El 40% de las embarcaciones dedicadas a la vigilancia por la Guardia Civil permanece inoperativa debido a fallos técnicos, además, el 83% supera su vida útil establecida.
En cuanto a la flota aérea, dispone de helicópteros con una edad media de 16 años, algunos con más de cuatro décadas en funcionamiento, y se anticipan próximas bajas por obsolescencia.
Casi la mitad (49%) de los fusiles de asalto tiene una antigüedad superior a 35 años, mientras que la edad de los vehículos afecta la seguridad y eleva los costes de mantenimiento.
El informe del Tribunal de Cuentas señala una insuficiencia estructural de inversión en el Ministerio del Interior, que dificulta la renovación periódica del equipamiento policial.
El Tribunal de Cuentas ha concretado en su informe más reciente las dificultades que enfrenta la Guardia Civil para combatir la delincuencia y el narcotráfico en zonas críticas como el Estrecho, atribuyendo esta situación a la falta de inversión por parte del Ministerio del Interior.
Actualmente, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil dispone de 51 patrulleras, 22 buques y 68 embarcaciones menores; sin embargo, el 83% de estas naves ha superado ampliamente su vida operativa.
Esto se refleja, según el Tribunal de Cuentas, en modelos obsoletos (lo que dificulta la obtención de repuestos), continuos problemas mecánicos y un aumento de los gastos de mantenimiento, que ascienden a 15,6 millones de euros anuales.
Un dato especialmente alarmante es que, a finales de 2024, más del 40% de las embarcaciones de vigilancia permanecían fuera de servicio por averías o tareas de mantenimiento.
La carencia de recursos ha tenido en ocasiones consecuencias fatales. Dos guardias civiles fueron asesinados en febrero de 2024 en la bahía de Barbate (Cádiz) tras ser atropellados por una narcolancha.
Los agentes habían sido enviados en una embarcación neumática tipo zódiac para detener la narcolancha, debido a que las tres patrulleras con base en Cádiz estaban averiadas.
Una situación similar se observa en la flota aérea de la Guardia Civil, también clave en labores de vigilancia y rescate. La flota actual ha quedado reducida a 36 helicópteros (tras la baja de siete unidades) y tres aviones.
La antigüedad promedio de estos aparatos es de 16 años, con varias unidades superando los 40 años en servicio, aunque su vida útil estimada es de 25 años.
De hecho, el Ministerio de Interior tiene previsto dar de baja próximamente otras 10 unidades, correspondientes a modelos fabricados antes de 1995.
El Tribunal de Cuentas señala que «la alta antigüedad de las unidades» representa un inconveniente debido a los costes elevados de mantenimiento y limitaciones en la capacidad operativa, incrementando también los riesgos para los agentes.
En 2005, la Dirección General de la Guardia Civil estableció un plan para adquirir 31 nuevos helicópteros, aunque finalmente solo se lograron comprar 13 unidades, apoyadas en fondos europeos.
La Institución ha intentado mitigar esta carencia mediante la adquisición de 468 drones, que resultan especialmente útiles en vigilancia, fotografía aérea, control de eventos, lucha contra incendios y búsqueda de desaparecidos.
La inversión del Ministerio de Interior en la compra de vehículos para la Guardia Civil también ha disminuido. Actualmente, el 8% de la flota es alquilada bajo fórmulas de renting y otro 10% proviene de confiscaciones, por ejemplo, a redes de narcotráfico o blanqueo.
Estos vehículos se utilizan con autorización judicial.
Además, el 21% de los turismos y el 26% de los todoterrenos cuentan con más de 15 años o más de 300.000 kilómetros, lo que incrementa sus costos de mantenimiento y el riesgo en su uso.
Gracias a los fondos europeos Next Generation, el Ministerio de Interior adquirió 1.599 vehículos híbridos y eléctricos para la Guardia Civil, que representan hoy un 6% de la flota.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas advierte que esta medida no resulta muy funcional para el cuerpo, especialmente en zonas rurales donde no existen puntos de recarga y la autonomía de los vehículos es limitada.
