado que el despliegue de renovables es indispensable para alcanzar los objetivos climáticos y que se concentra en ciertos territorios rurales, debería establecerse un sistema de compensación específico para estos municipios.
La propuesta contempla la creación de un mecanismo estatal de transferencias destinado a los municipios más afectados territorialmente por las energías renovables. Para identificarlos se toma en cuenta el porcentaje de superficie municipal ocupada por estas instalaciones. Así, aquellos que se encuentren en el rango más alto de la distribución (por ejemplo, por encima del 90% de ocupación relativa) serían quienes recibirían las compensaciones.
La clave reside en la financiación. Según Fedea, no se trataría de imponer nuevos impuestos sobre las plantas renovables, lo cual podría generar inseguridad jurídica, sino de utilizar una parte de los ingresos que España obtiene por la subasta de derechos de emisión de CO₂. En los últimos años, estas subastas han generado varios miles de millones de euros anuales. Además, la normativa europea ya establece que el 100% de estos recursos debe destinarse a políticas vinculadas con el clima y la transición energética.
De los hogares a los ayuntamientos: la fórmula para la distribución
El estudio también subraya que una parte significativa de estos fondos no se está empleando eficazmente o permanece pendiente de asignación. Canalizar una fracción de estos recursos hacia la compensación de los municipios rurales más impactados encajaría tanto con la legislación europea como con la lógica económica de disminuir las resistencias territoriales al desarrollo renovable.
Fedea propone, como ejemplo, un fondo anual aproximado de 100 millones de euros, que permitiría transferencias alrededor de 100 euros por habitante y año en los municipios seleccionados. La cantidad podría adaptarse según la intensidad del impacto, de modo que aquellos pueblos con mayor porcentaje de terreno ocupado reciban una compensación mayor.
Respecto a la modalidad de aplicación de estas transferencias, el documento analiza varias opciones: pagos directos a los hogares, descuentos en la factura eléctrica o transferencias a los ayuntamientos. Aunque las compensaciones directas serían más visibles para los ciudadanos, el estudio considera que la vía municipal es administrativamente más sencilla y permitiría a los consistorios decidir si destinan los fondos a servicios públicos, inversiones locales o incluso ayudas directas a los vecinos.