Se sostiene que, aunque la sentencia «no lo menciona», está «demostrado» que cuando el correo electrónico llegó al ex fiscal general del Estado «ya había sido divulgado».
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo la revocación de la sentencia contra Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El recurso de nulidad de actuaciones respecto a la sentencia del Tribunal Supremo firmado por la teniente fiscal, María de los Ángeles Sánchez Conde, pide la anulación del fallo y, subsidiariamente, la supresión de la indemnización concedida a Alberto González Amador por daños morales, así como la eliminación de la condena al pago de las costas impuestas a la acusación particular.
En el escrito la Fiscalía argumenta la procedencia procesal del incidente de nulidad planteado; la violación del derecho a la presunción de inocencia; la transgresión del principio acusatorio; la infracción del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE); y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Se afirma que el Tribunal Supremo «omitiendo toda explicación», no considera el testimonio de numerosos testigos, ni tampoco «el hecho públicamente reconocido» de que el correo electrónico ya había sido divulgado por los medios antes de que García Ortiz lo recibiera. «Cuando el correo llegó al Fiscal General del Estado ya había sido difundido y eso está demostrado, aunque la sentencia lo obvie», concluye.
En esta línea, se señala que «se ha probado» que varios medios «publicaron entre los días 12 y 13 de marzo diversas noticias atribuyendo a la Fiscalía una actuación con motivaciones políticas en un caso penal, cuya base factual carecía de fundamento». «Estos mensajes dañinos y calumniosos contaron con la colaboración y apoyo mediático proporcionado por el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid», sostiene.
Testimonios de descargo «escasos»
«Esta insólita actuación se debió a que la investigación penal se dirigía contra el novio de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alberto González Amador, actualmente querellante y ubicado como implicado en una red de defraudación tributaria, contra quien la Fiscalía interpuso denuncia», destaca el Ministerio Público.
La Fiscalía señala que, de forma sorprendente, al concluir el análisis de los testimonios de descargo que la sentencia evalúa como «pocos», «por un lado, la misma reconoce que los periodistas tuvieron información por fuentes ajenas» a García Ortiz sobre el correo del 2 de febrero de 2024, pero, «por otro lado, no le concede peso alguno».
El documento indica que «es cuestionable que la pretensión de condena de la acusación particular mantenga coherencia con lo aceptado en la sentencia, dado que existen diferencias en la calificación jurídica de los hechos, en la petición penal y en la cuantía de las responsabilidades civiles, variaciones que no son menores».
La Fiscalía opina que la Sala «se limita, sin dar explicación alguna, a declarar que existe homogeneidad esencial, y además arguye que el Ministerio Público no presentó acusación».
«La sentencia afirma la existencia de homogeneidad esencial, pero en realidad ninguno de los requerimientos de la acusación particular fueron aceptados por la Sala, por lo que, en contraste con la afirmación categórica de homogeneidad esencial, persiste una heterogeneidad que, según la jurisprudencia de esa Sala, impide la imposición automática de las costas a la acusación particular. El hecho de que el Ministerio Fiscal no haya presentado acusación no otorga sustento legal a tal razonamiento», señala.
La Fiscalía subraya que la solicitud de condena de la acusación particular «no ha sido sancionada y, por ello, la condena en costas, incluyendo las derivadas de la acusación particular, carece de fundamentación».
La resolución del Tribunal Supremo supuso la salida de García Ortiz de un cargo al que accedió ya condicionado debido a que fue la mano derecha de su predecesora, la exministra de Justicia Dolores Delgado.
Un tribunal compuesto por siete magistrados, mayoritariamente conservadores y con dos votos discrepantes de magistradas progresistas, puso fin a un mandato que se había debilitado desde que cinco de esos magistrados decidieron, hace algo más de un año, el 16 de octubre de 2024, procesar a García Ortiz por la filtración de que la defensa de González Amador ofreció a Fiscalía admitir los dos delitos fiscales de los que se le investigaba a cambio de evitar la prisión.