Respecto al armamento, el 49% de los fusiles de asalto usados tiene más de 35 años, resultado de la escasa inversión del Ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska.
Actualmente, el Ministerio del Interior invierte menos en la renovación del material de la Policía Nacional y la Guardia Civil que hace 17 años.
Así lo evidencia el informe del Tribunal de Cuentas, que alerta sobre una insuficiencia estructural de inversión que dificulta la modernización de ambos cuerpos policiales.
El análisis se centra en la evolución de los créditos para inversión en el programa presupuestario de Seguridad Ciudadana, del que dependen los gastos principales en vehículos, armamento, equipamiento técnico, infraestructuras y sistemas tecnológicos de Policía y Guardia Civil.
La comparación histórica es clara: en 2008 se presupuestaron 459 millones de euros para dichos fines, frente a los 263 millones asignados en 2024, el último ejercicio fiscalizado.
El Tribunal concluye que “existe una insuficiencia estructural de recursos para financiar las inversiones del Ministerio del Interior […], de modo que no hay financiación suficiente para atender las necesidades planteadas por las distintas unidades”.
Esta reducción continua en la inversión impacta directamente en la capacidad del departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska para renovar el equipamiento de los cuerpos policiales.
Según el Tribunal, el presupuesto habitual no permite sustituir de manera sistemática el material obsoleto, lo que obliga a priorizar la conservación de equipos envejecidos.
En la práctica, esto se traduce en flotas vehiculares con elevada antigüedad media y mayores costes de reparación y consumo.
El organismo fiscalizador indica que hay “un porcentaje significativo” de vehículos con “edad y kilometraje excesivos”, situación que “no es óptima para el servicio”.
Por ejemplo, indica que “el 35 % de los vehículos de la Policía Nacional tiene más de 100.000 kilómetros; el 50% supera los 5 años de antigüedad y un 25% más de 15 años”.
Además, la renovación de los equipos se hace de forma puntual con fondos europeos o programas excepcionales, no mediante una inversión estable ordinaria, generando una dependencia estructural en los recursos europeos.
El informe enfatiza que, aunque estos fondos han facilitado intervenciones concretas, su carácter es temporal y no estructural.
También se subraya la dependencia de contratos de arrendamiento o renting para vehículos, un modelo catalogado como “insostenible” a largo plazo.
Por ello, se recomienda al ministro del Interior diseñar un plan de renovación de flota a medio y largo plazo que equilibre el número de vehículos propios y en arrendamiento.
Otras carencias
Las deficiencias no se circunscriben únicamente al parque móvil. En armamento y equipamiento técnico, el informe tampoco detecta una política integral de modernización, sino reposiciones puntuales para mantener la operatividad.
Por ejemplo, en 2008 se adquirieron más de 12.000 unidades de armamento, mientras que en el último año fiscalizado no se superaron las 6.350.
Las conclusiones coinciden con las carencias denunciadas por agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil durante meses.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha declarado a El ESPAÑOL que la antigüedad de los vehículos «afecta directamente a la seguridad tanto de los agentes como de los ciudadanos».
«Además de ser ineficiente en términos de gasto público, es irresponsable mantener ‘vehículos zombis’; implica un gasto continuo en reparaciones y un riesgo constante», subrayaron.
Antonio Fernández Capilla, secretario de Comunicación de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), detalló en una entrevista con este medio otras deficiencias a destacar.
“También hay que considerar la falta de chalecos antibalas para todos los agentes, escasez de munición, carencias en uniformes, ausencia de pistolas eléctricas incapacitantes en todas las patrullas, y falta de medios marítimos y aéreos para combatir el narcotráfico, además de un déficit de unos 20.000 efectivos”.
Las asociaciones exigen un plan plurianual de inversiones que permita renovar alrededor de 2.000 vehículos anualmente, manteniendo una flota superior a 10.000 unidades con una antigüedad menor a cinco años.
“Patrullar con coches que tienen más de 300.000 kilómetros no es austeridad, es abandono institucional”, concluyen, subrayando la gravedad en la España rural y en un contexto de crecimiento de la delincuencia organizada.