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El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico en Estados Unidos, podría ser liberado.
¿Cuál es la razón? El presidente estadounidense Donald Trump comunicó este viernes que otorgará el indulto al exlíder, alegando que "ha sido objeto de un trato muy severo e injusto", según publicó en su red social Truth Social.
El momento elegido para anunciar el perdón presidencial al político centroamericano, declarado culpable en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York, resulta peculiar.
En primer término, el comunicado tuvo lugar a menos de 48 horas de que los hondureños se presenten a las urnas para elegir al sucesor de la líder izquierdista Xiomara Castro, una situación que Trump no dejó pasar por alto. De este modo, el republicano manifestó además su apoyo a Nasry "Tito" Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y heredero político de Hernández.
Por otra parte, sorprende que Trump decida indultar a un político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína hacia EE.UU. considerando que en las últimas semanas la administración estadounidense movilizó parte de su armada hacia el Caribe para frenar el narcotráfico, hundiendo alrededor de veinte narcolanchas y causando la muerte de más de 80 individuos.
Los fiscales que llevaron a Hernández a juicio lo acusaron de transformar a Honduras en un "narcoestado" y de beneficiarse económicamente de dicho proceso, denuncias que el político calificó como "acusaciones falsas".
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Una trayectoria vertiginosa
Antes de ser el primer expresidente condenado por narcotráfico en EE.UU. desde Manuel Noriega, exlíder panameño en 1992, Hernández ya había establecido varios hitos. En 2014, fue el presidente más joven en Honduras desde 1980 y en 2017 se convirtió en el primero en ser reelegido luego de varias décadas.
La carrera del político, conocido en su nación por las siglas JOH, comenzó el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, donde fue criado como el decimoquinto de 17 hermanos.
Tras finalizar sus estudios en el Liceo Militar del Norte, ubicado en San Pedro Sula, cursó Derecho en la Universidad Nacional de Honduras.
En esa etapa universitaria inició su actividad política, desempeñándose como presidente de su asociación estudiantil durante 1988 y 1989.
Al graduarse, entró a la primera secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien ya ejercía como diputado, comenzando así a construir influencias dentro del poderoso Partido Nacional.
Después de realizar estudios en administración pública en la Universidad Estatal de Nueva York (EE.UU.), se postuló como candidato a diputado por Lempira, cargo que cumplió durante cuatro legislaturas consecutivas desde 1998.
En 2010 ocupó la presidencia del Congreso durante la administración de Porfirio Lobo y promovió políticas de seguridad y mano dura contra el crimen organizado, ganando respaldo de sectores conservadores y empresariales.
En 2012 triunfó en las elecciones internas del Partido Nacional y al año siguiente se impuso en las elecciones presidenciales.
"Soy Juan Orlando Hernández y provengo de las tierras del indómito Cacique Lempira; con el respaldo del pueblo soy el presidente de Honduras", proclamó durante su toma de posesión el 27 de enero de 2014.
Durante sus campañas y eventos electorales, solía hacer referencia a su conexión con este líder indígena.
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Un mandato turbulento
Hernández asumió el liderazgo prometiendo "hacer todo lo necesario para restaurar la paz y la seguridad de mi pueblo", que sufría los efectos de la violencia relacionada con el narcotráfico.
El crimen organizado penetró diversas instituciones y elevó la tasa de homicidios, hasta posicionar a Honduras como el país más violento del mundo durante la última década, según datos de Naciones Unidas.
Su disposición a extraditar sospechosos de narcotráfico a EE.UU. y ciertas reformas en las fuerzas de seguridad fueron interpretadas como señales de su intención de mejorar la situación del país.
No obstante, las sospechas acerca de sus vínculos con carteles se hicieron evidentes cuando en 2018 detuvieron a uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández, en Miami, acusado por autoridades federales de traficar droga.
"No he sido, no soy ni seré aliado de estos delincuentes, y seguiré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, pase lo que pase", declaró en el Congreso en 2021 tras la condena a cadena perpetua de su hermano y el aumento de las acusaciones en su contra.
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A lo anterior se sumaron las acusaciones de desvío de fondos del Seguro Social, lo que provocó protestas masivas en el país con demandas de renuncia.
Su decisión de no renovar el mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), entidad creada en convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, agravó aún más su imagen pública.
No obstante, estas circunstancias no impidieron que buscara un segundo mandato consecutivo, pese a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. Justamente, el intento de Manuel Zelaya, su principal adversario, por reelegirse fue la causa de su destitución en 2009.
Un controvertido fallo de la Corte Suprema le permitió participar en dichas elecciones, que la OEA solicitó repetir al considerar que las irregularidades presentes "hacían imposible determinar con certeza al ganador".
El anuncio de su reelección generó una nueva ola de protestas que fueron reprimidas con dureza y dejaron al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La petición fue desoída y Hernández permaneció en el poder hasta 2022.
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¿Jugar para dos bandos?
En febrero de 2022, pocos días después de dejar el gobierno, el exmandatario fue arrestado y semanas después extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.
"Estableció una ruta de cocaína hacia EE.UU. protegida por ametralladoras", indicaron los fiscales que lo procesaron.
Quedaron atrás los tiempos en que Washington lo consideraba un aliado confiable en la lucha antidrogas, al que otorgó más de 50 millones de dólares en asistencia y ayuda militar. Incluso, en 2019, Trump le agradeció públicamente su colaboración.
Aunque Trump y los apoyos de Hernández argumentan que el exlíder fue tratado con injusticia por la administración demócrata de Joe Biden, las investigaciones en su contra comenzaron durante la primera presidencia del republicano.
Durante las pesquisas, los fiscales norteamericanos descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes desde al menos 2004, mucho antes de asumir la presidencia, facilitando el tráfico de alrededor de 500 toneladas de cocaína a EE.UU.
Utilizando registros telefónicos y declaraciones de criminales colaboradores, los investigadores concluyeron que carteles le pagaron millones en sobornos para que permitiera el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela "prácticamente sin consecuencias".
Los fiscales afirmaron que la alianza de Hernández con los carteles no buscaba sólo "lucrarse", sino también "mantenerse en el poder (…) mediante la corrupción".
Según la acusación, el político usó el dinero recibido para sobornar funcionarios y manipular a su favor las dos elecciones presidenciales en las que se postuló.
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Por su parte, Hernández ha rechazado estos cargos y ha manifestado que fue "acusado equivocada e injustamente".
No obstante, las evidencias y testimonios presentados durante el juicio lo desmintieron.
"Vamos a meter droga a los gringos justo en su cara", le dijo el exmandatario al narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, según declaró uno de los testigos del juicio.
Otro acusado, el exalcalde Alexander Ardón, aseguró que entregó millones tanto a Hernández como al expresidente Lobo para garantizar rutas libre de obstáculos para el traslado de estupefacientes.
Ardón calculó que, con apoyo de autoridades hondureñas, movió sin dificultades unas 250 toneladas de cocaína, en asociación con Tony Hernández, hermano del exmandatario, y Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, condenados ambos a cadena perpetua en EE.UU.
En junio de 2024, el juez Kevin Castel no solo sentenció al expresidente a cumplir casi medio siglo de prisión, sino que le aplicó una multa de 8 millones de dólares.
Sin embargo, los problemas legales de Hernández no se limitan a Estados Unidos. En Honduras, tras su extradición, la justicia confiscaron 33 propiedades, ocho empresas y 16 vehículos, según reportó el Ministerio Público.
Ahora queda por ver cuándo se ejecutarán el indulto y la liberación del expresidente, así como si regresará a Honduras para reanudar su carrera política.