Los vecinos denuncian un plan de desgaste y hostigamiento para forzarles a abandonar sus viviendas, mientras expertos consideran que este caso podría cambiar la lucha contra los abusos inmobiliarios por parte de fondos de inversión
El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha decidido admitir a trámite una querella interpuesta por doce vecinos de un inmueble ubicado en la calle Tribulete, barrio de Lavapiés, por un presunto delito de acoso inmobiliario contra una gestora relacionada con un fondo de inversión. En un auto, la magistrada acuerda iniciar diligencias tras detectar indicios de delito, citando a doce querellados para declarar los días 17 de febrero y 3 de marzo.
Esta resolución judicial resulta relevante porque “podría establecer un precedente para casos futuros donde grandes propietarios inmobiliarios aplican tácticas para expulsar inquilinos que impiden la comercialización de las viviendas”, explica Manuel Hernández García, director y socio del Bufete Vilches Abogados.
Específicamente, la querella señala a varios responsables y sociedades vinculadas a la administración del edificio, como Elix Servicios Inmobiliarios SL, Inmho Gestión de la Propiedad SLU, además de distintos directivos y gestores operativos. La magistrada María Isabel Garaizabal Ariza argumenta que los hechos descritos en la querella “poseen características que permiten presumir la posible existencia del delito de acoso inmobiliario” y, por ello, ordena abrir diligencias previas para aclarar la naturaleza exacta de los hechos y la participación de los investigados.
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Acoso inmobiliario
Los antiguos inquilinos del inmueble relatan que, luego de la adquisición del edificio por parte del fondo de inversión en 2024, comenzaron a experimentar una serie de medidas destinadas a que abandonaran sus viviendas. Estas acciones podrían resumirse en acoso inmobiliario, que, según Hernández García, consiste en “crear condiciones de vida insostenibles para que el inquilino decida irse por voluntad propia y evitar así los procesos de desahucio”.
Los vecinos describen ante el juzgado una situación de presión constante y progresiva. Según su denuncia, no se trató de hechos aislados, sino de una estrategia mantenida en el tiempo con el fin de deteriorar su vida cotidiana y conseguir que dejasen el edificio por agotamiento o temor.
“Los comportamientos relatados encajan en lo que legalmente se define como hostigamiento y trato degradante, elementos que podrían constituir un delito contra la integridad moral”, señala el director de Vilches Abogados.
Ruidos continuos, filtraciones, cortes en agua y electricidad…
Explica que el acoso denunciado incluye diversas formas, entre ellas un acoso ambiental, provocado por la generación intencional de un entorno hostil o insoportable en el edificio, con obras constantes, ruidos prolongados en horarios sensibles y una presencia permanente de operarios en áreas comunes.
Además, un acoso estructural o por falta de mantenimiento. Los afectados indican que se dejaron deteriorar elementos esenciales, lo que generó filtraciones, goteras, ascensores averiados con frecuencia y daños en instalaciones comunes sin atención pese a reiterados avisos. Para Manuel Hernández García, “esta falta de actuación puede ser una forma encubierta de presión: no reparar para hacer la vivienda menos habitable”.
También se denuncian hostigamientos a través de cortes en suministros, con interrupciones parciales o caídas en servicios básicos como agua y electricidad. El abogado destaca que, “aunque los cortes no sean totales, la persistencia y ausencia de soluciones rápidas, de comprobarse, son una manera de coacción”.
Estrategia de intimidación
Otra forma de presión identificada por los vecinos incluye llamadas, mensajes o reuniones donde se sugería la conveniencia de “buscar otra vivienda” o aceptar indemnizaciones bajas para marcharse. En algunos casos, mencionan haber recibido notificaciones ambiguas que provocaban incertidumbre o temor respecto a su permanencia en el edificio.
Manuel Hernández señala que “estos hechos configuran un escenario de desgaste emocional y material, cuyo objetivo parecía claro: desalojar el inmueble para darle un uso más rentable”.
Estas denuncias motivaron la admisión de la querella, que sitúa el caso en una fase penal donde se analizará si las acciones denunciadas encajan en el delito de acoso inmobiliario. En la resolución, la jueza convoca para el 3 de marzo a declarar como testigos al portero del edificio, José Luis, y al arquitecto Pablo García Bachiller. Además, solicita a la Policía Municipal de Madrid todos los informes de las intervenciones realizadas en el edificio entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.
Manuel Hernández considera que la admisión de la denuncia colectiva implica que el juzgado percibe “indicios de un posible delito contra la integridad moral y acoso inmobiliario”. Destaca que, de avanzar el caso, “los responsables podrían enfrentar penas de carácter penal y, en casos graves, incluso medidas contra la sociedad propietaria”.
En su valoración, el caso no solo afecta al inmueble de Tribulete 7, sino que “puede impactar en la manera en que se comprende, se prueba y se persigue el acoso inmobiliario en España. Sobre todo, podría frenar a quienes emplean estas prácticas delictivas para desalojar inquilinos ‘indeseados’”.