Vuelven a citar como investigados a Víctor de Aldama, Claudio Rivas, Carmen Pano y su hija
El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, ha convocado para enero a declarar como testigos en este proceso a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, quienes fueron jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.
Así se refleja en una providencia, consultada por EL MUNDO, que programa para el próximo 28 de enero las declaraciones de Díaz Bidart y Pons. En esa misma fecha, el juez ha vuelto a citar como investigado al empresario Claudio Rivas, señalado por los investigadores como el presunto cabecilla de la red de hidrocarburos vinculada a la compañía Villafuel.
Además, el magistrado ha convocado nuevamente como imputado al supuesto intermediario Víctor de Aldama para el 29 de enero y, en su misma condición, a las empresarias Carmen Pano, quien habría entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, y a su hija, Leonor González, para el 30 de enero.
De igual manera, Pedraz ha citado como testigos para el día 29 a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Sallés, administrador de una empresa, y para el 30 de enero a Álvaro Gallego, quien, según las investigaciones, podría haber estado vinculado a la retirada de 108.500 euros en efectivo.
Todas estas convocatorias han sido decididas a partir de la petición de la Fiscalía Anticorrupción. En su informe solicitando diligencias, el fiscal Luis Pastor afirma que la actividad delictiva se habría desarrollado de modo que, «el 19 de diciembre de 2020, Claudio Rivas, a través de Leonor María González Pano y María del Carmen Pano Sánchez, solicitó a Víctor de Aldama Delgado la posibilidad de intervenir con el entonces titular del Ministerio de Transportes y Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos Meco, para que ejerciera su influencia ante diferentes instancias ministeriales implicadas en la tramitación del expediente administrativo para otorgar el título de operador de hidrocarburos a Villafuel SL, a cambio de una compensación económica. Víctor de Aldama habría mostrado su disposición a mediar en atención a la contraprestación ofrecida».
El Ministerio Público añade que «la influencia fue canalizada a través del asesor del ministro, Koldo García Izaguirre, que contactó con varios responsables ministeriales: Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y Marc Isaac Pons Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por su parte, Víctor de Aldama intercedió ante el Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández».
La Fiscalía destacó que «las influencias ante distintas instancias ministeriales se llevaron a cabo en reuniones con Juan Ignacio Díaz Bidart, inicialmente de forma informal el 21 de diciembre de 2020, y posteriormente en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 28 de diciembre de 2020 y el 13 de enero de 2021, así como en los contactos que Koldo García Izaguirre mantuvo con Marc Isaac Pons Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los días 8 de abril y 8 de julio de 2021».
Una organización criminal
Por su parte, la UCO señaló en su último informe entregado a la causa que la red de hidrocarburos no solo habría logrado infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en las estructuras de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, que en ese momento estaban a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.
La red habría constituido «una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector clave de los hidrocarburos, que operaba mediante una estructura empresarial encabezada por la operadora Villafuel y otras entidades relacionadas con ese sector», según informa Europa Press.
«De manera paralela, dicha organización criminal contaba con otra estructura compuesta por mercantiles destinadas a perfeccionar operaciones orientadas al blanqueo de capitales obtenidos por las actividades ilícitas descritas», señala el informe policial.
La UCO establece que el inicio de las supuestas actividades delictivas se remonta a 2020, cuando el «entorno de la presunta organización criminal» solicitó a Aldama «que activara su red de contactos e intercediera para mediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes», con el fin de que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.
Asimismo, sostiene que la red habría destinado un millón de euros para influir en el empresario, el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García.