El Ejecutivo analiza la posibilidad de establecer por ley buzones contra el acoso sexual en todos los partidos políticos, sindicatos y empresas, siguiendo el modelo del PSOE.
Este buzón facilitaría denuncias de forma anónima y confidencial, contando además con un comité interno encargado de evaluar los casos y recopilar información.
Desde el Gobierno estiman que los recientes incidentes en el PSOE evidencian la efectividad de este tipo de herramientas y pretenden generalizarlas como una medida permanente.
La aprobación de esta iniciativa no se prevé antes del segundo trimestre de 2026 y podría realizarse mediante ley o real decreto, dependiendo de la definición del marco legal.
En el Gobierno están convencidos de que el PSOE ha sufrido «la novatada» por ser el primer partido en implantar un buzón para denunciar el acoso sexual.
Por ello, afirman, es por lo que ha surgido una serie de casos, desde el de Paco Salazar hasta el de un concejal en Torremolinos, el presidente de la Diputación de Lugo y los alcaldes de Belalcázar (Córdoba) y Almussafes (Valencia).
Para varios miembros del Ejecutivo, estos incidentes confirman que los buzones contra el acoso funcionan.
El propósito actual, según informan fuentes de Igualdad, es «extendiendo» este tipo de mecanismos.
Por este motivo, el Gobierno considera ahora la posibilidad de imponerlos por ley para que sean obligatorios en todos los partidos políticos, sindicatos e incluso en empresas privadas, aunque aún está por definirse el alcance y el número mínimo de empleados en plantilla para su aplicación.
El funcionamiento previsto sería similar al del PSOE: un buzón anónimo y confidencial al que las mujeres puedan acudir para reportar cualquier situación de acoso sexual.
Asimismo, las organizaciones deberían disponer de un comité interno, regido por un protocolo específico, encargado de revisar las denuncias y contactar con las partes implicadas para obtener toda la información necesaria.
El Gobierno todavía estudia la fórmula jurídica más adecuada para implementar esta medida.
No descartan que se realice mediante ley o incluso real decreto, aunque la última opción se reserva para casos de urgencia. En cualquier caso, esta iniciativa no entraría en vigor antes del segundo trimestre de 2026 o a finales del primero.
Desde el Ejecutivo insisten en que el acoso sexual no es un problema exclusivo del PSOE, sino que representa un problema «estructural» de la sociedad.
«Somos la primera organización política que ha decidido enfrentar este problema, promoviendo y protegiendo cualquier denuncia», destacó Pedro Sánchez en el balance anual presentado este lunes por la mañana.
Este argumento es reiterado por los socialistas desde hace semanas, retando al PP a establecer un buzón antiacoso similar al que Ferraz introdujo en 2025, aunque su existencia solo se supo tras estallar el caso Salazar.
Por ahora, Génova afirma contar con un correo confidencial para denunciar irregularidades, en el que, según reconocen, también podrían recibir denuncias por acoso sexual.
En el caso de Sumar, su protocolo antiacoso fue aprobado en enero de este año, después del estallido del caso Errejón.
En la formación de Díaz se incluye un buzón confidencial de denuncias así como medidas cautelares, como la suspensión temporal del presunto acosador.
La decisión de exigir a otros partidos, sindicatos y empresas que dispongan de un protocolo concreto contra el acoso supondría un cambio significativo en estos mecanismos de prevención y denuncia.
¿Nueva normalidad?
Tras la oleada de denuncias, en Ferraz esperan que llegue un periodo de estabilidad.
Fuentes socialistas opinan que, conforme se implementen estos protocolos, el partido evitará futuras avalanchas de casos similares.
En el interior de la formación preocupa la existencia de denuncias por acoso y reconocen cierta vergüenza ante mensajes como los del alcalde de Belalcázar, quien escribió a una subordinada textos que decían «te comía toa». La dirección del partido califica a esta persona como «un impresentable».
Otras denuncias continúan bajo investigación. Es el caso del exintegrante de la Ejecutiva Javier Izquierdo. Fuentes socialistas reconocen que aún no tienen constancia de denuncia formal contra el afiliado de Valladolid, a pesar de su renuncia a finales de la semana pasada.
En la dirección del partido admiten que este tipo de casos de acoso alejan a los votantes socialistas tanto como los escándalos de corrupción.