Los empresarios Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles adquirieron la participación mayoritaria de una empresa que nunca logró salir de las pérdidas
“Somos una aerolínea española que comenzó a operar en julio de 2015, y en junio de 2016 iniciamos vuelos regulares de largo recorrido entre Madrid y varias ciudades latinoamericanas. Contamos con una tripulación propia cuyo servicio y cercanía son valorados por nuestros pasajeros. Actualmente, conectamos Madrid con destinos como Bogotá, Cartagena, Caracas, Lima y Malabo. Además, ofrecemos vuelos entre Tenerife y Caracas”. Así se describe en su sitio web la aerolínea Plus Ultra, cuyos principales directivos fueron arrestados este jueves en el marco de una operación por presunto blanqueo de capitales vinculada a la gestión y al rescate público de la empresa. Se trata de una compañía que lleva tiempo en el centro de la polémica.
Aunque comenzó a operar en 2015, su fundación data de cuatro años antes, en 2011, cuando los ejecutivos españoles Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque —con experiencia previa en Air Madrid— crearon la aerolínea con la intención de posicionarse en rutas entre Madrid y destinos en Latinoamérica y África. Su flota actual está compuesta principalmente por aviones Airbus A330.
No obstante, lograr la rentabilidad en el sector aéreo siempre es complicado —el historial de la industria está marcado por numerosas quiebras— y Plus Ultra ha registrado pérdidas desde sus inicios. La propia empresa lo reconoció en 2021, cuando, en plena pandemia, fue rescatada por el Estado. Antes, logró mantenerse a flote mediante préstamos e inyecciones periódicas de capital que modificaron su estructura accionarial, destacándose la participación de dos sociedades vinculadas a tres empresarios venezolanos con conexiones en Panamá, quienes realizaron sucesivas ampliaciones de capital. Estos empresarios son Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles.
Según los datos más recientes del Registro Mercantil, estos empresarios tienen participación en Plus Ultra a través de dos sociedades (Snip Aviation y FlySpain) que poseen el 56,8% de las acciones de la compañía. Algunos de ellos también forman parte del consejo de administración. Su presunta vinculación con Panacorp, un banco panameño que ayudó a evitar la quiebra de la empresa, en un país que España considera paraíso fiscal y conocido por su falta de transparencia, fue una de las primeras controversias relacionadas con Plus Ultra.
La siguiente polémica no tardó en surgir. La pandemia de COVID-19 motivó la solicitud de apoyo estatal. Y el 9 de marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una ayuda de 53 millones de euros mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), justificada por la importancia “estratégica” de la empresa para las conexiones aéreas internacionales. El rescate —avalado por tres informes externos de Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)— incluyó un préstamo ordinario de 19 millones con plazo de cinco años y un préstamo participativo de 34 millones con un vencimiento de siete años. Según la información publicada por la compañía, estos fondos se destinaron principalmente al pago de acreedores, salarios, reembolsos a pasajeros y modernización de la flota.
Esta operación, sin embargo, ha generado un intenso debate político. Diversas formaciones han criticado al Gobierno por falta de transparencia, cuestionando la legalidad y el momento de las ayudas. La mayoría accionarial venezolana y las conexiones con sociedades radicadas en Panamá han avivado la controversia sobre el uso de recursos públicos. Por su parte, el ex presidente de la aerolínea, Fernando García Manso, defendió la medida señalando que la ayuda fue “la mínima imprescindible” y destacó el papel de la empresa como “única alternativa” para los usuarios en algunas rutas entre España y Latinoamérica, subrayando que “si desaparecemos, se formaría un monopolio en esas rutas”.
Venezuela anula los permisos de vuela de Iberia, Air Europa y Plus Ultra
Blanqueo de capitales procedentes de Venezuela
Recientemente, la Policía Nacional detuvo al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al consejero delegado, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales. En octubre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia afirmando que los fondos públicos destinados al rescate fueron en realidad empleados para cancelar préstamos transferidos a cuentas extranjeras pertenecientes a una supuesta organización vinculada al blanqueo de capitales provenientes de Venezuela.
La Audiencia Nacional declinó la competencia para investigar el caso, aunque solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que remitiera la denuncia al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Por ahora, no se conocen más detalles, siendo esta la base de la investigación vigente.