De los 50 centros públicos españoles, 48 tienen o han tenido relaciones formales con instituciones del gigante asiático.
Cuando el Rey Felipe VI y el presidente chino, Xi Jinping, firmaron en noviembre varios acuerdos para fortalecer los intercambios lingüísticos y la cooperación científica, aquel momento durante la visita de Estado a Pekín representó algo más que un gesto protocolario en la diplomacia bilateral. Resumía un movimiento de mayor envergadura: España consolidaba una etapa sin precedentes en la cooperación académica con China.
En noviembre, la Universidad Complutense de Madrid inauguró un instituto tecnológico en Wuhan, mientras que la Universidad de Huelva firmó varios convenios de investigación con universidades de las provincias chinas de Henan, Hubei y Shaanxi. Ese mismo mes, la Universidad de León estableció un acuerdo de colaboración con la Universidad Farmacéutica de China, situada en Nanjing.
Cerca de allí, en la moderna Shanghai, la Universidad de Salamanca ha firmado recientemente otros acuerdos para potenciar programas de movilidad de profesores, investigadores y alumnos con el Instituto de Tecnología, uno de los centros más destacados en la capital financiera. Esta misma universidad española también ha cerrado convenios similares con centros en la provincia de Shandong y en Pekín.
En octubre, en Hangzhou, ciudad originaria de algunas de las empresas chinas más avanzadas en inteligencia artificial y robótica, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, abrió el primer centro universitario español en suelo chino: el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), fruto de la colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y las autoridades locales.
La visita constante de rectores españoles a China se ha mantenido desde el viaje oficial del presidente Pedro Sánchez a Pekín, en marzo de 2023, cuando se firmó junto a Xi Jinping un plan de cooperación educativa hasta 2026. Sin embargo, las visitas académicas se intensificaron especialmente en el último año, tras un encuentro en Madrid entre la ministra de Ciencia, Diana Morant, y su homólogo chino, Huai Jinpeng, donde ambos acordaron profundizar la colaboración en educación superior.
Un informe publicado este año por el Central European Institute of Asian Studies (CEIAS), un think tank europeo, cuantificó esta relación creciente entre España y China: 48 de las 50 universidades públicas españolas mantienen o han mantenido vínculos formales con instituciones chinas. En total, existen 1.173 acuerdos, que abarcan desde intercambios estudiantiles hasta programas de investigación avanzada. Según dicho estudio, la Universidad de Zaragoza lidera con 130 acuerdos, seguida por la Rey Juan Carlos (73) y la Complutense de Madrid (54).
Sin embargo, estos datos esconden un dato clave: el 24,6% de los acuerdos involucra a entidades vinculadas al ejército chino. Esto implica universidades con programas relacionados con el desarrollo militar de China. Además, el informe señala que, aunque la legislación española exige a las universidades públicas publicar los convenios suscritos, solo el 29,4% lo hace de manera completa y transparente. En numerosos acuerdos revisados, los términos son genéricos, sin especificar áreas ni objetivos concretos.
El CEIAS señala especialmente a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) como la institución española con mayor nivel de exposición a entidades chinas consideradas de alto riesgo, debido a sus alianzas con la Universidad de Pekín, el Instituto de Tecnología de Pekín y el Instituto de Tecnología de Harbin, todas ellas estrechamente relacionadas con la investigación militar. Además, tanto la UPC como la Universidad de las Islas Baleares mantienen convenios con la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa, la principal academia del ejército chino.
Mientras la acumulación de convenios académicos crece, algunos diplomáticos españoles han expresado incertidumbre sobre el grado en que las universidades españolas cuentan con mecanismos de verificación o auditorías independientes de estos acuerdos. Este tema ha sido abordado por la Unión Europea en el contexto de su estrategia para endurecer políticas tecnológicas frente a los riesgos de espionaje y transferencia de información sensible.
La red de Institutos Confucio, financiada por el Gobierno chino para promover la enseñanza del mandarín y la difusión de su milenaria cultura a nivel mundial, también se ha expandido en España, con una decena de centros vinculados principalmente a universidades españolas. Algunas organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han advertido en ocasiones que estas instituciones operan bajo la censura de Pekín, lo que limita su libertad académica. Han surgido controversias abiertas (en Portugal y Estados Unidos) por presiones a universidades para evitar discusiones o eventos relacionados con temas políticamente sensibles para Pekín.
La movilidad estudiantil entre China y España ha aumentado en los últimos años, aunque con un desequilibrio notable: mientras que aproximadamente 13.000 estudiantes chinos estudian en universidades españolas, convirtiéndose en el segundo mayor grupo extranjero en la educación superior pública, en China hay sólo alrededor de 700 estudiantes españoles.