Rubén Alcaine, exvicepresidente de la organización, presentó una denuncia en la que acusaba a la presidencia de actuar al margen de los estatutos para forzar su salida.
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El proceso judicial que afecta al deporte español ha alcanzado un nuevo blanco. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha decidido iniciar un expediente sancionador contra Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (Liga F), así como contra su director general, Pablo Vilches.
Esta resolución, tomada a finales de 2024, responde a la denuncia presentada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y amenaza con desmantelar la cúpula del fútbol femenino en un momento complejo.
El conflicto tiene su raíz en la división interna que persiste en la patronal desde hace dos años. Rubén Alcaine, exvicepresidente de la organización y crítico con la gestión actual, interpuso una denuncia en junio, acusando a la presidencia de maniobras contrarias a los estatutos para forzar su salida.
Alcaine, apartado posteriormente de sus funciones y censurado por la Asamblea, sostiene que Álvarez cometió abuso de poder y vulneró derechos fundamentales para asegurarse el control sobre la institución.
El TAD investigará ahora si, según lo alegado por el denunciante, la presidenta incurrió en infracciones consideradas muy graves. Entre los asuntos bajo evaluación está la supuesta convocatoria irregular de la Asamblea General que ratificó la destitución de Alcaine.
La denuncia señala que dicha convocatoria se realizó unilateralmente, sin pasar por la Comisión Delegada, tal como exigen los procedimientos. Asimismo, se cuestiona la validez de las votaciones, indicando que participaron clubes que ya habían descendido, lo que podría haber alterado fraudulentamente las mayorías necesarias para validar la moción de censura.
Otro aspecto clave del expediente gira en torno a la supuesta falta de transparencia en la gestión. Según la denuncia, se habría negado al exvicepresidente el acceso a documentación contable crítica y a las actas de las reuniones, dificultando su labor de supervisión interna.
Este conjunto de acusaciones, que el CSD consideró inicialmente fundamentadas a comienzos de mes, coloca a Álvarez en una situación de alto riesgo: si se confirman las infracciones, podría enfrentarse a sanciones que la apartarían del cargo de dos a quince años.
La acción del CSD, bajo la dirección de José Manuel Rodríguez Uribes, puede interpretarse como un gesto de firmeza del Gobierno hacia los dirigentes del fútbol profesional, estableciendo un claro paralelismo con la presión ejercida recientemente sobre Javier Tebas al frente de LaLiga.
Beatriz Álvarez se encuentra ahora ante el desafío más complejo de su carrera. La batalla no se libra en el campo de juego, sino en los despachos, y su desenlace podría redefinir el liderazgo del fútbol femenino español justo en un momento que requiere estabilidad para afianzar su desarrollo.