Tras alcanzar el récord histórico en desembolsos tanto en diciembre como en el total de 2025, la Seguridad Social afronta el nuevo año con una revalorización general del 2,7%
Las pensiones de jubilación previstas para 2025 y su poder adquisitivo anticipan un panorama complicado para la población mayor.
En diciembre, la Seguridad Social ha pagado 13.750 millones de euros en pensiones, según datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta cantidad no solo representa un máximo histórico mensual en el sistema público español, sino que sitúa el gasto anual en pensiones contributivas durante 2025 en 189.598 millones de euros, superando el anterior récord.
De las 10,4 millones de pensiones distribuidas a 9,4 millones de pensionistas, la principal corresponde a la jubilación, recibida por 6,6 millones de personas. En diciembre, la pensión media del sistema alcanzó los 1.317,7 euros mensuales, mientras que la de jubilación se elevó a 1.512,7 euros, según la estadística oficial. También sobresalen las diferencias por género: los hombres perciben una media de 1.728 euros y las mujeres, de 1.209 euros, una brecha que el propio Ministerio vincula con trayectorias laborales más fragmentadas y precarias para ellas.
La pensión media de viudedad, otra modalidad importante, se sitúa en 937,6 euros al mes. En cuanto a la incapacidad permanente, el importe medio es de 1.211 euros. Además, 1,28 millones de pensiones incluyen un complemento para disminuir la brecha de género, con un 80% de beneficiarias mujeres y un valor medio de 75 euros mensuales.
El gasto crece un 6,2% en un año
Durante 2025, el sistema público alcanzó cifras sin precedentes, tras registrar un incremento del 6,2% en el gasto con respecto al año anterior. Sumando las prestaciones de clases pasivas, el gasto total supera los 200.000 millones. La distribución, detallada por el Ministerio, indica que tres de cada cuatro euros se destinan a pensiones de jubilación, con una nómina mensual de 10.054 millones, seguida por las de viudedad (2.203 millones), incapacidad permanente (1.278,7 millones), orfandad (177,7 millones) y prestaciones para familiares (36,7 millones).
El total mensual gestionado por el sistema ascendió a 162.985 millones de euros, a los que se suman 26.413 millones correspondientes a las dos pagas extraordinarias anuales. Esta masa financiera dedicada a la jubilación sostiene a más de 9 millones de personas, mayoritariamente hombres (4,8 millones) frente a 4,7 millones de mujeres.
Las pensiones continúan en ascenso en 2026
En medio del debate sobre el aumento del gasto en pensiones y el déficit del sistema, el Gobierno ha aprobado una revalorización general de todas las pensiones para 2026. Desde el 1 de enero, el incremento será del 2,7%, ajustado a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, conforme a la ley de garantía del poder adquisitivo. Las pensiones mínimas crecerán un 7%, mientras que las mínimas con cargas familiares, las de viudedad con cargas y las no contributivas tendrán un alza del 11,4%.
PP, Vox y Junts derogaron el decreto de incremento de pensiones, las ayudas al transporte y la DANA.
Este aumento implicará un incremento anual de 570 euros para quienes reciben la pensión media de jubilación y 500 euros para la pensión media del sistema en su conjunto. El complemento para la reducción de la brecha de género también se ajustará en un 2,7%. Tras esta actualización, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) prevé que el gasto en pensiones públicas podría alcanzar los 229.491 millones de euros en 2026, un incremento del 5,81% respecto a 2025.
El Gobierno ha integrado estas medidas dentro del denominado “escudo social”, un conjunto que incluye la prórroga del salario mínimo interprofesional en 1.184 euros brutos mensuales, incentivos fiscales para la movilidad eléctrica y la ampliación de ayudas sociales destinadas a colectivos vulnerables. El proceso parlamentario para aprobar la revalorización de las pensiones forma parte de una propuesta más amplia de medidas sociales, por lo que su ratificación dependerá del apoyo obtenido en las Cortes Generales.
*Con información de agencias