Firma un comunicado conjunto con Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay para expresar su «rechazo» y «profunda preocupación» respecto a la detención de Maduro
Inicialmente, a través de una carta dirigida a la militancia del PSOE y con su firma como secretario general del partido, Pedro Sánchez ya manifestó el domingo por la mañana, un día después de la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU para juzgarlo por narcoterrorismo, su «condena rotunda» a esta acción unilateral emprendida por la mayor potencia mundial. De esta forma, el presidente español respondía a las presiones de los partidos de izquierda que desde la víspera le exigían abandonar la postura de cautela que mantuvo al inicio, tras la confirmación por parte de la Casa Blanca sobre la detención del mandatario venezolano y su traslado a una prisión en Nueva York.
Posteriormente, el Gobierno difundió un comunicado conjunto firmado con Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay —naciones que hasta ahora han adoptado una posición tibia frente a las violaciones de derechos cometidas por el régimen bolivariano— para mostrar su «profunda preocupación y rechazo ante las acciones militares realizadas unilateralmente en territorio venezolano», las cuales, advierten, «contravienen principios fundamentales del derecho internacional, especialmente la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados, establecidos en la Carta de las Naciones Unidas».
En la denuncia acordada de forma «colegiada» por las seis naciones —según fuentes de Moncloa y que el Ministerio de Exteriores atribuye directamente a Presidencia— se señala que la intervención estadounidense en Caracas «constituye un precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional, poniendo en riesgo a la población civil». Además, expresan inquietud frente a «cualquier intento de control gubernamental, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos».
La política internacional ha sido uno de los pilares a los que Sánchez se ha aferrado para mitigar el impacto del avance de las investigaciones judiciales sobre su círculo cercano, varios ministerios y la cúpula de Ferraz, intentando evitar la fragmentación del bloque de investidura en el Congreso. En 2024, impulsó el reconocimiento del Estado de Palestina en Europa tras la masacre de civiles cometida por Israel, incluso realizando una gira para buscar apoyos que finalmente solo pudo sumar a Irlanda y Noruega. Un año después, países como Francia, Portugal, Malta y Luxemburgo siguieron esa línea.
En su primera declaración pública el sábado sobre la detención de Maduro, el presidente español utilizó su cuenta oficial de X para hacer un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad, advirtiendo al mismo tiempo que «hay que respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas». Siete horas después, tras la intervención de Trump para dar detalles sobre la captura, añadió que «España no reconoció al régimen de Maduro», pero que tampoco respaldaría una intervención que infringe el derecho internacional y arrastra a la región hacia un escenario de incertidumbre y belicismo.
Sin embargo, la condena explícita a la decisión no fue expresada por Sánchez hasta al día siguiente, cuando la introdujo en una carta dirigida teóricamente a los afiliados socialistas. En ese texto, también aprovechó para destacar el papel de su Ejecutivo tras la ruptura de relaciones por parte de Junts, que le ha dejado sin mayoría necesaria para aprobar los Presupuestos. «La reciente violación del derecho internacional en Venezuela, hecho que condenamos rotundamente, así como el sufrimiento de los pueblos de Ucrania y Palestina, subrayan la importancia de disponer en España de un Gobierno que abogue por el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos, siempre y donde sea», escribió. Se posiciona así como un muro contra «la internacional ultraderechista», donde se inscriben desde PP y Vox hasta Trump.
Desmarque de Bruselas
Sánchez, que retomará su agenda pública el 6 de enero en la celebración de la Pascua Militar sin que —según Moncloa— esté previsto por el momento que realice una declaración pública sobre Venezuela, vuelve a distanciarse de la postura oficial mantenida hasta ahora en Bruselas. En mensajes publicados en X, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, defendieron el sábado que debe haber una «transición pacífica» en Venezuela basada en el «respeto a la legislación internacional», sin entrar en valoraciones adicionales.
En el comunicado firmado por los gobiernos de Sánchez, Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (en funciones en Chile), Gustavo Petro (Colombia), Claudia Sheinbaum (México) y Yamandú Orsi (Uruguay), todos ellos de tendencia izquierdista y algunos, como Petro y Sheinbaum, amenazados por el presidente de EEUU, solicitan que la situación «se resuelva exclusivamente a través de vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional». No se hace referencia en ningún momento a los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024, que España rechazó reconocer hasta que Maduro presentara las actas de manera «íntegra y verificable», lo que nunca ocurrió.