La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, afirma que España mantendrá su postura contraria a la decisión comunitaria de establecer centros de deportación: «Seguiremos oponiéndonos».
Mientras la Unión Europea orienta su política migratoria hacia enfoques más restrictivos, el Gobierno de España defiende su política de puertas abiertas como un «modelo» valorado por «numerosos países». Así lo expresó este miércoles la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien aseguró que «el debate migratorio está motivado por intereses» y «es impulsado por quienes buscan desacreditar las decisiones de la ciudadanía».
«Cuando escuchen que España está aislada o que su política migratoria va contra la corriente, les recomiendo: apaguen la televisión», exhortó a los profesionales que asistieron en representación de asociaciones sociales, despachos legales y empresas en la jornada Migración, fuente de riqueza, organizada por la Secretaría de Estado de Migraciones en el Centro de Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón con motivo del Día del Migrante, que se celebra mañana, 18 de diciembre.
En su discurso de clausura, la ministra invitó a «observar a su alrededor» para valorar los resultados de una apuesta por «la acogida, la inclusión y la integración de las personas migrantes en la sociedad y en la economía». En este sentido, resaltó el impacto de la población migrante en el crecimiento económico de España: «Contamos con 3,1 millones de trabajadores extranjeros, quienes son fundamentales para nuestra economía. En sectores como la hostelería, representan uno de cada tres empleados, además de contribuir a afrontar el invierno demográfico, enriquecer la cultura y fortalecer el sentido de pertenencia e identidad», explicó Saiz.
«Humildad» y «respeto»
Por su parte, al inicio del evento, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, realizó una alusión indirecta al Partido Popular, solicitando «humanidad» y «respeto» a la formación que gobierna tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Pozuelo. Esta petición fue especialmente crítica, considerando que el consistorio decretó en septiembre pasado el cierre «definitivo» de este recurso de acogida al detectar que las instalaciones carecían de la licencia necesaria para operar, otorgando al Gobierno un plazo de cuatro meses —que finaliza el próximo enero— para reubicar a las personas acogidas.
En este contexto, lamentó que este centro «emblemático» haya sido noticia porque «alguien busca cuestionar el significado de la solidaridad en un país» y vinculó las acciones del PP con «una base negativa y reaccionaria, parte de discursos de odio, racismo y xenofobia» que, en su opinión, se están expandiendo en varios ámbitos políticos.
En este sentido, criticó a quienes muestran «gran preocupación por una supuesta invasión»: «A nosotros no nos inquieta que lleguen, sino que dejen de hacerlo», respondió. Además, mencionó «decisiones sumamente preocupantes» tomadas a nivel europeo, destacando que España quedó «aislada» al rechazar la creación en terceros países seguros de centros de deportación para migrantes sin permiso de permanencia en territorio comunitario: «Nos mantenemos firmes en esta postura», concluyó.
Ante tales posturas, Cancela defendió, «más que nunca», una política migratoria basada en los derechos humanos y destacó la contribución de la población migrante al país, no solo como actores clave para el crecimiento económico y el equilibrio demográfico, sino también como personas.