Eugenio Domínguez, subdirector señalado por sus subordinados por presionar en favor de la empresa registrada por la UCO, fue posteriormente contratado como asesor con nivel 30 por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente «para dar salida a proyectos», según se indica.
Eugenio Domínguez, quien fue subdirector de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica, fue acusado por varios técnicos a su cargo de favorecer a Forestalia, empresa zaragozana investigada por la Audiencia Nacional, debido a presuntas ventajas medioambientales concedidas a sus proyectos eólicos. Tras estos hechos, fue contratado a dedo por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente como asesor con nivel 30, el nivel máximo en la Función Pública tanto jerárquica como retributivamente. En otras palabras, obtuvo un contrato de tipo político.
La intención consistía en que, tras su jubilación en junio de 2023, el alto funcionario continuara procesando Declaraciones de Impacto Ambiental similares a las que había agilizado, supuestamente de forma irregular en beneficio de Forestalia, según sus subordinados consultados por este medio —quienes consideran el contrato un «reconocimiento»—, mientras que Domínguez alegó la necesidad de mantener mano de obra especializada. Cumplió esta función durante «algunos meses». La Guardia Civil mantiene abierta una investigación al respecto.
En 2022, Domínguez ocupaba el cargo de subdirector de Evaluación Ambiental en el Ministerio dirigido por Teresa Ribera, cuando su departamento debió evaluar la legalidad ambiental de numerosos proyectos eólicos de Forestalia. Esta empresa, cuya sede en Zaragoza fue inspeccionada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante seis horas la semana pasada, se encuentra en el centro de una operación en la que fueron arrestados la socialista fontanera Leire Díez y el ex presidente de SEPI, Vicente Fernández Guerrero, por supuestos contratos públicos fraudulentos.
Los proyectos, una vez presentados a la Subdirección para obtener la validación de su legalidad ambiental, comenzaron a generar conflictos, como han relatado varios funcionarios del departamento a EL MUNDO, según informó este diario el pasado martes. «A finales de 2022 y sobre todo en enero de 2023, recibimos una presión muy intensa y constante para emitir Declaraciones de Impacto Ambiental [DIA] favorables a todos los proyectos de Forestalia», señalan con claridad.
Domínguez ha negado categóricamente a este medio haber ejercido presión, aunque se ampara en un contexto también descrito por los técnicos: un volumen de solicitudes de DIA tan elevado que «podía paralizar el departamento».
El ex subdirector sostiene que «la finalidad era avanzar con el trabajo, pues España había hecho una apuesta firme por las energías renovables y no se podía permitir que numerosos proyectos quedaran estancados por problemas en los trámites», considerando además la complejidad técnica y los plazos estrictos que condicionan la vigencia de dichas declaraciones.
Sin embargo, varios empleados a su cargo en aquel momento aseveran que las presiones eran muy intensas para entregar DIA positivas favoreciendo a Forestalia, que «proyectos idénticos a otros de Forestalia eran rechazados, mientras que los de esta empresa obtenían luz verde», y que la realización de este trabajo terminó siendo desviada a la empresa semipública Tragsatec de modo irregular, contraviniendo la ley, algo que ellos mismos conocían —apoyándose en un real decreto de 2015 que reserva a la Función Pública la elaboración de «informes preceptivos o vinculantes»—.
También refieren que se producían situaciones inusuales con esta compañía: las autoridades ambientales aragonesas [en la época de Javier Lambán (PSOE) al frente de la comunidad] emitían varios informes negativos sobre un proyecto suyo y, de repente, sin que nadie lo solicitara, aparecía un informe positivo que a su vez permitía emitir otro favorable desde su departamento para continuar con el procedimiento.
Estas fuentes añaden que Domínguez acumulaba en su ordenador tantos megavatios de parques eólicos pendientes de evaluación como los 50 técnicos bajo su supervisión en la Subdirección, y que la documentación relativa a los proyectos de Forestalia «ni siquiera ingresaba por Registro, sino que se recibía directamente en discos duros». Además, sostienen que es «fácilmente verificable» que algunos informes elaborados por Tragsatec fueron en realidad producidos por Forestalia, dado que contienen errores presentes exclusivamente en los informes de Forestalia.
De acuerdo con esta versión, el papel central de Domínguez habría sido clave para conferir un trato preferente a la empresa actualmente investigada por la UCO, la cual ya estaba siendo objeto de pesquisas desde hace años por la unidad medioambiental de la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa instruida por el juzgado de Instrucción número 1 de Teruel tras varias denuncias contra el mayor proyecto eólico de Forestalia en Aragón, el denominado Clúster del Maestrazgo.
En este escenario, Teruel Existe y organizaciones como Paisajes de Teruel llevan años reclamando el reconocimiento de diversas irregularidades, y la Guardia Civil dispone de indicios sólidos al respecto, según ha podido conocer EL MUNDO. Fue en este contexto cuando Eugenio Domínguez se jubiló en junio de 2023 y fue contratado a dedo como asesor por la propia Secretaría de Estado de Medio Ambiente en esas fechas, confirmado por el propio Domínguez a este diario y justificado por él como «una manera de dar salida a todo el trabajo pendiente». Posteriormente, al concluir su contrato, Domínguez fue asignado a la también pública Canal de Navarra SA, donde continúa.
Las investigaciones sobre estos parques eólicos de Forestalia en Teruel fueron ampliadas la semana pasada con los registros de la UCO tras las detenciones de Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero en otro supuesto caso de contratos amañados. Actualmente, se indagan posibles vínculos entre ambos casos.