El martes 18 de noviembre, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuerpo especializado en la lucha contra la corrupción dentro del Instituto Armado, arrestaron al presidente y a los vicepresidentes de la Diputación de Almería.
Una semana después, miembros de la UCO llevaron a cabo un registro en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en busca de evidencia relacionada con un asesor de Pedro Sánchez, Francisco Salazar, denunciado por supuestamente recibir 2.000 euros mensuales sin acudir a su puesto de trabajo.
En paralelo, esta misma unidad envió a sus agentes a realizar otro registro, esta vez en la Delegación del Gobierno en Andalucía. ¿El propósito? Obtener los correos electrónicos del exjefe de gabinete de la entidad hasta 2018, el socialista Rafael Pineda, ya que se sospecha de un posible caso de blanqueo de dinero.
En un lapso de dos semanas, se han llevado a cabo tres operaciones vinculadas a posibles hechos de corrupción política en Andalucía. Los agentes de la UCO parecen tener una carga considerable de trabajo en esta región durante el 2025, dando la impresión de que han establecido una presencia permanente allí.
Para comprender la intensa actividad de la UCO en Andalucía, basta con revisar los registros y arrestos realizados desde el pasado verano. En solo seis meses, han impactado casos tanto de izquierdas como de derechas.
PSOE
No obstante, el PSOE es quien se ve más afectado. De todas las investigaciones o informes de la UCO vinculados a Andalucía desde el verano pasado, salvo una excepción, todas involucran a miembros de este partido.
Estas acciones incluyen, principalmente, registros, intervenciones, detenciones e informes relacionados con supuestos casos de corrupción que salpican a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, y a su chófer, Koldo.
Por ejemplo, en junio pasado, agentes de la UCO llevaron a cabo registros destinados a esclarecer supuestas adjudicaciones irregulares de obras en la causa conocida como Koldo. Fue solo la primera de muchas operaciones posteriores.
Ese mismo mes, un informe de los agentes de la UCO revelaba que en la red Koldo podrían estar implicados empresarios y que Santos Cerdán estaba vinculado a una sociedad relacionada con las obras del puente del Centenario en Sevilla.
Con la llegada del otoño, se reforzaron las investigaciones. Así, el 14 de noviembre, la UCO registró las sedes de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla.
De nuevo, estas pesquisas de la Guardia Civil se relacionaban con el caso Koldo y las obras del puente del Centenario, recordando que Acciona era la empresa adjudicataria.
El día 18, como se mencionaba al inicio, la UCO intervino en Almería. Allí inspeccionaron la Diputación de Almería y arrestaron a su presidente y vicepresidente, quienes pertenecían al PP y fueron expulsados del partido ese mismo día.
Se destapaba así el ‘caso mascarillas’, que señalaba a políticos de Almería, junto con el alcalde de Fines, su hijo y el exvicepresidente de la Diputación, como el núcleo de una presunta red de cobro de comisiones.
Al parecer, cuando todo indicaba que la causa de Almería iba a ser el cierre de las actuaciones de la UCO en Andalucía durante este 2025, surgió un nuevo episodio en Sevilla y con el PSOE como protagonista.
Esta semana le ha tocado de nuevo a los socialistas, aunque esta vez sin relación con Santos Cerdán ni Koldo.
Así, los agentes de la UCO inspeccionaron este lunes el Ayuntamiento de Dos Hermanas, uno de los municipios más grandes y poblados de la provincia de Sevilla.
Paco Salazar
En este lugar buscaban, según informó EL ESPAÑOL, documentos y pistas sobre la labor de Paco Salazar, quien ocupó durante años un cargo como técnico en ese Ayuntamiento, percibiendo un salario mensual de 2.000 euros, según datos de la investigación.
Sin embargo, una denuncia presentada por Vox, que dio inicio a este expediente, acusaba a Salazar de no trabajar en Dos Hermanas, sino en la sede del partido en Madrid. Cabe recordar que este socialista fue uno de los colaboradores cercanos de Pedro Sánchez tanto en el Gobierno como en el aparato del partido.
En la misma semana, los agentes de la UCO volvieron a actuar, y nuevamente ligado al PSOE. En esta ocasión, entraron en la Delegación del Gobierno en Andalucía para recabar correos electrónicos del exjefe de gabinete de esa institución, Rafael Pineda, que ocupó el puesto desde 2018 hasta 2025.
Emvisesa
El socialista está bajo sospecha porque, según los investigadores, podría haber vendido una parcela de Emvisesa, la empresa pública de vivienda de Sevilla, a una compañía relacionada con su esposa, y que dicha operación estaría vinculada a una posible trama de blanqueo de capitales.
En menos de seis meses, la UCO ha intervenido en Sevilla y Almería en más operaciones que el número de meses transcurridos. Restan además cinco semanas en el año durante las cuales los agentes podrían destapar nuevas causas de corrupción.