La jueza encargada de la investigación sobre la gestión de la dana en Valencia ha solicitado a Feijóo los mensajes de WhatsApp que él envió a Carlos Mazón el día en que tuvo lugar la catástrofe, con el objetivo de aportar contexto a la conversación.
Feijóo ya había entregado los mensajes recibidos de Mazón y afirma que no ha ocultado información, mientras que la jueza le permite declarar como testigo vía videoconferencia desde el Congreso.
La magistrada también ha ordenado transcribir un vídeo de RTVE en el que Feijóo narró su comunicación con Mazón tras la dana, corrigiendo un error respecto a los días en que ocurrieron los hechos.
El Colegio de Abogados de Valencia ha entrado en conflicto con la jueza por su trato hacia un abogado, generando una pieza separada tras la difusión de una imagen de la magistrada junto a su familia.
La juez que investiga la gestión de la dana en Valencia ha solicitado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que entregue también los mensajes de WhatsApp que él remitió a Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, el 29 de octubre de 2024, fecha de la tragedia.
Esta decisión judicial, reflejada en una resolución emitida este lunes, ha causado «sorpresa» dentro del PP.
El político gallego ya había remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja los mensajes que le envió Mazón. «Los que la jueza solicitó», aseguran desde Génova 13, donde descartan que el líder del PP «oculte información», como afirma el PSOE.
Sin embargo, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra también pide que Feijóo aporte «voluntariamente» los mensajes enviados por él al entonces president valenciano. ¿Con qué fin? Para «contextualizar» los mensajes ya recibidos.
Según la jueza, expresiones como «gracias, presi» (mensaje de Mazón a las 20:08), un «luego te cuento» (20:09), o «estamos desbordados» (21:45), entre otros, «justifican que estos whatsapps, así como el resto aportado, puedan entenderse en el marco de una conversación».
Pero, como recuerdan fuentes del PP, se trata de mensajes «privados» que residen en el móvil del líder de la oposición, un cargo que además goza de aforamiento.
Cabe destacar que Mazón no está siendo investigado en esta causa y que Feijóo no tenía responsabilidad alguna en la gestión de la dana.
En la misma resolución en la que invita al líder del PP a aportar los demás wasaps, la juez también autoriza que su declaración como testigo, pautada para el 9 de febrero, se realice por videoconferencia en lugar de presencialmente.
No obstante, la magistrada señala que «se han realizado desplazamientos desde localidades más distantes que Madrid y con peores comunicaciones».
«Una testigo que goza del mismo privilegio según el número 10 del apartado 5º del art. 412 de la LECrim, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, declaró en el Juzgado», dice la magistrada comparando.
A pesar de ello, permite a Feijóo prestar declaración como testigo desde su despacho en el Congreso de los Diputados.
A mediados de diciembre, la instructora ya aceptó la petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, constituida como acusación particular, para citar al político gallego.
En esa ocasión, la juez indicó que lo hacía para que el líder del PP pudiera «explicar los comentarios» que Mazón pudo «haber realizado» el 29 de octubre de 2024, «a consecuencia de las conversaciones» con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien está siendo investigada en este procedimiento.
Finalmente, la juez ordenó este lunes otra diligencia relacionada con Feijóo: la transcripción de un vídeo grabado por RTVE dos días después de la dana.
En dicho vídeo, el presidente del PP declaró: «El president de la Generalitat [Mazón], desde el pasado lunes, me ha estado informando en tiempo real y me decía que la situación era muy complicada y que desde el martes ya me informó, igual que ayer, que tememos que haya más víctimas mortales».
En uno de los tres escritos que Feijóo envió a la instructora el 24 de diciembre aclaraba que la mención al lunes fue «un error», dado que la dana ocurrió un «martes».
Otras polémicas
Esta no es la única controversia reciente generada por la instructora. En noviembre pasado, el Colegio de Abogados de Valencia decidió confrontar con Ruiz debido al trato dispensado a José María Bueno Manzanares, abogado de Emilio Argüeso (ex número dos de Emergencias investigado en el caso) y representante legal del sindicato Manos Limpias.
La asociación de abogados solicitó a la magistrada cesar el «descrédito» hacia dicho letrado.
El abogado solicitó al Colegio de Abogados protección por dos motivos: la negación de expedición de certificaciones y la apertura de la pieza separada para determinar si procede sancionarlo por difundir imágenes de la jueza, su esposo y su hija menor.
El Colegio rechazó la primera solicitud, pero sí le concedió protección respecto a la segunda, en una resolución firmada por el decano, José Soriano, y aprobada por la Junta de Gobierno integrada por 13 miembros.
La jueza que investiga la dana abrió una pieza separada contra Bueno por el contenido de uno de sus escritos. En dicho documento incluía un enlace a una noticia que contenía una fotografía de la magistrada, su esposo y su hija menor en la sala judicial tras una declaración.
El abogado argumentó que era objeto de una pieza sancionadora iniciada debido a determinadas manifestaciones y peticiones procesales y sostuvo que este proceder judicial «podría perjudicar sus derechos y garantías profesionales como defensor en el ejercicio legítimo de su labor».
Asimismo, indicó que presentó diversas solicitudes y reclamaciones en relación con la imparcialidad del tribunal, requiriendo certificaciones y planteando la posible implicación en la instrucción de «personas ajenas al procedimiento», en alusión al esposo de la jueza, también magistrado.
El informe de la Guardia Civil
Además, la juez Ruiz calificó de «erróneo», defectuoso desde su origen y «claramente incompleto» un informe de la Guardia Civil que evaluaba la actuación de distintos organismos en la gestión de la dana. La Benemérita se pronunció de forma contundente sobre el rol de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Dicha entidad está presidida por el socialista Miguel Polo, a quien el Gobierno de España ha mantenido alejado de los medios por más de un año y a quien la instructora rechazó citar como investigado, desoyendo la petición de la asociación Liberum, una de las acusaciones populares.