El presidente de la Abogacía ha solicitado que el Ministerio de Justicia intervenga en el conflicto con la CNMC respecto a los criterios para establecer las costas judiciales.
La CNMC sancionó a varios colegios de abogados por elaborar baremos de honorarios, argumentando que constituyen recomendaciones de precios prohibidas por la ley de competencia.
La Abogacía sostiene que la nueva Ley del Derecho de Defensa obliga a informar a los ciudadanos sobre los costes y riesgos económicos derivados de los procesos judiciales.
El Consejo General de la Abogacía ha aprobado el presupuesto para 2026, enfocándose en la formación digital y en la mejora de la asistencia jurídica gratuita.
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, solicitó este martes la mediación del Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños, para “resolver el atasco” generado por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en torno a la fijación de criterios orientativos que permitan calcular aproximadamente las costas de los procesos judiciales.
Tras un año de diálogo con la CNMC, continúa sin encontrarse una solución a este problema que “afecta gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto al acceso a los tribunales y al ejercicio del derecho de defensa”, indicó González durante una rueda de prensa.
La CNMC ha impuesto sanciones a varios Colegios de la Abogacía (entre ellos Barcelona, Valencia, Sevilla y Vizcaya) por elaborar baremos de honorarios que califican como recomendaciones de precios ilegales.
El conflicto surge porque, aunque la ley de colegios profesionales garantiza la libertad de precios y prohíbe la fijación colectiva de tarifas, la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, reconoce el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre los costes generales del proceso, el método de cálculo de los honorarios profesionales, y las consecuencias de una posible condena en costas.
“Con la CNMC no
la ciudadanía ahora tiene derecho a obtener información sobre el importe de una eventual condena en costas y los Colegios deben facilitar las herramientas necesarias para que así sea”, comentó.
Para González, la dificultad radica en que la CNMC mantiene esta cuestión como un asunto de competencia y libre mercado, cuando la Ley del Derecho de Defensa simplemente otorga a los ciudadanos el derecho a conocer el riesgo económico que implica iniciar acciones legales.
En esa misma línea se pronunció la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, para quien “esta situación genera una gran inseguridad jurídica puesto que no podemos informar adecuadamente al ciudadano, al consumidor bancario o a las personas afectadas por la cláusula IRPH sobre un aspecto tan fundamental como las implicancias económicas de una posible condena en costas”.
«Contar con esa información es crucial para tomar la decisión correcta; sin ella, muchas personas pueden desistir de iniciar un procedimiento para defender sus derechos”, afirmó Vallejo.
Salvador González también mencionó la aprobación en la sesión plenaria del CGA el pasado viernes de los presupuestos para 2026, que obtuvieron un respaldo del 96% de los votos.
Formación y digitalización
Estos presupuestos tienen dos ejes principales: la formación y la digitalización del sector, buscando mejorar el acceso de los colegios y colegiados a servicios tecnológicos, explicó González.
Destacó el Programa Upro de Formación en Competencias Digitales, financiado con 200 millones de euros provenientes de fondos europeos para capacitar a decenas de miles de profesionales.
“Más de 17.000 abogados ya están inscritos, y el número continúa aumentando, lo que impulsará la digitalización y la competitividad de la profesión. Se trata de una oportunidad histórica para modernizar el sector”, afirmó.
Entre las prioridades para el próximo año, mencionó el tema de los mutualistas y la pasarela al RETA. “Es un asunto urgente que requiere un enfoque amplio y la colaboración de todos los partidos para alcanzar un acuerdo consensuado”, indicó.
Asimismo, mostró su esperanza de que “pronto” lleguen novedades sobre la esperada Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y sobre las mejoras en las condiciones de este servicio.
Subrayó también la importancia de actualizar el importe de los baremos y de crear un nuevo baremo para remunerar los MASCs. “Las autoridades de Justicia han comprendido la relevancia de este servicio y han asumido compromisos que permitirán avanzar”, concluyó.