En 2021, Fernando Albert Aragón, exdirectivo de Sepides, respaldó una propuesta «excesivamente baja» de 2,8 millones de euros en una licitación pública.

La Audiencia Nacional explora si la adjudicación a la UTE Erri Berri y Afesa fue manipulada mediante el pago de presuntas comisiones ilícitas, estimadas en 400.000 euros.

El contrato bajo investigación corresponde al desmontaje de una planta de residuos en Avilés y fue otorgado por el Parque Empresarial Principado de Asturias SME.

Diversos implicados en la denominada ‘trama Leire’, incluidos antiguos directivos de Sepi y Sepides, han sido objeto de pesquisas o detenciones relacionadas con el caso.

En 2021, Fernando Albert Aragón, en su condición de alto cargo de Sepides (empresa pública dependiente del Grupo Sepi), apoyó una oferta «excesivamente baja» presentada por una empresa en una licitación pública que ahora investiga la Audiencia Nacional por el presunto pago de comisiones ilegales para manipular el proceso.

Antonio Piña, juez que liberó el pasado sábado a Leire Díez—identificada como fontanera del PSOE y presunta integrante del grupo que recibió estos pagos—, detalló en una resolución judicial cinco presuntas manipulaciones que se están investigando.

Uno de estos es el contrato adjudicado por el Parque Empresarial Principado de Asturias SME, una entidad pública, a la UTE (unión temporal de empresas) formada por las firmas privadas Erri Berri y Afesa. El objetivo de la licitación consistía en el desmantelamiento de una planta de residuos en Avilés.

Esta UTE presentó una oferta valorada en 2,8 millones de euros, tildada de «demasiado baja» frente a las otras propuestas, que superaban los seis millones. Por esta razón, debió justificar documentalmente el importe ofrecido y varios técnicos elaboraron un informe al respecto.

Piña señaló en su resolución que la presunta organización criminal en la que participaba Leire Díez, «presuntamente, mediante el presidente de la mesa de contratación, habría tenido la oportunidad de favorecer a la empresa Erri Berri en la adjudicación del contrato citado».

Aunque no menciona el nombre explícitamente —la causa permanece bajo secreto de sumario—, el juez alude a Fernando Albert Aragón, quien según documentos consultados por este medio, era presidente de la mesa de contratación. Además, Piña especifica el importe del contrato: cerca de 2,8 millones de euros.

Supuestamente, Erri Berri habría abonado comisiones por un total de 400.000 euros para lograr el supuesto arreglo.

Entre los investigados del grupo de Leire Díez figuraba también Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), entidad matriz de Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial).

EL ESPAÑOL ha accedido a las actas de la mesa de contratación, presidida por Aragón, que junto a los otros miembros del órgano respaldó la oferta de Erri Berri y Afesa, adjudicándoles finalmente el contrato.

Según consta en las actas, las empresas adjudicatarias «sustentaron de manera adecuada» el monto ofertado, 2,8 millones, «sin que existan contradicciones que pongan en duda la viabilidad de su propuesta».

«Tras la exposición, todos los miembros de la mesa [incluido el presidente, Fernando Albert Aragón] comparten la conclusión establecida en el informe», concluye el acta del 27 de octubre de 2021.

La UTE formada por Lezama-Los Álamos, una de las no adjudicatarias, apeló esta decisión alegando «una incorrecta evaluación de la justificación de la oferta de la adjudicataria». Sin embargo, su reclamación fue desestimada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Este medio contactó con Sepides, que se refiere a la documentación disponible en el Portal de Contratación sobre este contrato y reafirma su «máxima colaboración» con la Justicia.

El juez Piña encargó asimismo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitar información en la sede de esta empresa pública.

Aragón, hombre de Montero

El historial de Fernando Albert Aragón incluye su paso por la Junta de Andalucía. Su vinculación con María Jesús Montero, exconsejera de Hacienda autonómica y actual ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, es notable. Fue ella quien trasladó a Aragón desde Andalucía a Sepides.

Antes, desde 2018, ocupaba el cargo de letrado jefe del Servicio Jurídico provincial en Almería en la Junta de Andalucía.

En 2019, Fernando Albert Aragón fue designado representante del Grupo Sepides ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión para el Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Con Montero en el Gobierno, asumió los cargos de secretario general, director de Asesoría Jurídica y secretario del Consejo de Sepides.

Vicente Fernández, exlíder de Sepi, también fue uno de los vinculados a Montero, quien personalmente avaló su nombramiento al frente de la empresa pública, donde coincidieron en la Junta de Andalucía.

Fernández abandonó la entidad en otoño de 2019, cuando empezó a ser investigado en otra causa judicial, el llamado caso Aznalcóllar.

Año y medio después, en 2021, fue contratado por la constructora Servinabar 2000 SL, propiedad del tercero de los investigados por la Audiencia Nacional, el empresario navarro Antxon Alonso, amigo y socio de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y del que Leire Díez era considerada su «mano derecha».

Un vínculo entre Fernando Albert Aragón y Vicente Fernández es que el primero aparece como firmante de un manifiesto en apoyo «a los servidores públicos procesados en el caso Aznalcóllar».

Aragón lo firmó como «secretario general y director de la Asesoría Jurídica de Sepides». En dicho manifiesto se critica que la instructora del caso, la juez Mercedes Alaya, ordenara juicio para los investigados, entre ellos Vicente Fernández. Finalmente, los 16 acusados fueron absueltos hace apenas dos semanas.

La ‘trama Leire’

El expresidente de Sepi fue detenido el pasado miércoles, junto a Antxon Alonso y Leire Díez. De los tres, fue el único que declaró el pasado sábado en la Audiencia Nacional, cuando compareció ante el juez Antonio Piña.

Durante su breve interrogatorio respondió a las preguntas del magistrado y de la Fiscalía Anticorrupción, negando las acusaciones que le imputan: el cobro de supuestas comisiones ilegales para amañar contratos públicos.

Por su parte, Leire Díez y Antxon Alonso optaron por no declarar, asistidos por sus abogados.

El juez Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, fue responsable del inicio de esta causa contra la llamada trama Leire y autorizó registros en varias entidades, entre ellas las sedes de Sepi y Sepides.

Tras enviar la causa a reparto, el magistrado Santiago Pedraz, del Juzgado Central de Instrucción número 5, continuará con el procedimiento.