Un informe de la UCO enviado a la Audiencia Nacional señala que el chalé de Cádiz formaba parte de la estrategia para «comprar la voluntad» del entonces ministro.
Según un informe de la UCO sobre la red implicada en el caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional, la organización habría destinado alrededor de un millón de euros para que el entonces ministro José Luis Ábalos facilitara la obtención de la licencia para operar en el mercado mayorista.
Así se recoge en el atestado remitido al Juzgado Central de Instrucción 5, encargado de la causa. El documento precisa que Claudio Rivas, considerado líder de la red, destinó un millón de euros de los 49 defraudados a Hacienda en la compra y venta de hidrocarburos para «comprar la voluntad del cargo público, infiltrando estructuras administrativas con la intención de influir a cambio de dádivas y contraprestaciones ilegales».
La Guardia Civil destaca que uno de los pagos consistió en poner a disposición de Ábalos un chalé en La Alcaidesa (Cádiz), una operación ya investigada en el Supremo dentro del caso Koldo. El inmueble valorado en 585.000 euros estaba destinado a ser adquirido por el ministro. «La correlación entre la compra de la vivienda y la firme convicción de los miembros de la organización criminal de obtener la licencia de operador mayorista se interpretó en su entorno como una relación directa de causa y efecto», señala el informe.
Como evidencia, la UCO cita un mensaje interceptado entre los implicados: «Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito». Según el informe, esto «indica que los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa del inmueble pretendido por el ministro». Otro mensaje intervenido confirma la suma entregada: «Se les ha dado más de 1 kilo».
Además del chalé, la UCO señala que el empresario Víctor de Aldama, figura clave en el caso Koldo, recibió 292.000 euros por mediar con Ábalos para conseguir la licencia mayorista para la empresa Villafuel. También se detectaron pagos a Koldo García, ex asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.
En total, la UCO verifica un gasto de 877.416,66 euros en la operación para adquirir la licencia mayorista de hidrocarburos, además de entregas en efectivo sin soporte documental y difíciles de rastrear debido a su modo de entrega.
Ábalos dejó el cargo de ministro en julio de 2021, antes de que se concediera la licencia. La pérdida de su influencia llevó al supuesto líder de la red a cancelar la entrega del chalé al ex ministro.
El informe de la Guardia Civil describe las gestiones de Aldama, Ábalos y, especialmente, Koldo García para obtener la licencia mayorista, apuntando a la implicación de los jefes de Gabinete de las entonces ministras de Industria, Reyes Maroto, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
«Víctor de Aldama logró un acuerdo para que el ministro José Luis Ábalos ejerciera influencia en favor de los intereses de Claudio Rivas. Dicha influencia se canalizó a través de su asesor Koldo García Izaguirre, quien mantuvo contacto directo con varios responsables ministeriales, entre ellos el jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, MINCOTUR, Juan Ignacio DÍAZ BIDART, y el jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, Marc Isaac PONS PONS». Además, se indica que Aldama «intermedió con el director general de la Dirección General de Política Energética y Minas, DGPEM, Manuel García Hernández».
A la UCO le llama la atención el papel de Juan Ignacio Bidart en Industria. Koldo se dirigió a él creyendo que ese era el ministerio competente, cuando en realidad correspondía al de Transición Ecológica. A pesar de ello, Bidart gestionó la solicitud presentada por Koldo García y llegó a compartir una cena con él en al menos una ocasión.
Respecto a posibles contraprestaciones por estas gestiones, la UCO indica que sí las hubo: «Cabe señalar que desde la primera reunión en MINCOTUR se detectaron alusiones a presuntos pagos o contrapartidas económicas, como se desprende de las declaraciones en un momento de euforia tras el compromiso del director de gabinete Juan Ignacio Bidart de facilitar y agilizar lo solicitado, cuando [la investigada] Leonor María González Pano comentó a [su pareja] Natán González: ‘A ver si me cae algo’, ‘Que aquí todo el mundo está cobrando menos yo'». Son esas mismas dos personas las que intercambian los mensajes sobre Ábalos, el «botoncito» y el «kilo» entregado.