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Hace cinco décadas, el 25 de noviembre de 1975, oficiales de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron en Santiago, la capital chilena, para crear lo que llamaron el "Sistema Cóndor".
Conocido principalmente como Operación Cóndor o Plan Cóndor, fue una red secreta de terror transnacional que facilitaba a los regímenes autoritarios de esos países perseguir a sus opositores en el exilio.
Dejó tras de sí un historial de torturas, así como cientos de secuestros, desapariciones y asesinatos.
La estructura del Sistema Cóndor se basó en tres pilares operativos fundamentales.
Primeramente, todos los datos de inteligencia sobre supuestas actividades subversivas en la región se concentraban en una base de datos ubicada en Santiago.
En segundo lugar, un canal de comunicación cifrado permitía a los agentes estatales intercambiar información de manera confidencial y eficaz.
Y en tercero lugar, la Oficina de Coordinación y Comando Avanzado supervisaba las operaciones conjuntas.
Argentina, Chile y Uruguay también conformaron la unidad Teseo, dirigida contra exiliados de estos tres países que residían en Europa.
Aunque la Operación Cóndor concluyó a finales de 1978, las operaciones bilaterales, donde Argentina colaboraba principalmente con Brasil, Paraguay y Chile, se extendieron hasta comienzos de 1981.
El Plan Cóndor permitió a los líderes sudamericanos atacar a individuos que habían huido de sus países y seguían denunciando las dictaduras desde el extranjero.
Dado el carácter extremadamente secreto del Plan Cóndor, no existen listas oficiales de víctimas.
No obstante, la investigación ha confirmado al menos 805 víctimas entre agosto de 1969, fecha en la que ciertos regímenes sudamericanos iniciaron una colaboración informal, y febrero de 1981.
Las víctimas, aunque variadas en origen, fueron principalmente activistas políticos y sociales, así como integrantes de grupos armados revolucionarios, sobre todo de Uruguay, Argentina y Chile.
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En busca de justicia
Desde 1976, cuando las acciones represivas del Plan Cóndor alcanzaron su punto álgido, se empezaron a recopilar evidencias sobre las atrocidades perpetradas por los Estados integrantes.
En 1977, por ejemplo, el periodista uruguayo Enrique Rodríguez Larreta testificó ante Amnistía Internacional en Londres sobre su secuestro ocurrido el año anterior en Buenos Aires, donde había viajado para localizar a su hijo desaparecido.
Rodríguez Larreta narró su detención y torturas en tres cárceles clandestinas en Argentina y Uruguay, hasta ser liberado seis meses después. Su testimonio aportó evidencias contundentes de la coordinación oculta entre los regímenes militares en Sudamérica.
En 1979, el periodista estadounidense Jack Anderson publicó en el Washington Post un artículo que exponía el rol de la Operación Cóndor en el asesinato de Orlando Letelier en 1976, quien fue ministro del gobierno del expresidente socialista chileno Salvador Allende.
El progreso hacia la justicia fue limitado mientras las dictaduras permanecieron en el poder. Sin embargo, la caída de varios regímenes en la región durante los años 80 abrió una oportunidad.
Durante este período, se lograron importantes hitos, como la publicación en 1984 del informe Nunca Más por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de Argentina.
Además de investigar la desaparición sistemática de personas durante la dictadura militar, esta comisión fue la primera entidad oficial estatal en reconocer la estructura de terror transnacional de la Operación Cóndor.
No obstante, el enjuiciamiento de los responsables se retrasó nuevamente.
Las denominadas leyes de impunidad fueron decretadas por los gobiernos democráticos de Argentina y Uruguay en 1986 y 1987, bloqueando la apertura de procesos judiciales contra quienes cometieron delitos durante las dictaduras.
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Estas leyes fueron promulgadas mayormente para tranquilizar a los militares y evitar nuevas rebeliones tras el retorno de la democracia. Argentina y Uruguay sumaron sus leyes a las amnistías vigentes en Brasil y Chile.
La situación empezó a transformarse en 1998. Ese año, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres para enfrentar cargos por violaciones a los derechos humanos, incluyendo crímenes relacionados con el Plan Cóndor.
Aunque Pinochet evitó el juicio por razones médicas, desde entonces se han registrado avances notables en la investigación, procesamiento y condena de agentes estatales responsables de crímenes ligados al Plan Cóndor.
Más de 100 oficiales civiles y militares de Sudamérica han sido sentenciados a prisión por delitos iniciados durante la Operación Cóndor.
La investigación ha identificado 50 procesos judiciales desde 1976 que intentaron aclarar algunas de estas atrocidades. Hasta ahora, 40 de estos juicios han resultado en condenas, con más de 100 personas encarceladas.
Entre los condenados se encuentran figuras prominentes como los exdictadores Reynaldo Bignone de Argentina y Juan María Bordaberry de Uruguay. También fueron encarcelados varios oficiales militares de alto y medio rango, como el coronel chileno Manuel Contreras, el almirante argentino Antonio Vañek y el coronel uruguayo José Nino Gavazzo.
La mayoría de estos procesos ocurrieron en Sudamérica, con 13 veredictos en Argentina, 11 en Uruguay y siete en Chile.
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En septiembre de 2025, los exoficiales de inteligencia militar Carlos Alberto Rossell y Glauco Yannone fueron sentenciados en Uruguay a 12 años de prisión.
Fueron encontrados culpables de secuestrar y torturar a los activistas políticos Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, además de los dos hijos de Celiberti, en la ciudad brasileña de Porto Alegre en 1978.
Esta condena es relevante, pese a un retraso de cuarenta años. En febrero de 1984, Rodríguez y Celiberti presentaron la primera demanda en Uruguay por los crímenes sufridos bajo el Plan Cóndor, en un momento en que el país aún estaba bajo dictadura militar.
Cinco sentencias fueron dictadas por tribunales penales en Italia. Un tribunal de Roma condenó a cadena perpetua a Jorge Tróccoli, exoficial de la Armada uruguaya, en octubre.
Tróccoli fue sentenciado por los asesinatos de la italiana Rafaela Filipazzi, el argentino José Agustín Potenza y la uruguaya Elena Quinteros entre 1976 y 1977. Posee doble nacionalidad uruguaya e italiana y huyó a Italia en 2007 para evitar procesos en Uruguay.
De acuerdo con Alessia Merluzzi, abogada consultada para este artículo, este juicio no solo reafirmó la existencia del Plan Cóndor, sino que también exploró sus métodos y estructuras operativas violentas.
Merluzzi señaló que el proceso "evidenció el modus operandi de los agentes represivos a través de fronteras, así como la organización concreta, planificada y metódica de las atrocidades sufridas por las tres víctimas".
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Aunque se ha avanzado en la búsqueda de justicia para las víctimas del Plan Cóndor, numerosos crímenes continúan ocultos bajo un velo de impunidad y silencio.
Según recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021, todos los antiguos Estados miembros de la Operación Cóndor deben colaborar para esclarecer la magnitud de los crímenes cometidos por esta red transnacional.
*Francesca Lessa es profesora asociada de Relaciones Internacionales de América en University College London.
Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versión original.