El Gobierno baraja ampliar el buzón antiacoso creado por el PSOE para incluir a partidos, sindicatos y empresas, pese a los problemas que se han detectado en su gestión interna.
En el PSOE, varios casos recientes de acoso sexual y laboral han puesto de manifiesto demoras y dificultades en el tratamiento y respuesta a las denuncias recibidas.
El protocolo antiacoso del PSOE ha recibido críticas por su baja efectividad y falta de transparencia, con dimisiones de algunos cargos tras la controversia.
Otros partidos políticos cuentan con sus propios protocolos antiacoso, aunque difieren en aspectos como la confidencialidad, gestión y alcance de las denuncias.
Cuando fue necesario ceder en algo tan importante como la ley de amnistía, Sánchez afirmó que era preciso «hacer de la necesidad virtud».
Ahora, frente a varios casos de acoso sexual en el PSOE, el jefe del Gobierno pretende adoptar otra premisa que se podría resumir como «hacer del fracaso virtud».
El Ministerio de Igualdad está valorando extender a partidos, sindicatos y empresas el buzón antiacoso implementado por el PSOE, a pesar de los fallos detectados en la gestión de las denuncias.
Esto se ha evidenciado con las denuncias contra Paco Salazar. Dos mujeres hicieron uso de este canal en julio, tras la dimisión del entonces secretario de Acción Electoral de la Ejecutiva. Durante cinco meses, esas querellas permanecieron sin respuesta.
No fue hasta que eldiario.es reveló que las denunciantes acusaban al partido de ocultar las denuncias, que Ferraz actuó, alegando una «interrupción momentánea» del canal de comunicación.
Tras la polémica, el expediente se cerró el 11 de diciembre, aunque para entonces Salazar ya había abandonado el partido.
En Torremolinos, la concejal que denunció al secretario general local del PSOE, Antonio Navarro, decidió acudir a la Fiscalía al considerar que «la situación era insostenible».
El siguiente caso tuvo lugar en Lugo. Varias mujeres formularon denuncias contra el expresidente de la Diputación, José Tomé, en el programa Código 10 de Cuatro. Al día siguiente, Ferraz reconoció que había recibido denuncias en el canal antiacoso solo horas antes.
El problema surgió cuando el líder del PSdeG, José Ramón Besteiro, admitió que conocía las acusaciones contra Tomé desde octubre, pero no intervino porque la información le llegó de un tercero.
Esa persona era una madre que más tarde declaró: «Le dijo que si quería un puesto, tenía que acostarse con él», afirmó la mujer.
Este escándalo llevó a la dimisión de la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, una de las feministas que, junto con la federación asturiana, respaldaba llevar las denuncias contra Salazar a la Fiscalía por considerar que se trataba de «violencia de género».
Una posición que Ferraz nunca apoyó y que concluyó con el cierre del informe.
Tras una reunión telemática polémica, se logró calma después de un encuentro presencial en la sede federal con la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé.
De acoso sexual a laboral. La federación gallega volvió a protagonizar un intercambio de denuncias, inicialmente en Barbadás, donde el alcalde se resiste a dimitir.
Posteriormente, las denuncias se dirigieron hacia una de las plazas fuertes del PSdeG: la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey.
Dos concejalas de la ciudad denunciaron «gritos, insultos, malos tratos, humillación, menoscabo de la dignidad y mobbing».
Rey, que fue una de las primeras en criticar «la lentitud» en el caso de Tomé, declaró tras las denuncias: «es una desgracia que un canal interno, creado para proteger a víctimas reales, sea usado por algunas personas con otros fines».
Por ahora, el PSdeG no tomará medidas. Fuentes internas señalan que no han recibido comunicación oficial, únicamente lo que ha transmitido Rey, quien, a su vez, se habría informado por medios de comunicación.
En relación con el alcalde de Orense, la dirección del partido le ha solicitado que entregue el acta de diputado provincial y de alcalde, dado que la denunciante también se había dirigido al secretario provincial.
¿Extenderlo a otros ámbitos?
Pese a estos inconvenientes, el Gobierno pretende instaurar un sistema semejante al de Ferraz: un correo anónimo y confidencial donde las mujeres puedan reportar cualquier situación de acoso sexual.
Esto busca en parte contrarrestar la percepción de que el PSOE «pagó la novatada», según fuentes del Ejecutivo, al ser «el primer partido» en crear un protocolo y un buzón.
La abogada penalista, Paula Fraga, recuerda que, desde 2007, las empresas están obligadas a contar con un protocolo contra el acoso.
De hecho, la ausencia de un plan adecuado o su insuficiencia se considera una infracción grave o muy grave, con sanciones que pueden oscilar entre 751 y 225.000 euros.
Lo que sorprende a Fraga es que los partidos estén exentos de estas multas y destaca que el protocolo del PSOE establece en su fase cuatro que «cuando los hechos aparenten tener carácter delictivo según el código penal, serán remitidos al Ministerio Fiscal».
Aunque Ferraz evita acudir a este organismo, argumentando que debe hacerlo la víctima, la abogada recuerda que la Fiscalía también puede intervenir de oficio, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Respecto al buzón antiacoso, Fraga mantiene cierto escepticismo. Considera que es útil en la fase inicial, pero cuando la denuncia llega a los responsables, debería conocerse públicamente quién la presenta.
«El buzón implica riesgos de venganzas y represalias», alerta.
¿Qué hacen otros partidos?
Los demás partidos cuentan con protocolos, aunque no todos disponen de un buzón específico.
En el caso del PP, existe un Código de Conducta que establece que la formación «no tolerará ningún tipo de violencia, acoso, abuso o cualquier conducta que afecte los derechos personales de sus miembros o de terceros».
En Génova reconocen que no tienen un buzón para estos casos, pero sí un correo confidencial para reportar irregularidades, en el que también se podrían recibir denuncias por acoso sexual, según admiten.
Vox cuenta con un protocolo específico «para la prevención y actuación ante el acoso laboral, sexual y por razones de género», comprometiéndose a medidas que pueden incluir el «despido disciplinario del agresor».
El documento señala que en Vox, el responsable de Recursos Humanos es quien gestiona cualquier queja o denuncia y una comisión debe reunirse en un plazo de tres días para evaluarla.
En cuanto a Sumar, su protocolo antiacoso fue aprobado en enero de este año tras el estallido del caso Errejón e incluye un buzón confidencial para denuncias y medidas cautelares, como la suspensión temporal del presunto acosador.
A diferencia del PSOE, cuya comisión antiacoso es anónima, en Sumar esta es pública. Incluso está disponible en su web junto con el modelo de denuncia que, además de pruebas, contempla una sección para citar testigos.
Por tanto, pocos cambios se producirían si se implantara la norma que analiza el Ministerio de Igualdad.