El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades significativas en la gestión de personal de la Casa Árabe durante la dirección de Irene Lozano, que incluyen la creación de puestos a medida y la falta de documentación adecuada.
Se han identificado contratos menores realizados de forma irregular y carencia de actas de evaluación y documentos de respaldo en los procesos de selección, lo que complica la trazabilidad de las decisiones tomadas.
Al menos dos puestos fueron asignados a personas previamente contratadas mediante procedimientos irregulares y sin cumplir el requisito legal de solicitar varias ofertas.
Además, el informe advierte sobre la situación financiera crítica de la entidad, con pérdidas constantes, y critica la ausencia de supervisión por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y la IGAE.
El Tribunal de Cuentas ha puesto bajo escrutinio la gestión de personal de la Casa Árabe durante la etapa de Irene Lozano, exdiputada del PSOE que colaboró en la redacción del Manual de Resistencia junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El organismo ha señalado la existencia de «numerosas deficiencias e irregularidades» en la asignación de puestos y en los procedimientos de selección, especialmente en la creación de plazas a medida, precedidas por contratos menores irregulares y sin trazabilidad documental.
De acuerdo con el informe de fiscalización correspondiente a los años 2023 y 2024, Casa Árabe no dispone «formalmente de un sistema completo y estructurado de control interno» para la convocatoria, selección y contratación de su personal, además de carecer de un sistema adecuado para archivar y organizar la documentación.
El Tribunal enfatiza que esta situación «contraviene una actuación orientada a garantizar la legalidad y la transparencia» en el acceso al empleo público dentro de una de las principales instituciones dedicadas a la diplomacia pública en España.
En la práctica, esto implica que no se puede verificar el modo en que se tomaron ciertas decisiones ni las razones para seleccionar a unos candidatos en lugar de a otros. En la mayoría de los casos, «no existen actas de evaluación ni documentos que respalden las valoraciones realizadas».
El informe destaca también que la creación de los puestos, la definición de sus funciones y el establecimiento de sus retribuciones no se apoyaron en una planificación anticipada ni en una justificación adecuada, provocando solapamientos funcionales entre diferentes cargos.
Casos específicos
Sin embargo, el Tribunal presta especial atención a dos puestos de trabajo cuya creación y convocatoria contaron con la contratación previa, mediante contratos menores, de las mismas personas que finalmente resultaron seleccionadas.
Estos contratos menores se formalizaron sin solicitar las tres ofertas obligatorias (como exige la legislación) y carecieron de una justificación suficiente sobre la necesidad del servicio.
Además, las funciones de estos contratos coincidían con las de los puestos que posteriormente se integraron en la plantilla. Según el Tribunal, en ambos casos se observaron deficiencias e irregularidades en todas las etapas del proceso «para posibilitar la adjudicación a dichas personas».
Otro caso relevante corresponde a la plaza de Responsable de Relaciones Internacionales, Desarrollo online y Atención al alumnado, creada en junio de 2024 como parte de un proceso de estabilización del personal del Centro de Lengua Árabe.
El Tribunal señala que este puesto no existía previamente, por lo que no podía ampararse legalmente en un proceso autorizado exclusivo para plazas docentes.
También destaca que no se cuenta con autorización para la creación del puesto de Dirección de Marketing, Patrocinios y Comunicación, cuyo salario supera los 61.000 euros anuales, y cuyos deberes se superponen con otros cargos existentes sin documentación previa que justifique su establecimiento.
Las irregularidades alcanzan asimismo el diseño de las convocatorias. Hasta octubre de 2022, los procesos selectivos carecían de méritos o baremos objetivos, lo que provocaba que, en muchos casos, las evaluaciones resultaran subjetivas.
«Esta situación ocasionaba que en ocasiones se descartara a candidatos alegando que no cumplían todos los requisitos o solo algunos, aunque los escogidos tampoco cumplían plenamente con estos», señala el informe.
Además, las convocatorias no eran publicadas en el Boletín Oficial del Estado, incumpliendo lo establecido en la normativa vigente.
Situación financiera «crítica»
Desde la perspectiva económica, el Tribunal advierte que Casa Árabe enfrenta pérdidas recurrentes cercanas al millón de euros anuales, con gastos de gestión que superan los tres millones, lo que coloca a la entidad en una «situación financiera crítica que compromete su viabilidad».
La renuncia de Irene Lozano en febrero de este año ocurrió en un contexto de descontento interno por la gestión económica. Además, se indica que su expediente de contratación carece de títulos académicos y ‘currículum vitae’.
El órgano fiscalizador también cuestiona la eficiencia de las actividades de Casa Árabe debido a la carencia de planificación estratégica y de indicadores de impacto, observando que la mayoría de las iniciativas tuvieron lugar en España, sin evidencias claras de su efecto en las sociedades árabes.
Esto contradice la Estrategia de Acción Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, que afirma que el trabajo de Casa Árabe es «esencial» para proyectar la imagen y los intereses españoles internacionalmente.
Finalmente, el Tribunal critica tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores como a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) por la falta de una supervisión efectiva y constante de la entidad, ya que no se registran evaluaciones ni informes de control durante el periodo auditado.
Lozano accedió a esta entidad en noviembre de 2021, tras renunciar a su escaño en la Asamblea de Madrid. Aunque inició su carrera política en UPyD e intentó incorporarse a Ciudadanos, terminó en el PSOE como diputada nacional, secretaria de Estado de España Global y posteriormente presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD).