Tribunales Leire, Antxon y Fernández pretendían obtener «el mayor beneficio mediante el cobro de comisiones» por «influir» en procesos públicos
El juez Antonio Piña responsabiliza a Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández del intento de conseguir ganancias económicas a través del cobro de comisiones por influir en trámites públicos.
La investigación señala cinco operaciones presuntamente fraudulentas que suman 132 millones de euros, utilizando la empresa Mediaciones Martínez como vehículo para canalizar los fondos.
El grupo habría intervenido en contratos públicos vinculados a firmas como Acciona, Enusa, Mercasa y Tubos Reunidos, incrementando artificialmente los precios y recibiendo pagos ilícitos.
Leire Díez se identificaba como «mano derecha» de Santos Cerdán, y el grupo usaba su influencia para facilitar adjudicaciones y rescates empresariales, involucrando a altos cargos y exministros.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña señala que la denominada trama Leire tenía como «objetivo» obtener «el mayor beneficio económico mediante el cobro de comisiones» a cambio de «orientar» e «influir» en procedimientos públicos.
Así consta en una resolución emitida el pasado sábado, a la cual ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Pilar ha abierto investigación contra Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, el constructor Antxon Alonso y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntamente recibir comisiones por «intermediar» en favor de las compañías que realizaban dichos pagos.
Después de ser arrestados el pasado miércoles por la Guardia Civil, los tres pasaron a disposición judicial el sábado y quedaron en libertad con medidas cautelares.
Piña sostiene que los investigados, acusados de pertenencia a organización criminal, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, habrían «aprovechado su posición, contactos y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública».
«Mediante contratación y facturación falsa«, añade, «habrían canalizado los recursos fundamentalmente a través de una sociedad limitada, Mediaciones Martínez.»
El grupo habría operado «en varios puntos del territorio nacional» entre 2021 y 2023, «afectando a diferentes Administraciones públicas», indica el juez.
Cinco operaciones valoradas en 132 millones
El magistrado estudia cinco operaciones que alcanzan un total de 132 millones de euros, en las que se registraron supuestos amaños y anomalías.
Piña intenta esclarecer si la trama Leire manipuló un proyecto impulsado por la constructora Acciona, interesada en dos explotaciones de la empresa pública Enusa, donde la llamada fontanera del PSOE desarrolló su labor.
Acciona está involucrada, por el supuesto pago de comisiones ilegales, en el conocido caso Cerdán.
En el procedimiento judicial, dirigido por el Tribunal Supremo, está bajo investigación Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, a quien Leire Díez se presentaba como su «mano derecha» en la sombra.
El juez establece un supuesto amaño «en un contexto en que Acciona buscaba adquirir dos explotaciones tituladas por la empresa pública [Enusa]». Se trata de una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.
Según la resolución, los integrantes del grupo —denominados Hirurok, cuya traducción del euskera es «nosotros tres»— influenciaron para que la empresa pública eligiera al despacho legal SDP Carrillo y Montes, encargado de estructurar la viabilidad de la operación.
Asimismo, esta red Díez-Antxon-Fernández habría inflado el valor de dicho contrato con sobrecostes del 50%, con el objetivo de obtener comisiones ilegales, presuntamente.
El juez también detalla pagos por valor de 17.545 euros del bufete legal a Mediaciones Martínez, la empresa que los integrantes de Hirurok empleaban para canalizar las supuestas mordidas.
Leire Díez ocupó el puesto de responsable de Comunicación en Enusa (Empresa Nacional del Uranio) entre 2018 y 2021. Ese mismo año, Fernández, tras dejar la SEPI, ingresó en Servinabar 2000, la constructora de Antxon Alonso, en la que, según la UCO, Santos Cerdán tenía participación accionarial.
El juez Piña menciona que la trama presuntamente intervino en el rescate concedido a Tubos Reunidos, por importe de 112,8 millones de euros (la operación de mayor cuantía). Por ello, la organización habría recibido 114.950 euros mediante facturación supuestamente falsa emitida por Mediaciones Martínez.
Además, el grupo Hirurok habría influido para que la empresa pública Mercasa cambiase su sede, usando también una justificación «engañosa».
Mercasa otorgó un contrato a Servinabar 2000, por 18.119 euros, para que la pequeña constructora de Antxon Alonso actuase como consultora y respaldase el traslado de sede, inflando el costo de las obras de rehabilitación.
A la vez, la trama Leire habría favorecido a la mercantil Erri Berri en la adjudicación de un contrato público otorgado por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Según la resolución judicial, la compañía pagó, como comisión, 400.000 euros.
Por último, el juez menciona la concesión de una ayuda por parte de la empresa pública Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) a la sociedad Arapellet SL, que ascendió a 17,32 millones de euros.
El presunto grupo criminal habría influido en responsables de Sepides para que otorgasen dicha ayuda. Arapellet SL es parte del Grupo Forestalia. EL ESPAÑOL ha revelado que Santos Cerdán y Antxón Alonso intervinieron en representación de esta firma de renovables ante el Ministerio para la Transición Ecológica, cuando lo dirigía Teresa Ribera.
Acciona y Cerdán
Leire Díez está bajo investigación en un Juzgado de Madrid por intentar obtener información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, con la aparente intención de dificultar sus pesquisas.
Para ello, se reunió con al menos un fiscal y con empresarios que, a su vez, están siendo investigados judicialmente, a quienes prometía distintos beneficios.
En uno de estos encuentros, la llamada fontanera del PSOE se presentó como emisaria del partido, mencionó su presunto contacto directo con el Gobierno y se definió como la «mano derecha» de Santos Cerdán, entonces número tres del partido.
En el procedimiento judicial dirigido por el Supremo, donde están imputados Cerdán y Antxon Alonso, la Guardia Civil sitúa al político como el responsable de gestionar supuestas comisiones pagadas por Acciona para amañar contratos públicos.
Además de él, las supuestas comisiones habrían sido recibidas por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su principal asesor, Koldo García.
También figura como investigado en el caso Cerdán el exresponsable de Acciona Construcción, Justo Vicente Pelegrini, junto a otros directivos de la empresa.
Por otra parte, durante el registro de la Guardia Civil en el domicilio de Antxón Alonso y la sede de Servinabar, se encontró un contrato firmado por Santos Cerdán en todas sus páginas, mediante el cual adquiría el 45% de la constructora por sólo 6.000 euros.
No obstante, el constructor declaró ante el Supremo que ese documento, fechado en 2016, nunca tuvo validez, aunque lo conservó casi una década.
Por medio de diversas UTE (Uniones Temporales de Empresas) junto a Acciona, Servinabar, a pesar de su tamaño reducido y falta de experiencia, fue favorecida con contratos públicos millonarios, como la reforma del túnel de Belate, en Navarra, o la del Puente del Centenario, en Sevilla.