José Vicente Berlanga, cercano al ex ministro Ábalos, fue incorporado por el actual líder socialista provincial, quien también le había contratado previamente en el Ayuntamiento de Mislata
Las filiales vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) han llamado la atención de los investigadores que examinan el presunto arreglo de contratos públicos supuestamente gestionados por Leire Díez desde las instituciones donde accedió en los primeros meses del Gobierno de Pedro Sánchez.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha presentado en Cofivacasa, una empresa instrumental controlada integralmente por la Sepi, cuyo presidente era Vicente Fernández, nombrado para ese cargo por Pedro Sánchez al asumir la presidencia del Gobierno. Fernández es uno de los colaboradores más cercanos de la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero.
Cabe destacar que otra compañía dependiente de la Sepi, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial, Sepides, estuvo dirigida por una figura también próxima a la ministra Montero. Se trata de Antonio Miguel Cervera Guerrero, quien antes de presidir Sepides fue director general de Patrimonio en la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía y director general de tres hospitales públicos en Sevilla, según informan fuentes con conocimiento de su trayectoria.
Las mismas fuentes señalan que Montero y Fernández «intervinieron» para que Cervera ocupara el puesto. Sepides es una empresa pública que financia y promueve proyectos empresariales y urbanísticos destinados a fomentar el desarrollo económico y social.
Además, la presunta red de corrupción ha afectado directamente al PSOE de la provincia de Valencia, donde hasta este pasado viernes formaba parte de la ejecutiva uno de los investigados. Se trata de José Vicente Berlanga, un veterano del partido vinculado al ex ministro José Luis Ábalos —y, por ende, en la disuelta familia valenciana abalista— que recientemente había sido reincorporado por el líder socialista provincial, Carlos Fernández Bielsa.
Berlanga alcanzó la presidencia de Enusa, la empresa pública proveedora de uranio para las centrales nucleares, gracias a Ábalos en 2018. Permaneció en el puesto hasta 2021, coincidiendo con la caída en desgracia del ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, actualmente en prisión.
Actualmente, Berlanga está siendo investigado precisamente por su etapa en Enusa, donde trabajó junto a la considerada intermediaria del partido, Leire Díez. Esta ex militante socialista ha sido detenida junto con el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, y el ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández.
Por su parte, la condición de investigado de Berlanga ha provocado que el PSOE de Diana Morant le haya abierto un expediente de suspensión cautelar de militancia. Según confirman fuentes socialistas, esta medida implica «automáticamente» su exclusión de la ejecutiva provincial de Bielsa, considerado irónicamente el rival interno de la ministra y secretaria general del PSPV.
Influye también que la relación entre Bielsa y Berlanga trasciende lo meramente orgánico. El portavoz socialista en la Diputación de Valencia y alcalde de Mislata acogió durante varios meses en su Ayuntamiento a Berlanga, tras recibir este una comisión de servicios.
Al ex presidente de Enusa se le concedió una comisión de servicios en el consistorio desde marzo hasta septiembre, según confirman fuentes municipales, para desempeñar el cargo de jefe de Comunicación y Relaciones Institucionales. No obstante, esta contratación fue cuestionada tanto por Compromís como por Vox, que criticaron la idoneidad de alguien con formación en Filosofía para dicho puesto.
La oposición denunció entonces un presunto «enchufismo» y falta de transparencia en un contrato que Bielsa nunca explicó, según sus denuncias. Las fuentes consultadas indican que Berlanga cobró durante esos seis meses un total de 43.000 euros del erario municipal. Tampoco se ofrecieron explicaciones sobre el fin de su comisión de servicios para regresar a su plaza de funcionario en la Generalitat, aunque varias fuentes sostienen que su vínculo con Enusa generó sospechas cuando la compañía entró en el foco de los investigadores.