El reciente decreto educativo de Andalucía concede presunción de veracidad a la versión de los docentes en disputas escolares.
Este decreto asegura apoyo psicológico y legal gratuito para los profesores afectados por acoso, agresiones o hostigamiento vinculado a su labor.
Las agresiones graves contra docentes serán tratadas como atentados por parte de la Junta de Andalucía.
El Ejecutivo andaluz busca proteger a los maestros frente a situaciones de violencia, reconociendo la necesidad de fortalecer su autoridad en las aulas.
La versión aportada por los profesores en un conflicto dentro del aula gozará siempre de presunción de veracidad. Este es uno de los aspectos contemplados en el nuevo decreto educativo aprobado por el Consejo de Gobierno este martes, que supone un respaldo significativo para el personal docente andaluz.
De acuerdo con lo explicado por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen del Castillo, dicho decreto es una implementación de la Ley 3/2021, de 26 de julio, que reconoce la autoridad del profesorado.
Además, este decreto, añadió Castillo, garantiza la prestación de apoyo psicológico y asistencia legal para los docentes involucrados en casos de acoso, agresiones o hostigamiento relacionados con su función profesional.
La responsable de Educación destacó que anualmente se registran entre «50 y 70» casos graves en toda Andalucía, y el Gobierno andaluz pretende proteger a los docentes frente a estas circunstancias complejas.
En ocasiones, reconoció la consejera, se producen en las aulas andaluzas «situaciones lamentables que vulneran la figura de nuestros profesores».
«Inadmisible»
Para Castillo, esta realidad es «inadmisible» ya que atenta no solo contra los docentes, sino también contra el derecho a la educación de todos los estudiantes.
Por ello, «era imprescindible reconocer la autoridad» de los profesores con este principio de veracidad. ¿Qué indica esto? Cuando un maestro señala que un alumno no se comporta adecuadamente, esa afirmación se considera cierta», aclaró la consejera.
«A veces esta afirmación se cuestiona«, señaló Del Castillo, y añadió que los docentes contarán con «asistencia jurídica y psicológica gratuita en situaciones derivadas de su labor educativa».
Detalló que esto también cubre el ciberacoso dirigido hacia las figuras directivas de los centros educativos.
El decreto establece los procedimientos para solicitar ayuda psicológica y legal en caso de enfrentar episodios violentos durante las clases.
«La asistencia jurídica incluye representación en procesos judiciales contra el docente o iniciados por él, relacionados con amenazas, coacciones o agresiones«, señaló la consejera, quien anunció que la Junta clasificará «como atentado las agresiones graves».