La presidenta del Comité de Empresa junto con los directores de Operaciones y ‘Compliance’ denunciaron una supuesta red que habría desviado 25 millones destinados a la lucha contra el cáncer, sin que los ministerios de Ciencia de Diana Morant ni del ex astronauta respondieran.
Pedro Duque fue el primero en recibir la denuncia. Esto ocurrió al incorporarse al Ministerio de Ciencia en 2018, tras su nombramiento inesperado por parte de Pedro Sánchez.
Inicialmente, su número 2 mantuvo una reunión con una denunciante, quien era investigadora del centro y representante sindical. En esa reunión, la animó a desistir de sus reclamaciones.
Posteriormente, y según ha informado EL MUNDO, el propio Duque recibió una carta detallando toda la información, pero nunca ofreció respuesta.
Años más tarde, el número 2 de Diana Morant, el secretario de Estado competente, Juan Cruz Cigudosa, fue el último receptor de la denuncia el 8 de agosto pasado. Tampoco respondió.
En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, o CNIO, se producían hechos al menos sospechosos, o incluso aparentemente ilícitos, mientras que la información llegaba directamente al Ministerio de Ciencia, ese mismo que Sánchez prometió proteger al asumir el cargo. Sin embargo, no era vía extraña: los máximos responsables del centro, alarmados por las señales detectadas, eran quienes presentaban la denuncia o, al menos, solicitaban que se investigara.
A pesar de ello, no se tomó ninguna acción, ni siquiera en enero pasado, cuando desde el Ministerio se llevó a cabo la destitución de la directora científica María Blasco y Morant declaró públicamente el cierre de la crisis, felicitándose por la supuesta resolución equilibrada.
En realidad, nada varió respecto a la presunta trama que habría desviado 25 millones en la institución a lo largo de 18 años, y que habría causado, presuntamente como represalia, la expulsión de dos altos cargos denunciantes. El dinero destinado a la lucha contra el cáncer desaparecía, pero todo permanecía sin cambios y nadie en el Ministerio de Ciencia parecía percatarse.
Hasta que el director de Operaciones presentó una denuncia ante Anticorrupción el pasado 27 de junio, y EL MUNDO publicó hace hoy diez días los puntos clave de sus 120 páginas de denuncia, acompañadas de más de 500 anexos probatorios.
Tras cuatro portadas y numerosas preguntas del Patronato, este órgano destituyó finalmente a Arroyo ayer, presentando su salida como una “reorganización”, aunque reconociendo que se trata de una destitución de facto —Arroyo ha dirigido cada área del centro desde 2002—, e incluso que el nuevo gerente, José Manuel Bernabé, entregó un «informe» ante la Fiscalía señalando presuntas irregularidades.
El recorrido temporal, según ha recibido este medio, es el siguiente. Poco después de la llegada del PSOE al Gobierno en 2018, el Ministerio de Ciencia dirigido por Pedro Duque tuvo conocimiento de posibles irregularidades en el CNIO.
Fue la presidenta del Comité de Empresa del centro quien se presentó allí y fue recibida por el entonces secretario general de coordinación de Política Científica, el astrofísico Rafael Rodrigo.
Esta representante sindical, investigadora destacada del centro que gestiona desde hace dos décadas entre 20 y 25 millones de euros públicos anuales, explicó a Rodrigo lo que había detectado: “Millones de euros” destinados a gastos “absurdos”, tales como “ferretería”.
Empresas vinculadas a altos cargos del centro (una de almacenamiento creada directamente en el domicilio de Arroyo) habrían ganado durante años, de forma sospechosa, todos los concursos públicos de aprovisionamiento del CNIO. La mujer solicitaba, al menos, que «se investigase».
De acuerdo con diversas fuentes consultadas por EL MUNDO en el CNIO, Rodrigo le manifestó que no podía actuar y, además, le pidió que no politizara el asunto. La denunciante se retiró alarmada.
Antes de esto, había pedido auxilio a la entonces directora científica de la institución, María Blasco, quien había solicitado asimismo apoyo del Ministerio. Blasco mantenía entonces años de conflictos con el gerente Arroyo, cuya destitución había solicitado prácticamente desde que asumió la dirección científica en 2011, tras relevar a Mariano Barbacid. Tampoco logró su salida, y finalmente fue Arroyo quien la relevó a ella en enero del año pasado.
Ante esta situación, en 2018 la presidenta del Comité de Empresa se dirigió por carta directamente a Pedro Duque. No obtuvo respuesta. Acudió a los partidos políticos y sólo Vox presentó denuncia. El juzgado archivó el caso en enero tras tres años de proceso, suponiendo un desgaste considerable para la representante sindical debido a la inacción ministerial.
Aquel enero de 2025 ya estaba en marcha una investigación que acabaría evidenciando todo. Unos meses antes, en julio, el director de Compras nombrado en 2022 ascendió a director de Operaciones. Tanto él como la responsable de Cumplimiento implementaron un nuevo sistema de control de contratos.
Al comenzar a destapar irregularidades —y utilizando datos no accesibles a los representantes sindicales— se sorprendieron al descubrir contratos inflados, divididos o directamente carentes de contenido durante 18 años. El 3 de marzo pasado se dirigieron al secretario de Estado, Cruz Cigudosa. No hubo respuesta. Presentaron denuncia en Anticorrupción en junio y recontactaron con el Ministerio y con Cruz Cigudosa el 8 de agosto, mientras ya se les tramitaba expediente para su despido. El silencio persistió.
Finalmente, ambos fueron despedidos a finales de agosto mediante excusas. EL MUNDO reveló toda la información hace diez días. Ayer, siete años después, Arroyo fue destituido.