La Oficina de Conflictos de Intereses autorizó el nombramiento de Antonio Hernando como secretario de Estado de Telecomunicaciones, pese a su experiencia previa como lobista para compañías del sector, incluyendo Huawei.
La esposa de Hernando, Anabel Mateos, asumió la cartera de clientes relacionada con Huawei cuando él se trasladó a la Moncloa, y continuó gestionando esa cuenta durante el tiempo en que él fue director adjunto del Gabinete de Sánchez.
No hubo una autorización formal específica para el cargo de Hernando; únicamente se revisaron su declaración de actividades, currículum y un informe que reconoció la ausencia de riesgo de incompatibilidad.
Existen grabaciones y agendas que vinculan a Hernando y otros involucrados con una supuesta red de influencias destinada a obtener contratos públicos, con conexiones tanto a empresas chinas como a la consultora Acento.
La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública encabezado por Óscar López, otorgó su aprobación para que Antonio Hernando pudiera desempeñar el cargo de secretario de Estado de Telecomunicaciones.
Dicha Oficina forma parte del mismo Ministerio que llevó a cabo su nombramiento y emitió una aprobación sin reservas para que Hernando ocupara el puesto de viceministro, incluso contando con su anterior trabajo como lobista para empresas del sector, como Huawei, a través de la consultora Acento.
Además, no se tuvo en cuenta la evidencia de que Anabel Mateos, su esposa, se hizo cargo de esa cartera de clientes tras la incorporación de Hernando a la Moncloa.
De hecho, Mateos gestionaba la cuenta de Huawei en Acento mientras Hernando ejercía como director adjunto del Gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa, también bajo la supervisión de López.
Según informó la propia Oficina a EL ESPAÑOL, no se llevó a cabo ninguna autorización formal; para Hernando fue suficiente presentar «su declaración de actividades, su currículum y un informe de idoneidad».
El organismo, dirigido desde 2018 por Flor María López Laguna, señaló que «tras examinar esta documentación, la Oficina de Conflictos de Intereses concluyó que no existía ningún riesgo ni incompatibilidad«.
El caso más controvertido es el mencionado de Huawei, pero EL ESPAÑOL también reveló en exclusiva el pasado 10 de noviembre que Hernando y Blanco coordinaban una trama para conseguir contratos destinados a la constructora Grupo Puentes.
Fuentes del caso aseguran que existen grabaciones que implican a Hernando, Blanco y a la empresa china en una red de influencias dentro del Ministerio de Transportes.
Asimismo, en la agenda de Koldo García figuran múltiples encuentros con Pepe Blanco, José Manuel Otero y Miguel Duch, enlace entre China y Acento que fue investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debido a sus vínculos con los servicios secretos de Pekín.
Duch, cuyo nombre real es Fangyong Du, fue socio de Acento en la operación para vender el Grupo Puentes al gigante chino China Communications Construction Company (CCCC) a través de su empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC).
Versiones del currículum
La entidad no aclara qué versión del currículum fue evaluada, dado que, como reveló EL ESPAÑOL, la conexión de Hernando con la tecnológica china se estableció gracias a Acento y a la actividad profesional de su esposa, actual adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE.
En la biografía oficial de Hernando publicada en la web del Ministerio, los dos años durante los que trabajó para la empresa de José Blanco se reducen a una breve referencia: «Fue director general de la consultora Acento Asuntos Públicos».
Por su parte, el historial de su esposa omite esa experiencia profesional y la cartera de clientes que administraba.
En el sitio web del PSOE, el perfil de la actual número tres del partido se limita a señalar que «en el sector privado, posee una trayectoria de más de doce años de experiencia, desarrollada, entre otros ámbitos, en consultoría empresarial».
Ante las preguntas de EL ESPAÑOL sobre si esta relación podría haber provocado un conflicto de intereses, la Oficina se remite a la Ley 3/2015, de 30 de marzo, que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado.
Este reglamento determina que existe conflicto «cuando están afectados los intereses familiares, incluidos los del cónyuge o persona que conviva en análoga relación afectiva, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad».
En años recientes, los contratos públicos con Huawei se han incrementado notablemente, especialmente desde el Ministerio del Interior, aunque hace seis años Defensa ordenó “desconectar de inmediato” sus dispositivos. Hace solo unos meses, este diario reveló que fuentes policiales confirmaban que “el wifi, los ordenadores” pertenecían a Huawei.
La Oficina de Conflictos de Intereses subraya que el análisis de dichos contratos no forma parte de sus competencias y que no existen mecanismos específicos para evaluar posibles conflictos asociados a empresas extranjeras.
Además, indica que no ha recibido denuncias ni alertas sobre este asunto, a pesar de que el PP lo ha llevado al Congreso solicitando la comparecencia de Hernando por un probable conflicto de intereses.
Bajo la sombra de la «politización»
Por otra parte, el Partido Popular ya presentó en marzo de 2024 una denuncia ante la Oficina con un planteamiento similar, esta vez para que se investigara si Pedro Sánchez debía haberse abstenido en los Consejos de Ministros que aprobaron el rescate de Air Europa por los vínculos profesionales de su esposa, Begoña Gómez.
Los populares argumentaban que la actividad de Gómez en el IE Africa Center y su convenio con el grupo Globalia, matriz de la aerolínea, podrían implicar un conflicto de intereses prohibido por la legislación vigente.
La Oficina archivó dicha denuncia en pocos días, indicando que el PP carecía de legitimación y apoyándose en un informe de la Secretaría General de la Presidencia que demostraba que Gómez no mantenía relación laboral o profesional con Air Europa.
Tras el recurso del PP y la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el organismo reabrió el caso, aunque lo volvió a archivar, en cuestión de horas, en septiembre de 2025.
La resolución confirmó que no había evidencia suficiente de una relación profesional significativa entre Gómez y el grupo Globalia que obligara a Sánchez a abstenerse.
«Esta resolución confirma que la Oficina de Conflictos de Intereses opera al servicio de Sánchez«, denunció en ese momento la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra.