El juez Santiago Pedraz convoca a declarar como testigos a los exjefes de gabinete de Teresa Ribera y Reyes Maroto en relación con la trama de hidrocarburos.
La investigación apunta a que la compañía Villafuel realizó pagos ilegales para acelerar la obtención de la licencia como operadora de hidrocarburos.
Se sospecha que cerca de un millón de euros se usaron para influir en funcionarios públicos, incluyendo la adquisición de un chalé para el exministro José Luis Ábalos.
La trama implicaría a varios intermediarios y empleados públicos, con encuentros documentados en 2020 y 2021 destinados a favorecer a Villafuel.
Marc Pons y Juan Ignacio Díaz Bidart, quienes fueron jefes de gabinete de la exvicepresidenta Teresa Ribera —actual comisaria europea de Competencia— y de la exministra Reyes Maroto, deberán presentarse en la Audiencia Nacional a declarar como testigos el próximo 28 de enero.
Así lo estableció el juez central de instrucción Santiago Pedraz tras analizar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama de hidrocarburos centrada en Villafuel.
El informe muestra indicios de que se realizaron pagos ilícitos para facilitar la obtención del título de operadora por parte de Villafuel.
De acuerdo con los investigadores, Claudio Rivas, dueño de Villafuel, destinó mediante otra empresa (Have Got Time) alrededor de un millón de euros «para comprar la voluntad» de cargos públicos, penetrando estructuras administrativas con el fin de obtener influencias a cambio de dádivas y compensaciones ilegales.
La pesquisa ha revelado que Rivas recurrió al empresario Víctor de Aldama como intermediario para “conseguir la influencia” del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con el objetivo de que este presionara a los órganos ministeriales pertinentes para asegurar la autorización a Villafuel y eludir el cumplimiento de los requisitos legales, todo ello a cambio de una retribución económica.
La presunta influencia de Ábalos se canalizó, supuestamente, a través de Koldo García Izaguirre, asistente del exministro.
La UCO ha recabado información que indica que García Izaguirre contactó con Díaz Bidart y Pons con el propósito de beneficiar a Villafuel, realizando varias reuniones durante 2020 y 2021.
Por otro lado, Aldama intervino ante el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, con quien mantuvo contacto el 12 de marzo de 2021.
La UCO señala que, del millón de euros destinado a «comprar voluntades», 585.000 euros se destinaron a la compra de un chalé en Cádiz para “uso y disfrute de José Luis Ábalos”.
Otros 292.416 euros se habrían abonado a Aldama y 6.950 euros a Koldo García mediante un contrato laboral, entre enero y marzo de 2022, como consultor de seguridad para la empresa Instalíbero District, administrada por Manuel Sallés y vinculada a Claudio Rivas, según sostiene la investigación.
El juez Pedraz ha establecido para finales de enero un calendario de citaciones que incluye la declaración como investigados de Rivas, Aldama, Carmen Pano y Leonor González Pano. Esta última era administradora de Have Got Time y la anterior, que es su madre, participó en la primera reunión mantenida en el Ministerio de Industria con Díaz Bidart el 14 de enero de 2021.
Además de Díaz Bidart y Pons, el magistrado ha citado como testigos a Manuel Hernández García, Manuel Sallés (administrador de Instalíbero District) y Álvaro Gallego, quien está relacionado por la UCO con uno de los pagos presuntamente efectuados.